Abstract:
Las trasformaciones que tuvieron lugar en el continente al iniciar el siglo XXI abrieron paso para modificar el sentido de la integración que se estaba desarrollando, surgiendo alternativas con características que en otro momento se hubieran pensado como no viables, y en donde los principios de cooperación, complementariedad y solidaridad ocupan un lugar preponderante. Cuba y Venezuela se convirtieron en eje articulador de estos procesos en donde los países caribeños tienen una importante participación, como es el caso de PETROCARIBE y ALBA, así como la CELAC, organismo de concertación política, donde por primera vez convergen los 33 países independientes de la región sin la presencia de Estados Unidos. Además, se ha incentivado el debate y la transformación en los proyectos ya existentes en el Caribe (CARICOM y AEC, por ejemplo), dentro de sus límites, cuestionamientos e incluso el pesimismo por el estancamiento en el que se encontraban. La importancia de cada uno de estos proyectos radica en que los países que los conforman se han dado cuenta de que la integración más que ser un modelo de inserción internacional para ellos es una búsqueda de las fortalezas conjuntas frente a las problemáticas regionales, constituyéndose en un elemento clave para superar las limitaciones de las pequeñas economías caribeñas. En esta ponencia se pretende analizar cuáles son los avances y desafíos que los países caribeños enfrentan en los esquemas en los que participan y que hoy en día se ven enfrentados, pues mientras por un lado tenemos a la CELAC con una propuesta de concertación política que respeta la soberanía y la autodeterminación de las naciones, o ALBA que incentiva la integración multidimensional, por el otro nos encontramos con la OEA que ha retomado con más fuerza el papel de legitimador de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en la región. Las decisiones que tomen los países del Caribe frente a esta situación pueden llevarlos a una división y reactivar incluso añejos conflictos entre quienes tendrían que permanecer unidos para superar los desafíos que se presentan.

Abstract:
La ponencia propone un balance preliminar del primer tramo del gobierno que encabeza el presidente Macri en Argentina. Comienza con una descripción de la agenda que dominó la coyuntura electoral de octubre-diciembre de 2015, en la que el triunfo de la alianza Cambiemos convirtió a Mauricio Macri en presidente y que originó las políticas más importantes implementadas posteriormente por su gobierno. Y analiza luego la naturaleza de esta agenda, definiéndola como una agenda de ajuste respecto de los desequilibrios heredados de los gobiernos kirchneristas previos antes que como una agenda de reestructuración capitalista semejante a la encarada por los gobiernos menemistas en los noventa. Discute, en este contexto, el significado político de la designación de directivos de empresas como funcionarios públicos (que dio origen a la denominada ceocracia) por parte del nuevo presidente. El trabajo analiza a continuación las características del proceso de implementación –signado por notorias inconsistencias y vacilaciones- de las principales políticas adoptadas por el gobierno de Macri en respuesta a aquella agenda en materia del mercado cambiario, de los subsidios al transporte y la energía, de la inserción en los mercados financieros internacionales, del control de la inflación y de las retenciones a las exportaciones, así como de aquellas políticas ajenas a dicha agenda y en las que puede constatarse una mayor continuidad. La ponencia concluye con una evaluación preliminar de las perspectivas de éxito del ajuste en marcha y de las posibilidades de que dicho ajuste conduzca a transformaciones más profundas en los modos de acumulación y dominación característicos del capitalismo argentino contemporáneo.     

Abstract:
¿Cómo se gobierna con créditos? En este trabajo nos basamos en el caso del crédito fiscal para estudios universitarios en Chile para explorar el perdón y la condonación de la deuda como una política pública que tiene por objetivo desactivar la potencial politización de las deudas.   En Chile, así como en otros países que han profundizado las liberalizaciones económicas, el crédito ha sido sistemáticamente utilizado como una herramienta de política pública para hacer viables privatizaciones de bienes públicos, impulsar un modelo de desarrollo basado en la responsabilidad individual, e indirectamente desactivar el conflicto aparejado a la alta desigualdad de ingreso.   Una consecuencia no-intencionada (e inexplorada) de la financiarización de los hogares, sin embargo, ha sido que el Estado ha entrado en una compleja relación de obligaciones y reciprocidades con sus ciudadanos, por cuanto estos son a la vez deudores y votantes. En este contexto, la condonación de las deudas –o como se ha venido a conocer en Chile, “perdonazo”- no es una práctica aislada ni recluida al mundo de la administración financiera, sino que se ha convertido en una política sistemáticamente utilizada por los gobiernos para lidiar con dos principios distributivos contradictorios: la justicia social demandada por los deudores/ciudadanos y los criterios de eficiencia propios de las finanzas. En otras palabras, el “perdón” se ha constituido en una manera de resolver la tensión subyacente entre el hecho de que las deudas son tanto relaciones comerciales como relaciones sociales de poder entre ciudadanos y Estado.   Siguiendo la idea –desarrollada en la sociología y antropología económica- que las deudas expresan relaciones de poder asimétricas, en este trabajo nos proponemos explorar el “perdón” como política pública y su rol en la gobernanza democrática en contextos de alta financiarización. Para ello, empíricamente nos basamos en el proceso mediante el cual se concibe, discute, diseña e implementa la condonación de deudas relacionadas a los primeros años de funcionamiento del Crédito Fiscal creado en 1981 en paralelo al sistema privado de educación superior.   La reprogramación de deudas del Crédito Fiscal Universitario (Ley 19.083), que buscó aliviar la carga de 80.000 jóvenes deudores, sentó los precedentes de una seguidilla de políticas de condonación de deudas que fueron conociéndose popularmente como “perdonazos”. Basándonos en documentos oficiales, historias de ley y entrevistas semi-estructuradas con administradores de créditos universitarios, deudores y policymakers, buscamos caracterizar las “políticas de la deuda” que subyacen implícitas en la política pública del perdón. Como pretendemos mostrar, las políticas de la deuda consisten en resolver problemas de coordinación social como el “riesgo moral”, así como en la disputa por clasificar a los deudores a partir de distinciones altamente moralizantes entre buenos y malos deudores, merecedores y des-merecedores de perdón, responsables e irresponsables.

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Desde el 2006, luego de que Felipe Calderón declaró la Guerra a la delincuencia, se ha justificado una escalada el presupuesto dedicado a la fuerzas armadas, la compra masiva de equipo, y se ha precipitado el despliegue de distintos mandos policiacos y militares a lo ancho y largo del país. Todo esto, bajo una legalidad notoriamente apresurada, ampliamente cuestionada no sólo por la poca claridad de los fines que se persigue con la implementación de esta estrategia, sino también por el carácter autoritario de ésta. La instauración de este estado permanente de violencia, se agrava cuando se observa que el despliegue y desarrollo de proyectos de acumulación altamente costosos en términos socio-ambientales, así como el avance en la legislación que los respalda, no habrían podido llevarse a cabo sino a partir de la implementación de una política del terror. O, con mayor precisión, mediante un uso de la fuerza como instrumento de Estado para la anulación de lo político[1]. Dejando de lado el efecto que la ejecución de esta estrategia de militarización de la seguridad nacional ha traído en términos de proliferación y reacomodo del supuesto “enemigo” al que esta política pretende atacar, esta investigación analiza el despliegue territorial de los distintos mandos de la fuerza pública del Estado mexicano (policiaca y militar), ocurrido entre diciembre de 2006 y diciembre de 2016, para entender la función que ésta ha tenido en el despliegue de la economía legal neoliberal (minería, explotación de hidrocarburos, explotación forestal y corredores industriales). La investigación se basa en el mapeo del despliegue temporal y espacial de dichas fuerzas estatales, así como de la sistematización de la legislación asociada a esta expansión. De forma paralela, se recupera información sobre las principales cadenas de acumulación neoliberal, indagando sobre los nodos estratégicos que esta economía tiene en el territorio nacional y su relación con la sobreposición de este despliegue de la fuerza estatal. La hipótesis es que el poder policiaco y militar que el Estado ha desplegado en el territorio mexicano obedece no a una lógica de “seguridad nacional”, sino a la de resguardar los intereses privados, territorializados alrededor de puntos estratégicos para el mantenimiento del control de sus respectivas cadenas de acumulación. Lejos de ser apenas un conjunto de políticas económicas, el neoliberalismo significa en la práctica una forma concreta de ejercicio de la política, o mejor dicho de aniquilación de “lo político”. Significa su trastocamiento en una forma radical de antipolítica que culmina en los hechos en su más completa negación, es decir, en la completa indefensión del individuo ante fuerzas económicas que ni comprende ni domina, así como en formas de organización estatal profundamente antidemocráticas, que equiparan “política” con la administración experta de poblaciones y los recursos de un territorio, es decir, con el ejercicio de la fuerza y de la sumisión a la misma. [1] Entendiendo lo político, como lo define Bolívar Echeverría en su ensayo: “Lo político en la política”. En: Valor de uso y utopía. México: Siglo XXI. 1998.

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Es un consenso establecido para la historia argentina que la adquisición plena de derechos políticos y sociales de los trabajadores como clase se dio durante el primer peronismo. Esta “ciudadanización” de la clase trabajadora fue el resultado de su incorporación a los mecanismos estatales de representación política, mediada por el movimiento sindical.   Sin embargo, estos mecanismos sindicales de integración (representación sindical monopólica basada en el reconocimiento estatal, sistema de fueros sindicales, negociaciones colectivas centralizadas por rama homologadas estatalmente, etc.) tuvieron con posterioridad un funcionamiento intermitente. Así, la acción sindical descansó más sobre su capacidad de presión directa sobre el Estado, que en el funcionamiento de mecanismos rutinizados de negociación. No obstante, la integración de los sindicatos a estos mecanismos fue el eje de una articulación con el Estado que permitió el desarrollo de complejas estructuras burocráticas sindicales.   Ahora bien, la crisis del modelo de sustitución de importaciones iniciada a mediados de los 70, enmarcada en la crisis económica mundial y la consecuente reestructuración capitalista, produjo también la crisis de la integración funcional entre sindicatos y Estado en Argentina, basada en un sistema de relaciones laborales que hacía de los resultados de la puja salarial un dato central de cualquier política económica.   Esta crisis no fue resuelta inmediatamente, distintos procesos económico-políticos fueron sucediéndose en el marco de distintos intentos de reestructuración del régimen político argentino. El primer gobierno posdictatorial, el de Alfonsín (1983-1989), fue uno de esos intentos.   Es de destacar que por primera vez el sindicalismo se enfrentó a un gobierno no peronista elegido por amplia mayoría, en elecciones libres, con una importante base de consenso social, y dispuesto a cambiar las anteriores lógicas de relación entre poderes corporativos, intentando un nuevo “contrato social”.   Sostendremos, entonces, que para 1983 no se habían reformulado los mecanismos de internalización e institucionalización de los conflictos sociales, particularmente el sindical, por lo que lo que el nuevo gobierno tuvo que encarar un proceso de reconstrucción del régimen político.   Entendemos por régimen político al entramado institucional que permite la canalización de los conflictos sociales y que, por lo tanto, condensa relaciones de fuerza sociales. Dicha canalización es posible por medio de estructuras de mediación política en las que los distintos sectores sociales están representados por aparatos burocráticos especializados (partidos, sindicatos, etc.) que articulan coaliciones políticas.   Nuestro trabajo intentará sintetizar un marco conceptual de interpretación de las capacidades estatales de intervención en esta reconstrucción del régimen político, atendiendo a los límites y posibilidades de acción con que la coyuntura económica y política lo constriñe y lo potencia. Este marco conceptual servirá para orientar teóricamente los interrogantes de investigación sobre las coyunturas concretas en los que el gobierno alfonsinista intentó orientar desde el Estado la reconstrucción del régimen político argentino.

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La propuesta de la ponencia se centra en un análisis sobre tres autores, a saber, Cassiano Ricardo, Oliveira Vianna y Francisco Campos, elegidos por el Presidente Getúlio Vargas durante su período de gobierno para tomar posiciones en la organización y la burocracia estatal, en la tentativa de establecer un diálogo entre los intelectuales sobre las teorías democráticas e sus narrativas que justificavan la interposión para la defensa de la criación de un régimen de excepción en Brasil. El tema que se limita el trabajo no esta orientada a un intento de justificar o detectar "características democráticas" en el período del "Estado Novo" de Vargas, pero una análisis sobre la concepción de democracia en los autores. Despues de la elencada percepción del profesor Gildo Marçal Brandão, que estudió sobre las famílias intelectuales en su tesis "Linhagens do Pensamento Político Brasileiro", trató de excavar la genealogía de las interpretaciones de Brasil, entendiendo que hay modelos de análisis y que son distintos unos de otros y, a menudo, disonante, constituyente estes autores y este gobierno un campo dentro de las famílias intelectuales. La descripción, la narración, obtendría lugares centrales desde entonces. La interpretación del Brasil seguiría por caminos problemáticos si excluimos un análisis más amplio de lo que se estaba colocado en un espacio público de discusión y son, en opinión de Gramsci, que serían colocados por el autor como "hegemonía". Después de la calificación Miracy Gustin, se inserta en el aspecto metodológico crítico, ya que el examen de las categorías legales será instruido por una perspectiva interdisciplinaria de la que se pretende poner más adecuadamente el fenómeno jurídico dirigido, a saber, la creación del "Estado Novo", diseñado por las Teorias de un Estado fuerte, para Oliveira Vianna, las teorías de la "Democracia Bandeirante", en Cassiano Ricardo y por el Derecho Constitucional de Francisco Campos, el redator de la Carta Constitucional de 1937, outorgada. 

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A principios de la década del 90, Argentina definió como política de Estado la implementación del Modelo Biotecnológico Agrario (en adelante, MBA). Esta cadena de producción agraria, asociada al uso del paquete biotecnológico (semillas geneticamente modificadas, agrotóxicos y siembra directa), requirió de una serie de políticas que se centraron en la consolidación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), creada en 1991, con el fin de liberar semillas genéticamente modificadas para la investigación, producción y comercialización, insumo central de esta forma de producción agraria. Cuando se creó la CONABIA se buscaba generar “un organismo que tuviera prestigio internacional para asegurar que lo que se hiciera en Argentina fuera confiable no sólo para los argentinos sino para el mundo” (Entrevista 1, 2011). En este marco, la construcción de esta institución se centró en la presencia del conocimiento científico (vía expertos) y la articulación entre lo público y privado. Así, se incluyó a técnicos, científicos y representantes políticos tanto del sector estatal (INTA, diversas universidades e instituciones de investigación, entre otros), como de organizaciones de la sociedad civil (ASA, CASAFE, entre otras organizaciones). Por las funciones que detenta (emitir dictámenes sobre evaluaciones de OVGMs), la CONABIA presenta la particularidad de amalgamar dos lógicas diferenciadas que sustentan las prácticas de sus integrantes: las vinculadas con el saber experto propio de las tareas estatales y la administración pública, junto con una fuerte injerencia de los principios y las prácticas de producción del conocimiento científico experimental (Rip, 1996; Newells, 2002, Glover, 2003). Esta particular composición ha cristalizado dinámicas institucionales que generan nuevas maneras de pensar la organización, definición e implementación de la política pública. En esta comisión, que se dice consultiva pero que posee un carácter decisorio central en lo que respecta al MBA, la producción de conocimiento científico lejos de aparecer como una esfera aislada, se constituye en un eje nodal para la construcción de estas políticas.  A partir de la lectura de entrevistas realizadas a los miembros de esta comisión y de la sistematización de las normativas y políticas generadas, observaremos las formas en que la ciencia infiere en la producción de políticas públicas, observando las prácticas burocráticas que configura y los mecanismos de gobernabilidad que delinean, obligando a repensar el rol que la ciencia posee en estos organismos.  En un contexto histórico en el que la “cuestión ambiental” busca ser resuelta, en una generalidad, a través de la articulación de la sociedad, la política y la ciencia, observaremos en este caso específico qué ocurre cuando la ciencia, y sus prácticas, se inserta en el ámbito estatal, cómo se reconfigura la práctica política y qué consecuencias posee este proceso en la configuración de las democracias contemporáneas.  

Abstract:
La ponencia a presentar consiste en parte de los resultados de mi tesis doctoral, que compara los procesos postdictatoriales entre Chile y España. La pertinencia de un estudio comparado de este tipo nos permitió conocer -describiendo y explicando- el impacto institucional de las dictaduras y transiciones en el inicio y los avances de las reconstrucciones políticas y sociales en sociedades que han pasado por  experiencias dictatoriales que provocan rupturas profundas de todo tipo. La propuesta de un esquema de análisis que posibilite la comparación de dos territorios geopolíticos no cercanos y en tiempo históricos no simultáneos (teniendo en cuenta que el caso chileno y la experiencia latinoamericana  de retorno a la democracia tiene variantes específicas), entrega herramientas enriquecedoras propia de la investigación comparativa. La idea de la ponencia  no es hacer un ensayo sobre el pasado, sino más bien analizar cómo es que ha pasado el tiempo en Chile y España y qué aspectos lo explican. Para aquella tarea se hace menester el trabajo empírico en la comparación de ambos países, en España a casi cuarenta años de la muerte de Franco y el inicio de un proceso democratizador, y en el caso de Chile a cuarenta años del Golpe Militar. Mediante este trabajo nos encontramos con diversos aspectos que hablan de las hegemonías culturales que han predominado, pero también de las presiones sobre ellas que han provocado modificaciones. En otro nivel, también hablamos de acciones institucionales que ocurren como avances o retrocesos y que ameritan explicación sobre sus causas. Acaso este trabajo empírico podría permitir conocer el trayecto de la “memoria colectiva” de ambos países para compararla. Para la presentación hablaremos tanto de estrategias de desmemoria como del análisis empírico del “Clivaje Original” (Aguilar, 2011), es decir de las reactivaciones organizadas en torno al proceso traumático que dividió a la población y que no fueron necesariamente anticipadas en tiempos transicionales. Así también, se propone establecer algunas conclusiones sobre cómo ha sido el sobrevenir de las confrontaciones originadas en ambas dictaduras y transiciones, dando cuenta de sus transformaciones internas. A esto se le ha llamado “Reajustes en las batallas de la memoria.”

Abstract:
El historiador Fernand Braudel establece una taxativa diferenciación entre capitalismo y economía de mercado como niveles diferentes de la vida económica, diferenciación que luego toma Immanuel Wallerstein para elaborar la perspectiva del sistema mundo. Este planteamiento se distancia en puntos centrales de los consensos que imperan en la economía, la sociología y las ciencias sociales en general, que identifican al capitalismo con la economía de mercado. Entre otras características distintivas, el nivel del capitalismo establece formas particulares de vinculación con el estado, vínculos que además se establecen en el marco estructural de un sistema capitalista mundial. Me interesa explorar las posibilidades analíticas que abre la diferenciación capitalismo/economía de mercado y el vínculo capitalismo/estado para realizar estudios sobre las reconfiguraciones económicas y políticas que se están produciendo en la actual fase de desarrollo del capitalismo en la periferia en general y en Chile en particular. Los objetivos de la ponencia serán: 1) identificar las principales características de la conceptualización del capitalismo planteada por Braudel y Wallerstein, e identificar las diferencias que establecen entre capitalismo y libre mercado; 2) identificar los patrones estructurales de vinculación entre el capitalismo y los estados que planean estos autores; 3) realizar, desde esta perspectiva, una caracterización de algunos aspectos de la economía chilena y del papel del estado a partir de esta perspectiva.

Abstract:
El trabajo propuesto constituye un aporte al tema de la Responsabilidad Social Empresarial desde una perspectiva crítica, enfocado espacialmente en Costa Rica, sin perder de vista la totalidad de las relaciones sociales que interfieren en el objeto de estudio. A partir de los procesos políticos y económicos de las crisis del capital, el Estado, el cual esta mediado por las clases sociales, tiene que responder a estas crisis por medio de políticas y acciones que mejoren las condiciones para la reproducción del sistema capitalista; en este sentido, en la crisis de los años 80`s, el Estado implementó por causa de acuerdos de Organismos Internacionales, una serie de medidas a favor del mercado, las cuales van a tener implicaciones en las relaciones sociales. Una de las respuestas para mejorar las condiciones del mercado y bajo la lógica del capital fue la implementación –en mayor medida- del “Tercer Sector”, considerado como el actor necesario para dar respuesta a las situaciones sociales que el Estado no puede responder; bajo un discurso de “ineficiencia” del Estado, entra esta figura del “Tercer Sector” con un trasfondo ideológico político fuerte en la concepción del Estado “mínimo” y el traslado de responsabilidades de este a la sociedad civil, vaciando las políticas sociales y derechos de la población e invisibilizando las luchas e conquistas sociales de la clase trabajadora. Primeramente coloca el fundamento teórico-metodológico para comprender la Responsabilidad Social Empresarial, definiendo la posición ideológica para la comprensión del Estado, ya que a partir de esto, así va a ser la manera de analizar las categorías teóricas en estudio. Posteriormente, se coloca las transformaciones del Estado como respuesta a las crisis del capital, como fundamento para comprender el “Tercer Sector” como manera en que el neoliberalismo reproduce el sistema de producción. Para esto, también es importante conocer los conceptos claves y la diferenciación de los diferentes “sectores” de la sociedad. Por último, se realiza una aproximación al contexto costarricense, articulándolo histórica y ontológicamente en la constitución del “Tercer Sector” y la Responsabilidad Social Empresarial.

Abstract:
Los pilares del modele neoliberal se sustentan en el libre funcionamiento del mercado; todas sus políticas económicas se encaminaron a la apertura comercial, liberalización financiera y disminución de la intervención del gobierno en la economía. En México, al contrario de lo que sugerían los teóricos del modelo neoliberal se apertura primero lo financiero y después lo comercial, debilitando el otorgamiento de créditos a la inversión productiva, destruyendo cadenadas productivas y disminuyendo el crecimiento económico. En términos de política financiera, entendiendo por ella la política económica que fomenta el ahorro y la inversión productiva, el objetivo era aumentar la canalización de recursos a los proyectos rentables a una tasa de interés determinada por el mercado; dicha política fomentaría un mayor crecimiento económico y estabilizaría los precios. A 36 años dicho modelo ha logrado estabilizar la inflación a costa de un menor nivel de crecimiento económico. Los teóricos del crecimiento económico endógeno o argumentan que un factor prioritario para tener niveles de crecimiento sostenido es que las empresas inviertan en innovación y tecnología; siendo las empresas trasnacionales quienes la fomentan. Estudios recientes señalan que existe una relación entre innovación y emprendedurismo; siendo este último un factor clave para alcanzar un mayor crecimiento económico. La presente investigación tiene como objetivo analizar la correlación entre política financiera de fomento a la innovación y tecnología en los sectores estratégicos con el crecimiento económico; para ello se realizará un modelo Tobit con microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los hogares con Stata 12.

Abstract:
Como bien ha observado Oscar Oszlak, el Estado no surge por generación espontánea ni es creado, en el sentido que "alguien" formalice su existencia, mediante un acto ritual. La existencia del Estado deviene de un proceso formativo a través del cual aquél va adquiriendo un complejo de atributos que en cada momento histórico presenta distinto nivel de desarrollo. Así, el autor, valiéndose de los aportes teóricos de Nettl y Schmitter, propone utilizar el término “estatidad” para referirse al grado de desarrollo de ciertas propiedades que definen la existencia de un Estado. Estas son: Externalizar su poder: que se reconozca su soberanía en una red interestatal. Institucionalizar su autoridad: ejercer el monopolio de los medios de coerción. Diferenciar su control: tener instituciones propias diferenciadas de las civiles con capacidad de controlar y extraer recursos. Internalizar una identidad colectiva: emitir símbolos (componentes ideales de la nación) que permitan el control ideológico de la dominación. Siguiendo a Jorge Garciarena, la formación del Estado sólo se percibe desde una dimensión histórica, es así que utilizaremos este esquema metodológico propuesto en “Las formas históricas del Estado” para el análisis de la conformación del Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, que como veremos, presenta un largo devenir hasta su “formalización” en 1991 con la provincialización y su desarrollo hasta la actualidad. En esta línea parece necesario que rescatemos las relaciones permanentes entre gobierno central y gobierno local, generalmente olvidadas por las teorías del Estado. Relaciones complejas y plagadas de tensiones entre las lógicas locales, nacionales y hasta internacionales. Otro punto importante en nuestro análisis lo constituirá la violencia y el conflicto, como han demostrado numerosos autores, las guerras presentan una real importancia en los procesos de formación de los Estados, y la región en análisis, la Patagonia y específicamente Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, presentaron serios hechos de violencia para nuestro país. Finalmente la violencia política va a ir trasladándose del plano internacional al interior de la provincia. Como veremos Tierra del Fuego ha de presentar altos niveles de conflictividad social, producto de disputas por el poder en un Estado en plena formación. De esta forma nos proponemos analizar el proceso de conformación del Estado Provincial de Tierra del Fuego y su impacto en el desarrollo local, identificando el proceso desde una configuración geopolítica y su especial vinculación con la dinámica de la conflictividad, haciendo especial foco en el período 1970 a 2015.