Abstract:
El presente estudio busca contribuir al conocimiento de investigaciones sobre turismo como fenómeno social, poniendo especial atención a la práctica histórica de la corrupción, la cual ha tenido una fuerte influencia dentro de las decisiones políticas para desarrollar un modelo turístico hegemónico y favorecer la acumulación de capital bajo la cual se sustenta el sistema de producción actual capitalista. La corrupción se hace presente en las acciones del Estado para favorecer intereses de empresarios en el ramo del turismo. Es así que, la investigación se enfoca en la actuación que ha tenido el Estado ante la autorización del megaproyecto turístico “Cabo Cortés” junto al área natural de Cabo Pulmo en Baja California Sur (BCS), México, y la lucha social por revocar la resolución a favor de éste, dada en el año 2008. Se plantea que funcionarios y exfuncionarios de la SEMARNAT y FONATUR, incurrieron en actos de corrupción ante la resolución positiva al megaproyecto presentado por la inmobiliaria española Hansa Urbana Investments con la finalidad de ofrecer condiciones propicias a la empresa transnacional y continuar con la operación de modelo turismo depredador –de sol y playa– de grandes magnitudes para la captación de flujos económicos a gran escala. Sin embargo, este modelo desde sus inicios en México, ha dejado serias devastaciones naturales y sociales. La conformación de la Bahía de Acapulco, los centros turísticos tradicionales –Cancún, Los Cabos, Ixtapa-Zihuatanejo– y los Centros Integralmente Planeados (CIP) –Loreto, Nopoló, Punta Mita, Playa Espíritu– son claros ejemplos donde pueden observarse estragos ambientales importantes, que más que atendidos, algunos son simplemente abandonados para buscar otros espacios donde desarrollar nuevos enclaves turísticos. La argumentación teórica se expone con la visión del sociólogo Jaime Osorio acerca del Estado, considerando ciertos elementos –dominio de clases, la condensación de relaciones de poder y la violencia concentrada– y puntualizando tres características fundamentales propias del aparato estatal: a) capacidad de lograr que intereses sociales restringidos como intereses de toda la sociedad; b) centro del poder político y c) su desempeño en la reproducción societal capitalista. El alcance de los objetivos, se basó en una investigación cualitativa y documental. La primera, a través de entrevistas abiertas con informantes clave y la segunda, en expedientes del caso y bibliografía. Se concluye hasta este momento, que el Estado acogió la autorización del megaproyecto turístico Cabo Cortés a través de un creciente despliegue del aparato estatal y la condensación de la red de relaciones de poder-dominio; donde la corrupción fue centro dominante para favorecer los intereses del capital internacional. Situación que ha provocado una reacción social constante ante la amenaza de cualquier megaproyecto que atente contra la vida de una pequeña comunidad de habitantes y de un ecosistema único en el mundo.

Abstract:
La corrupción es un complejo problema que ocasiona costos a la sociedad. Los más visibles están cuantificados en dinero que los ciudadanos pagan por servicios que deberían ser gratuitos, y en el robado por funcionarios públicos. Sin embargo existen otros menos visibles que afectan la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones que son pilares de la sociedad. Consulta Mitofsky realizó en 2012 la encuesta “México: confianza en Instituciones” y recientemente “México: confianza en instituciones 2016”, donde se aprecia un decremento en el nivel de confianza en las instituciones mexicanas. En un análisis previo, se identificó que las instituciones con los más bajos índices de confianza eran aquellas calificadas como más corruptas (diputados, policías, partidos políticos senadores y sindicatos), pero en la encuesta 2016, las instituciones que eran calificadas con los índices de confianza más altos en 2012 (universidades, iglesia, ejército, Comisión Nacional de Derechos Humanos y medios de comunicación), fueron calificadas con medidas bajas en confianza, a excepción de las universidades. En la encuesta reciente, 16 de las 17 instituciones que formaron parte de este ejercicio obtuvieron medidas bajas en confianza, lo que consideramos asociado a la percepción ciudadana de corrupción en ellas. Esta desconfianza ciudadana hacia las instituciones, constituye un elemento preocupante sobre la debilidad institucional que favorece una cultura de laxitud legal proclive a la corrupción. La ponencia hará un análisis de los factores asociados a la desconfianza ciudadana en sus instituciones y los efectos nocivos que ello conlleva, sobre todo en poblaciones jóvenes, que son quienes peor las califican.

Abstract:
Los escándalos de corrupción en México han llegado a ser noticias internacionales. A pesar de que en todo el mundo existe corrupción, los niveles que ésta ha alcanzado en México son desproporcionados. De hecho, en 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha señalado que México es el país más corrupto de sus integrantes. En torno a esta situación girado el debate político en México en los últimos años, sobre todo a partir del descubrimiento de actos de corrupción del Presidente de la República en 2014. Sin embargo, los cuestionamientos en torno al tema, ponen énfasis en dos cuestiones: la cultura política mexicana y la participación de todos los estratos sociales en actos de corrupción. Más allá de estos temas fundamentales, la presente comunicación tiene el objetivo de mostrar que la corrupción también permea el ordenamiento jurídico mexicano, para ello se analizará la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se mostrará cómo jurídicamente, la corrupción está permitida en México. Si bien en el año 2014 se realizó una reforma constitucional a favor de la transparencia y contra la corrupción, la comunicación mostrará cómo los elementos jurídicos centrales que la mantienen, no fueron reformado.

Abstract:
La mayoría de las encuestas y los estudios sobre la percepción de la corrupción en México, se enfocan en discernir aquellas organizaciones o instituciones que son mejor o peor juzgadas como corruptas. Sin embargo, no distinguen los tipos de institución y organización que son evaluadas.  La investigación “Análisis comparativo que sobre la corrupción tienen los estudiantes universitarios”, desarrollada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, define las colectividades que son evaluadas por los estudiantes desde la Teoría de los Complejos Sociales de Leopoldo von Wiese, uno de los impulsores de la sociología formalista, que define las instituciones como contexturas o formas que cambian y se transforman con las relaciones interhumanas y que ofrece una tipología que distingue las instituciones tomando como base los conceptos de Relaciones y  Procesos Sociales; el primero entendido como el elemento estático que define la posición social en un momento o contexto dado y el segundo como el elemento dinámico de proximidad y distancia en las relaciones interhumanas. Para Wiese la institución no es una categoría fija y sólida sino una serie de complejos de relaciones sociales que adquieren una configuración de formas en las que el individuo se relaciona con otros según grados de cercanía o distancia; de influencia o impacto de la acción individual en el complejo colectivo. Estos complejos sociales pueden observarse, partiendo de relaciones básicas como diadas y triadas, hasta grupos mayores, de masa, corporaciones e instituciones. Con este enfoque y la tipología de Erving Goffman de Instituciones Totales, se analizaron los resultados sobre la percepción de los universitarios de una encuesta aplicada a estudiantes de tres universidades públicas y tres privadas con la mayor población de universitarios en Aguascalientes, México, en una escala de niveles de corrupción que va desde Muy Corruptos, Corruptos, Poco Corruptos y Nada Corruptos.   Los resultados arrojaron que la autoevaluación que el estudiante hace de sí mismo, las mujeres como género, los maestros, sacerdotes, militares y soldados, obtuvieron los niveles de percepción de menor corrupción, comparados con  partidos políticos, las empresas, los jueces, la policía, entre otros. El trabajo de investigación explica dicha percepción del nivel de corrupción evaluado por los universitarios según el tipo de conglomerado colectivo al que pertenece cada organización evaluada según las tipologías de Complejos Sociales de Leopoldo von Wiese y de Instituciones Totales de Erving Goffman. El trabajo de investigación combina una metodología cuantitativa mediante la encuesta, con un análisis cualitativo apoyado en las mencionadas tipologías. 

Abstract:
Conseguir estabilidad política debe ser una de las metas más importantes para todo gobierno democrático, especialmente si se trata de una democracia en construcción, como es el caso de  El Salvador, que tras doce años de Guerra Civil, reinició el camino hacia la democratización de su sistema político, múltiples medidas fueron implementadas a fin de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones públicas y su labores. El propósito de éste artículo será evidenciar como el apego a los principios de la democracia por parte de un determinado Estado no necesariamente implica que se esté arribando a la construcción una democracia de calidad. El Salvador, que será el caso en estudio, permite identificar como la alternancia en el gobierno central entre derecha e izquierda, puso a prueba el nivel de madurez política del votante y de las instituciones del Estado. La transición fue conseguida por medio de un proceso normal de elecciones, sin armas ni quebrantamientos de la ley. Habiendo acontecido de tal forma, surge la pregunta: ¿a qué se debe el bajo nivel de confianza de los ciudadanos en el sistema democrático? Se procurará dar respuesta al cuestionamiento de la siguiente manera: El método a utilizar será la citación de casos concretos de corrupción (efectuada por ex presidentes de la República y colaboradores tanto de derecha como de izquierda. Casos que han sido y están siendo judicialmente investigados) además de datos estadísticos, retomados de las investigaciones de la organización Latinobarómetro relacionados con el nivel de satisfacción con la democracia, la confianza en las instituciones públicas y el nivel de aprobación de los gobiernos por parte de los ciudadanos salvadoreña. 

Abstract:
Dada a visibilidade do combate à corrupção no Brasil, a pesquisa investiga se a persecução criminal federal segue os mesmos moldes do sistema de justiça, atuando seletivamente por tipos de crimes e clientela. Nosso problema de pesquisa busca responder: O que caracteriza o dia a dia do sistema de justiça criminal federal no que se refere a constituição? Quanto à seletividade penal tem havido uma alteração do padrão e do perfil dos julgados por crimes federais na região sul do Brasil? Quem são os réus de crimes de corrupção na justiça federal? Quando começam as operações policias na Região Sul? A quem elas atingem? Como metodologia, foram coletados pelo termo "corrupção" e analisados através de análise de conteúdo exploratória e posterior analise orientada por dicionário (através de categorias-chave) ementas de acórdãos julgados pelas turmas criminais dos cinco TRFs entre os anos 2003 a 2016. O referencial teórico envolve conceitos de corrupção (ARANTES, 2010a; BOBBIO, 2002) e seus tipos de controle (administrativo-burocrático; judicial; público não estatal (AVRITZER; FILGUEIRA, 2011); causas (FILGUEIRAS, 2008; TAYLOR, PRAÇA, 2014; TAYLOR, POWER,2011); corrupção e criminalidade organizada como fenômenos da modernidade tardia e da globalização (GARLAND, 1998; BAUMAN, 2001); a discussão entre corrupção e democracia (AVRITZER, 2008; AVRITZER, FILGUEIRAS, 2011; O`DONNEL, 1996); Web institutions accountability (TAYLOR, PRAÇA, 2014; TAYLOR, POWER, ; ARANTES, 2010; ARANHA, FILGUEIRAS, 2016; ARANTES, 2010, 2015); seletividade (POWER, TAYLOR, 2011; SINHORETTO, 2014), crime organizado (MINGARDI, 2014) e mercadorias políticas (MISSE, 2014). Resultados preliminares apontam que embora a grande corrupção esteja na mídia, é a pequena corrupção que toma conta do dia-a-dia da justiça federal; a despeito de haver uma banalização de institutos como a delação premiada, a leniência, na prática seu uso restringe-se a poucos casos. Parece haver uma reprodução de réus e organizações criminosas. A institucionalização da DPU tem levado a que o embate entre MP e Defensoria Publica sofra um deslocamento da esfera estadual para a federal.

Abstract:
A corrupção policial é um fenômeno de crescente visibilidade em todo o Brasil. No entanto, o contexto do Rio de Janeiro em geral tem um destaque maior que outros estados quando o assunto é não só a atuação policial, mas também o julgamento de determinadas práticas policiais que ocorrem no dia a dia, dentre elas a corrupção.  Os policiais possuem uma moralidade muito própria que orienta suas ações e que julga suas práticas. Essa moralidade pode ou não guardar uma conexão direta com uma moralidade legal e social que julga e condena determinadas práticas. Nesse sentido, a corrupção é interpretada pelos policiais de acordo com o contexto e com a moralidade que ele possui.                        Este trabalho é o resultado da tese de doutorado: “Quando um homem da lei torna-se um sem lei: os caminhos da corrupção policial”, defendida em agosto de 2014 na UFRJ sob a orientação do Prof. Dr. Michel Misse, que teve como objetivo identificar os discursos e práticas dos policiais acerca da corrupção nas polícias do Estado do Rio de Janeiro.  Diversas metodologias foram adotadas para o desenvolvimento do trabalho tais como:  observação direta, entrevistas, análise de documentos e levantamento de dados estatísticos.  O trabalho retrata o atual contexto de corrupção policial analisando e debatendo a baixa capacidade do estado em prevenir e punir a corrupção policial.   Ao longo da pesquisa, percebeu-se, através dos dados fornecidos pela Ouvidoria de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, que houve um aumento das denúncias relacionadas a corrupção e violência policial cujos elementos são apresentados no trabalho. Todavia, a punibilidade tem demonstrado um decréscimo, chegando a zero em alguns anos. Isso indica que apesar da população estar denunciando mais o Estado não parece estar tendo capacidade de apurar as denúncias de forma eficiente.   Cabe ressaltar que a forma como a Corregedoria Geral Unificada atuava na época da pesquisa limitava suas ações investigativas causando um dependência muito grande em relação ao poder judiciário. Isso nos faz refletir sobre o real papel destas instituições e sua real capacidade de lidar com os desvios de conduta.   Outro aspecto que merece destaque é a noção de punição – ligada a ideia de castigo e pena - favorecendo sempre ações punitivas no lugar de ações preventivas. A prevenção estaria mais ligada a noção de responsabilização policial debatida por diversos pesquisadores que se dedicam aos estudos de polícias e que partilham da noção de um Estado Democrático de Direito e do monopólio do uso da força por parte desse mesmo estado. Palavras – chave: polícia, corrupção, impunidade e estado.

Abstract:
Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar o PL 4.850/16, intitulado de “10 medidas contra a corrupção”, a partir dos ensinamentos teóricos de Beccaria, que percebe no medo a possibilidade de controlar e direcionar os humanos com vistas ao interesse social. Para tanto, apresenta-se, de maneira geral, uma explicação teórica para o castigo, denominada de via do paciente da punição, a qual confere relativa passividade ao criminoso, de modo que a sociedade pode pautar e, até mesmo, determinar sua ação. Para Beccaria, a base da justiça humana é a utilidade comum, a qual deriva da necessidade de se manterem unidos os interesses particulares, superando-se os conflitos característicos do estado hipotético de insociabilidade. Assim, o ser humano é interpretado como uma máquina que funciona segundo a necessidade de obter prazer e de fugir da dor, guiando suas ações a partir de um cálculo do prazer (ou dor) que cada uma das ações possíveis lhe trará. De tal forma, surge a ideia de que, manipulando os objetos que afetam a sensibilidade humana, pode-se direcionar a ação dos seres humanos da maneira que se desejar. Torna-se possível, assim, com o domínio dos princípios utilitaristas que governam a ação humana, controlar o funcionamento da sociedade. Consequentemente, pode-se planejar a arquitetura social de forma a que o prazer ou o interesse individual esteja sempre conectado com o interesse do conjunto social, o que significa direcionar as ações individuais, manobrando a sensibilidade humana, para o interesse geral. Com efeito, no modelo político do utilitarismo, o cálculo de utilidades é feito em duas etapas: na primeira, o Legislador determina o interesse geral e planeja a arquitetura político-social; na segunda, os sujeitos-agentes, buscando o máximo de gratificação individual, executam, ainda que sem saber, o planejamento social, e realizam, buscando exclusivamente seu interesse pessoal, o interesse comum, o bem geral. Contudo, alguns problemas surgem de tal concepção: e se o Legislador não visar ao interesse comum? E se não for possível controlar as ações humanas de maneira tão singela, a partir de um cálculo de prazer ou dor? É possível justificar a pena a partir da via do paciente? Tais dificuldades serão discutidas ao longo do trabalho, a fim de garantir uma compreensão mais ampla acerca do direito penal, para que não se pense no PL 4.850/16 como a resolução da corrupção no Brasil. Além disso, mostraremos que a pauta anticorrupção está afetando todas as outras demandas sociais, como a saúde e a educação. Palavras-chave: PL 4.850/16. Beccaria. Punição. Defesa Social. Utilitarismo.  

Abstract:
Em 2013 foi sancionada no Brasil a Lei n. 12.850/2013 que buscou criminalizar de forma mais específica as chamadas “organizações criminosas”. Esta lei foi idealizada num contexto de intensa instabilidade política, no qual os holofotes midiáticos dirigiram-se para grandes operações de combate aos “crimes de colarinho branco”, dentre as quais se destaca a “Operação Lava Jato”. Esta Lei permitiu a implementação de polêmicas ferramentas investigativas, como a “delação premiada”, por exemplo, mas logo observou-se que sua maior utilização não se daria com relação aos ilegalismos privilegiados. Essencialmente, esta lei define que, se quatro ou mais pessoas promoverem, constituírem, financiarem ou integrarem, diretamente ou por meio de pessoa interposta, organização que tenha o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, elas poderão ser compreendidas como uma organização criminosa.  Distorções quanto à suposta intenção manifesta de alcance da lei são, contudo, verificadas em sua aplicabilidade, revelando suas intenções latentes. Em outubro de 2013, durante uma manifestação popular, a polícia civil do Rio de Janeiro anunciou o enquadramento de alguns manifestantes nesta novíssima lei. Em agosto de 2015 o Ministério Público de Goiás pediu a prisão de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra por compreender a estratégia de ocupação de terras como “vantagem” nos termos da lei mencionada. Em julho de 2016, em Porto Alegre, estudantes secundaristas, um jornalista e um cineasta também foram indiciados enquanto “organização criminosa” na ocasião de protestos por melhorias na educação. A imprecisão e a vagueza da expressão “vantagem de qualquer natureza”, associadas aos dilemas próprios do exercício do poder punitivo (e da criminalização secundária), trazem à tona a preocupação de que esta nova legislação se torne mais um instrumento de criminalização de movimentos sociais e de grupos de natureza política semelhante, já costumeiramente estigmatizados e rotulados como criminosos por uma maioria conservadora operante do campo jurídico brasileiro. Destaca-se que, no contexto dos protestos das “Jornadas de Junho de 2013” a Lei de Segurança Nacional (Lei n. 7. 170/1983), resquício da ditadura militar brasileira, foi utilizada para enquadrar manifestantes populares. E, neste mesmo contexto, vários projetos de leis que versavam sobre o controle dos protestos e manifestações foram colocados em votação. Com base na literatura sociológico-criminológico-crítica (Goffman, Zaffaroni, Baratta, Sutherland, Nilo Batista, entre outros), este trabalho questiona distorções encontradas entre os fundamentos manifestos das leis, sobretudo o de “combate à corrupção e ao crime organizado”, e suas intenções latentes de criminalização e estigmatização de determinadas condutas e público. Busca-se, portanto, a partir da análise da utilização fática desta lei, complexificar o debate sobre o poder punitivo e de controle; bem como sobre os processos de criminalização e estigmatização dele advindos.

Abstract:
     A corrupção na administração pública no Brasil tem sido nas últimas décadas, assunto recorrente na imprensa e tema amplamente discutido nas disputas eleitorais e propostas dos candidatos. A palavra abre caixa alta nas manchetes e ressoa na tribuna parlamentar, tendo constituído motivo central de programas partidários, razão de ser de inúmeras campanhas eleitorais e movimentos políticos, vem inspirando plataforma de candidatos à presidência e até justificou movimentos armados. As constantes denúncias de irregularidades noticiadas pela imprensa atribuem ao fenômeno da corrupção um caráter de problema público comprometendo o funcionamento das instituições públicas, trazendo prejuízos à sociedade. A corrupção associada à noção de má utilização de recursos foi tema de constantes debates políticos entre as décadas de 1950 e 1960, principalmente na imprensa e nas disputas parlamentares, tornando-se mais evidente no contexto da crise do segundo governo Vargas. A questão da corrupção em torno da falta de moralidade, levantada e duramente combatida pela oposição, adquire dimensão de problema público  a partir de denúncias de corrupção regulares na imprensa da época. Quase que cotidianamente os jornais não somente denunciavam irregularidades como constantemente reforçavam denuncias já noticiadas, desta forma, expressões como “irregularidades” “escândalo”, “mar de lama”, “negociatas”, “fraude”, “desvio”, “corrupto”, “corruptível” entre outros eram acionados para denunciar a corrupção. O objetivo deste trabalho é examinar a relação entre corrupção e moralidade pública no segundo governo Vargas de 1951 a 1954, interrogando como são produzidas as denúncias de irregularidades que atribuem à corrupção dimensão de problema público, a representação social acerca do que se constitui como corrupção e moral pública, bem como a corrupção é utilizada como instrumento político de acusação. Analisar o cotidiano em que as práticas corruptas são forjadas, examinar a genealogia do termo corrupção dentro de um vasto campo semântico, bem como observar a importância do conflito político nas denúncias de corrupção nos fornecem importantes ingredientes para analisar como a corrupção emerge como problema na cena pública brasileira. Neste aspecto privilegiaremos as matérias dos jornais “Correio da Manhã”, “Tribuna da Imprensa” e “Última Hora” que serão tratados como narrativas através das quais é possível analisar representações sociais sobre a corrupção, moralidade pública e Estado.        Palavras-chave: Corrupção, imprensa, moralidade pública, Estado.

Abstract:
A corrupção é um dos problemas que afetam diversos países e setores da sociedade. O estudo de caso tem por objetivo analisar os fatores que tem possibilitado a expansão da corrupção no setor judicial em Moçambique. A pesquisa parte da evidência de que apesar de um conjunto de reformas efetuadas no setor judiciário moçambicano, nos últimos anos, há uma tendência de aumento no nível de corrupção neste setor. Neste sentido, procurou-se discutir que fatores estariam afetando essa disseminação de práticas corruptas neste setor. A hipótese que norteou esse trabalho está baseada no fato de que, quanto mais fraca a capacidade institucional, bem como salários baixos, maior tende ser a perda de objetivos organizacionais das instituições judiciárias. Neste sentido, os servidores públicos do setor judicial tendem a se envolver mais em esquemas de corrupção. A metodologia qualitativa foi baseada na revisão da literatura e um conjunto de análises empíricas - entrevistas e questionários - que contemplaram sobre a casualidade do fenômeno corrupção. Do ponto de vista teórico, o estudo fundamentou-se na teoria da escolha racional, com vista a perceber de que forma os indivíduos buscam maximizar seus interesses quando deparados com uma baixa institucionalização e salários baixos. Os resultados indicam que apesar das diversas formas de corrupção, os principais fatores da disseminação das práticas corruptas, em Moçambique, estão na fraca capacidade institucional e baixos salários, que acabam gerando a perda de valores organizacionais neste setor, como conseqüência, aumenta a disseminação de práticas corruptas.     PALAVRAS-CHAVE:Corrupção; Reformas e Setor Judicial Moçambicano.

Abstract:
Ante la diversidad de entidades territoriales que tiene Colombia, con diferencias culturales, económicas y sociales, fuertemente marcadas, ¿existe homogeneidad de capacidades institucionales para cumplir con éxito las exigencias que le impone la política pública nacional anticorrupción? Comprender esto en la investigación fue crucial, considerando que el proceso de descentralización colombiano entregó una multiplicidad de funciones y responsabilidades a las entidades territoriales, sin que ello haya significado más ingresos para ejecutarlas. Esta investigación analizó las capacidades institucionales de los gobiernos de los departamentos de Antioquia, Boyacá, San Andrés, La Guajira y Chocó  para acompañar durante el período 2016-2017 a sus respectivos municipios en la implementación de la estrategia anticorrupción, que según la Ley 1474 de 2011 debe hacerse mediante los planes anticorrupción y de atención al ciudadano. Con esta se aporta a los estudios de la territorialización de las políticas públicas en general, y anticorrupción en particular, en los departamentos seleccionados. Asimismo, aporta a los estudios sobre capacidades institucionales, diagnosticando y proponiendo lineamientos técnicos para su fortalecimiento, y su incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas en los niveles departamental y municipal. La metodología utilizada para responder a los objetivos específicos de la investigación se basó en el enfoque multimétodos, acompañada del análisis documental, la revisión de literatura sobre el tema, la revisión de prensa nacional y local, entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos y aplicación de un índice para medir las capacidades institucionales locales, propuestas para dar soporte investigativo y responder al problema general y a los interrogantes de investigación. Los departamentos seleccionados son la consecuencia de la clasificación del riesgo de corrupción del ranking del Índice de Transparencia de las Entidades Públicas realizado por Transparencia por Colombia para 2013-2014. Otras preguntas abordadas en la investigación fueron: ¿Qué tipo de capacidades institucionales requieren los gobiernos departamentales para acompañar a sus respectivos municipios en la implementación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano y planes de acción de las entidades públicas en el período 2016-2017?, ¿Cuál es la brecha entre las capacidades institucionales requeridas y las capacidades existentes que tienen los gobiernos locales para acompañar a sus respectivos municipios en la implementación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano y planes de acción de las entidades públicas?, ¿Existe coordinación multinivel entre los niveles de gobierno intermedio y local para la aplicación de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano y planes de acción de las entidades públicas?, ¿Cuentan los planes anticorrupción y de atención al ciudadano y los planes de acción de las entidades públicas con estrategias e instancias de participación ciudadana en su diseño e implementación?, entre otras.

Abstract:
En Argentina y Chile   hace falta más investigación de la Ciencias Sociales en el ámbito de la corrupción, se suele usar mucho la comparación con otros países para decir que somos menos corruptos que otros, pero las formas de medir la corrupción no son muy claras y hay poco al respecto internacionalmente. La línea investigativa que he trabajado apunta  que una de las mejores formas de aportar a este debate es estudiando  las prácticas sociales, en las primeras instancias que la gente tiene contacto directo con el Estado (principalmente en los gobiernos locales) es ahí donde las prácticas se hacen más latentes. Las dinámicas latentes en que se presentan  son quizás como tesis o primera observación, algo que podría aportar más ideas al debate .Mi primera idea es que  existen otras instancias de corrupción más ligadas a las “prácticas sociales”  y que no sólo la retribución  es económica u otra cosa material, sino son vínculos o formas de integración ( información o alguna posición social podría ser), lo relacionaría  con algo profundamente central que es la desigualdad, muchas explicaciones y puntos de vistas argumentan que los altos grados de corrupción se dan en sociedades profundamente desiguales, que para mí tiene mucha lógica, es por eso que para América Latina la corrupción hoy es más latente: somos una región muy desigual en todos los aspectos . Siguiendo la perspectiva anterior  mi propuesta investigativa se enmarca en mi proyecto de investigación de tesis de la maestría de Investigación en Ciencias Sociales  de la Universidad de Buenos Aires. Mi propuesta  es aportar a la generación de debate en torno al fenómeno de la corrupción en los sectores más vulnerables de la división política administrativa de ambos países, como lo son los gobiernos locales rurales. Los avances en políticas de transparencia en Chile nos dicen que los gobiernos locales (municipalidades) están al debe en el cumplimiento de la ley pro lucha contra la corrupción. En argentina pasa algo similar y el interés de ver esto en instancias rurales es ver si la perspectiva autonomista de estos municipios y la red de  relaciones que ahí se gestan fomentan la corrupción que en ciertos niveles los organismos públicos ya existen. Ver esto en una perspectiva rural, en donde se padece de manera más latente la desigualdad, pobreza, falta de recursos  y la gobernabilidad  en muchos casos variables fundamentales para elevados niveles de corrupción. El proyecto apuntaría a estudiar dos casos (municipios rurales) por país y ver los factores internos y externos a nivel de prácticas que realizan estos gobiernos podría determinarse como una relación que promueve aún más la corrupción. Desde la sociología  el capital social, vínculos débiles y fuertes, clientelismo político, sociabilidad  y comunicación son perspectivas  válidas para entender las relaciones sociales en el desarrollo de la corrupción.

Abstract:
Inscribiendo nuestro trabajo en el campo de los estudios sobre políticas de seguridad, nos interesa particularmente problematizar la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las tareas de vigilancia y control del espacio aéreo, terrestre y fluvial, desplegadas en las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina.   En Julio de 2011, a través de la firma del decreto N° 1091, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, puso en marcha el Operativo Escudo Norte, cuyos objetivos centrales son el control del narcotráfico, de la trata de personas y del ingreso de bienes de contrabando. El Plan dispone que los efectivos de Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina articulen su trabajo con el del Operativo Fortín II, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación. Para ello, las FF.AA. aportan recursos humanos provenientes del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea como así también equipos de inteligencia táctica, una flota de aeronaves y helicópteros con el objetivo de reducir las incursiones ilegales. El problema que abordará nuestra investigación tiene el eje en el modo en que se articulan las tareas desarrolladas por las Fuerzas Armadas con las de las Fuerzas de Seguridad en la frontera norte argentina.