Abstract:
En los últimos treinta años hemos visto la tensión social y política que se ha desarrollado en América Latina en torno a la proyección y ejecución de proyectos extractivos de gran alcance en diferentes rincones del continente. La profundización de un modelo de acumulación rentista y la especulación financiera como salida al posterior desplome de los precios internacionales, facilitó la desestructuración de economías agrícolas, artesanales y/o manufactureras a economías de enclaves petroleros, mineros o de monocultivo, abandonando también los renglones industriales y de valor agregado en los niveles nacionales Este ciclo tiene un correlato en la percepción y desarrollo de la vida social y comunitaria en los niveles locales y regionales donde estos proyectos se hicieron realidad. Dichos proyectos significan para muchos pobladores de comunidades indígenas, campesinas, negras y rurales, en general, una amenaza a su territorio y a sus formas de reproducción de la vida.  Muchas de estas experiencias han transitado caminos de organización comunitaria y social, que les ha llevado a confrontar a empresas, gobiernos locales y hasta gobiernos nacionales buscando el respeto de sus derechos fundamentales y su permanencia en el territorio. En el marco de estos procesos, el conocimiento geográfico, social, ecológico, físico e histórico de los territorios, se ha convertido también en un campo de disputa. Desde las ciencias sociales se han pensado y desarrollado metodologías y técnicas de carácter participativo que se preocupan por brindar un acompañamiento a estos procesos, así como facilitar herramientas que resulten útiles a dichos movimientos organizativos y de resistencia. Este panel, propone un espacio de discusión, reflexión y visibilización de experiencias y metodologías en torno a cuatro casos: Sierra Norte de Puebla, México, se ha despertado una enorme preocupación en toda la región ante la inminente privatización del agua y su posible concesión a dichas empresas. Al igual que en buena parte de las localidades de esta región, la mayoría de los sistemas de acceso y distribución del agua han sido construidos, gestionados y administrados por decenas de comités comunitarios de agua. Ante la amenaza de privatización, muchas de las comunidades y organizaciones de Cuetzalan han pensado en la necesidad de organizarse en concejos de agua que aglutinen los diversos comités de agua del municipio para una gestión y defensa más óptima del recurso. La participación ha consistido en la facilitación de herramientas geográficas, a través de la realización de talleres con los comités de agua, con el fin de representar cartográficamente en mapas y sistemas de información geográfica la ubicación y funcionamiento de los sistemas de agua. Ello con el propósito de procurar una gestión más óptima del vital líquido, ayudar a la resolución de conflictos entre comités; así como un mejor reconocimiento y comunicación entre los comités aglutinados en los concejos, que facilite a su vez una organización y una defensa más sólida del recurso. Norte del Cauca, Colombia. En los últimos 50 años, este territorio ha sido consumido por el monocultivo de la caña de azúcar y por la expansión urbana en su parte plana, y ha sido amenazado por proyectos mineros de oro en su parte alta. Razones por las cuales las comunidades negras organizadas allí han desarrollado disputas jurídicas, de movilización, culturales y políticas para salvaguardar sus vocaciones productivas. Estas mismas organizaciones sociales comunitarias gestionaron, como parte de su estrategia jurídica regional, el acompañamiento de un equipo interdisciplinario que desarrolló cartografía social y líneas del tiempo para reconstruir la memoria histórica de sus procesos de poblamiento y de cuidado del territorio. En la comunidad de la Toma, municipio de Suarez, el trabajo realizado con las herramientas participativas, sirvió como material probatorio en el proceso jurídico contra la multinacional Anglo Gold Ashanti, que negaba la existencia de comunidades negras en el territorio donde poseían un título de explotación minera de oro   Huila, Colombia. La política minero energética colombiana se profundiza en el Departamento del Huila, se consolida a través de: a) el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el Río Magdalena, b) el Plan Maestro de Aprovechamiento del Rio Magdalena que contempla (9) proyectos Hidroeléctricos c) Bloques de explotación y exploración de petróleo y g) con Bloques para Fracking en 13 municipios. Resaltaremos a la Asociación de Afectados por el Quimbo –ASOQUIMBO-, que nace en 2009.  Los actores defensores del territorio, el agua y la vida desde la IAP y la Educación Popular, han avanzado en la construcción de nuevas formas de expresión de la realidad con: a) la movilización-organización social. b) la resistencia pacífica: la permanencia en los territorios y la desobediencia civil. c) el empoderamiento de las comunidades. d) Audiencias Públicas Ambientales. e) liderar la creación de una mesa departamental por el agua y la vida.     El caso del proyecto minero de explotación de cobre Las Bambas en el distrito de Cotabambas, en el departamento de Apurímac del sur andino del Perú, habitada por campesinos de las comunidades quechuas originarias, también denominados como yanahuaras. Se han organizado en Frentes de Defensa y liderazgo de representación comunal en el distrito y la provincia. Entre los 2010 y 2013 se construyeron el campamento y las infraestructuras para el proyecto, vías de acceso, carreteras, etc. Después de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental el conflicto se agudiza en el año 2015 debido al descontento generado por las modificaciones, en el que se produjo el saldo de un comunero muerto y varios heridos, así como líderes procesados judicialmente. Las formas de participación son diversas, se originan por el acompañamiento de las organizaciones e instituciones para su fortalecimiento, la transmisión de información, los sistemas de monitoreo comunales, así como las capacitaciones a través de módulos para lograr la incidencia política. También se da el proceso de conformación de frentes integrados por representantes del corredor minero en sur andino hasta el estallido del conflicto en el año 2015, luego de lo cual los miembros de estas organizaciones participan en las Mesas de Diálogo y de Desarrollo para establecer acuerdos con los representantes del gobierno y reclamar mayor participación a través del diseño de planes comunales.