Abstract:
El objetivo del presente documento, es mostrar cómo dadas las condiciones en que se engendra el capitalismo y sus mecanismos de expansión, hace que este capitalismo extractivista y depredador reproduzca exponencialmente cada vez más las brechas económicas y sociales entre regiones nacionales, regionales y locales; siendo el Estado un actor central y determinante que impulsa este desarrollo regional desigual. En otras palabras, la economía capitalista cuenta con una naturaleza inherente de reproducir desarrollo regional desigual e incluso ésta; es una estrategia que le es propia al capital para poder expandirse en los ámbitos mundiales, nacionales, regionales y locales en los niveles inter e intra (el imperialismo formal e informal -coloniaje- aprovecha estás desigualdades para poder expandirse mundialmente). Es decir, el proceso de desarrollo económico capitalista es un proceso desigual, que no afecta de manera uniforme a todas las regiones y países; son los patrones de distribución territorial (ordenamiento territorial excluyente) los que determinan en última instancia las perspectivas de un desarrollo regional desigual. Por otra parte, el rol que ha jugado el Estado mexicano ha sido fundamental, pues las políticas regionales instrumentadas por éste, en lugar de haber aminorado los grados de desigualdad, éstas incluso han promovido e incluso en algún grado, han sido fomentadas para generar un desarrollo regional más desequilibrado y desarticulado en función únicamente de los intereses sectoriales predominantes, sean agrícolas, industriales y de servicios, pues sólo se buscan espacios económicos que permitan reproducir capitales espurios (enclaves económicos), sin una contribución a las comunidades locales, incluso muchas de las veces generando externalidades negativas que socavan el tejido social de las poblaciones locales. Incluso, las disparidades regionales y/o espaciales tienden a profundizarse cada vez más por la ausencia de una política de desarrollo regional que contemple una estrategia integral orientada a corregir las hondas asimetrías del modelo neoliberal espacial. Si a la falta de una política regional integral y/o territorial, se le suma una reducción de la inversión pública en infraestructura, una contracción del gasto en desarrollo regional (incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 no está se encuentra el rubro del desarrollo regional, como estrategia de combate a la pobreza espacial), si también, hay una raquítica generación de empleos (abierto y encubierto), un desplome de los salarios y una errada política industrial y agrícola que favorece más un mercado externo en contra de uno interno. Todo esto agrava a aún más un desequilibrio territorial, en el cuál sólo sobresalen las regiones que son priorizadas con ventajas competitivas (vinculadas sobre todo, al mercado externo ¡las más prosperas!) y otras regiones con círculos viciosos endémicos que no son alentadas por las políticas públicas, pues últimas regiones se consideran con mucho más desventajas que ventajas.     Estos escenarios macroeconómicos favorables al capital a través de políticas de ajuste han sido adversos al bienestar social mayoritario, manifestándose este deterioro en disparidades regionales entre entidades que crecen por arriba de la media (PIB per-capita) y otros Estados en claro descenso en su participación; como son los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Abstract:
En el final del siglo XX, los gobiernos de América Latina y Caribe (ALyC) empezaron a mirar para los pobres, con el objetivo de solucionar su situación a través de la implementación de un sistema de protección social que los incluya en la sociedad e garantice el acceso a la ciudadanía. El objetivo de este artículo es analizar la evolución del sistema de protección social (principalmente de las políticas de erradicación de la pobreza) en ALyC desde los años 1990. Después de analizar las leyes y las características de estas políticas públicas, el interés de esta investigación es evaluar cómo evolucionaron las condiciones de vida de la población en los últimos 20 años, de modo a verificar el impacto de estas políticas en las condiciones de vida, no limitándose al análisis de los ingresos. La principal hipótesis de la investigación es el cambio significativo, para mejor, de las condiciones de vida de los latinoamericanos y caribeños, después de implementadas las políticas de erradicación de pobreza y el desarrollo del sistema de protección social – aún que estas mejoras puedan ter sufrido restricciones en los años 2010, debido a la crisis económica mundial y a los cambios políticos ocurridos en el continente. Además, estos cambios son más fuertes en los países que adoptaron dichas políticas más tempranamente y que tengan, en su diseño, una expresión más progresista y una búsqueda más clara de reducir las desigualdades. Esta investigación contempla un análisis bibliográfico de las leyes promulgadas en ALyC que tengan como tema el combate de la pobreza a partir de la creación de un sistema de protección social. Así, es posible comparar los diseños de estas políticas públicas en el continente. En adjunto, se analizan los datos de las encuestas de hogares de 18 países de ALyC para evaluar la evolución de la pobreza en los últimos 20 años, considerando el antes y el después de la implementación del sistema de protección social. En este artículo, la pobreza es mensurada a través de un índex multidimensional pensado para los datos disponibles en ALyC y desarrollado por el OPHI (Oxford Poverty & Human Development Initiative), que considera las siguientes dimensiones: características de la vivienda; acceso a servicios básicos; ingresos y condiciones de vida; niveles de educación; y acceso al mercado laboral. Los datos son obtenidos a partir del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG), de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. Se analiza el periodo anterior a la elaboración e implementación de las políticas públicas, los años inmediatamente anteriores y posteriores a la organización del sistema de protección social y el periodo más reciente disponible, para evaluar cuán grande fue el impacto de estas políticas.

Abstract:
Tras más de una década de gobiernos latinoamericanos y caribeños que en su mayoría han buscado promover la inclusión, lograr un mayor grado de equidad y disminuir la pobreza y las desigualdades, los resultados en la región muestran importantes disparidades pero una característica común: la insuficiencia de los marcos teóricos que deben sustentar la formulación e instrumentación de las llamadas políticas sociales de nuevo cuño. Es claro que teorizar sin actuar conlleva relativamente pocos riesgos graves, pero la inversa – intentar incidir sobre las poblaciones sin un sólido andamiaje teórico- puede conllevar consecuencias peores que la inacción estatal, como se ha visto en algunos casos.   Por ello es imprescindible relevar y debatir sobre si las políticas sociales cuentan con marcos teóricos multidimensionales, que reconozcan la complejidad a cabalidad y que sean coherentes para comprender y transformar la realidad a través de programas y proyectos. En la presentación propuesta se analizarán algunas de las estrategias y programas que se han estado utilizando en algunos países de la región, buscando relacionar sus alcances, logros y limitaciones a la existencia de un sustento teórico sólido, en tres principales dimensiones: una teoría económica de base científica; una teoría psico-social del comportamiento humano; y una teoría que, desde la epigenética, pueda orientar las prioridades de inversión que redunden en un desarrollo humano integral, equitativo y sostenible. Argumentaremos que en esta etapa de la evolución humana y social no bastan las orientaciones generales o los discursos ideológico/ políticos para llevar adelante políticas sociales realmente transformadoras.   Entre las líneas de políticas que se analizarán están las relacionadas con la primera infancia, las relacionadas con transferencias monetarias condicionadas y las políticas de generación de empleo.   Discutiremos también sobre la actual relación entre la investigación científica y el diseño de políticas públicas y la necesidad de fortalecer el diálogo entre ambas esferas, así como también entre las ciencias sociales y las llamadas ciencias “duras”, a fin de generar el andamiaje teórico necesario para sustentar políticas públicas que efectivamente puedan encarar exitosamente el desafío de la cuestión social.  

Abstract:
Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisa do projeto “Justiça social como uma questão para o campo das Políticas Públicas” desenvolvido no âmbito do NEPPs – Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da UNESP – Franca (SP). O intuito do projeto é realizar metanálises qualitativas de análise de políticas públicas sociais, a partir dos sentidos e valores dessas análises. Selecionamos, para tanto, principalmente trabalhos que examinem a realização da justiça social e os impactos sobre a vida das pessoas. Nesse sentido, partimos da consideração de que as políticas públicas, ao promoverem a distribuição de recursos sociais, renda e riqueza, têm dentre suas finalidades centrais a justiça social. Entendemos que a justiça surge como questão para as políticas públicas em diferentes perspectivas. Dentre elas, destacamos três: (1) substantiva, refere-se à definição normativa de justo, que orienta nossas ações e as políticas públicas, remetendo a questões que perpassam os valores e recaiam sobre legitimidade da política; (2) procedimental, remete aos processos de implementação e seu grau de democratização, refletindo sobre o papel exercido pelos atores envolvidos; (3) da interpretação e aplicação da lei enquanto mecanismo garantidor de justiça em si, que nos remete ao abismo que existe entre a norma constitucional definidora dos direitos, principalmente os sociais, e a realidade social. A nossa perspectiva teórico-normativa sobre teorias da justiça referencia-se no debate travado pelos autores da teoria crítica da justiça social, Rainer Forst e Iris Marion Young, com autores da perspectiva liberal-igualitária, John Rawls e Amartya Sen. É possível observar nas análises de políticas públicas a menção à importância da inclusão social, do desenvolvimento, da equidade e do combate à desigualdade e à pobreza. Todas essas questões são incontornavelmente ligadas à temática da justiça. Entretanto, ainda é preciso avançar em um debate teórico que dê suporte e referencie tais menções, demonstrando a necessidade de aproximar o debate conceitual da análise da política com a justiça em suas diferentes dimensões, principalmente com a dimensão normativa cujo debate vem se dando em campo distinto e de maneira apartada da análise da ação política. Até o momento realizamos levantamentos e metanálises de avaliações e análises sobre as políticas de saúde e de educação, cuja problematização mobilize a concepção de justiça social para o entendimento das normas e procedimentos institucionais e dos resultados alcançados pelas políticas em questão. Apresentaremos nesse paper o debate teórico que estamos desenvolvendo a respeito das conexões entre as concepções normativas de justiça e a análise e avaliação das políticas públicas, a metodologia adotada, e os resultados preliminares sobre as áreas citadas.

Abstract:
No Brasil a pobreza sempre surpreendeu tanto por sua intensidade, mas, sobretudo por sua estabilidade. E esta pobreza acaba gerando um cenário de profundas desigualdades que se mantém inerte e resiste a mudanças estruturais e conjunturais das últimas décadas. Ou seja, no limiar do século XXI, o país ainda ainda apresenta um cenário de profundas desigualdade, que pode ser ser concebiudo como o cerne da pobreza e o grande desafio para o rompimento desta conjuntura e combinar desevolvimento econômico com desenvolvimento social.  Sendo assim, a  etapa atual do capitalismo exigiu um debate sobre o papel do Estado, a promoção de justiça social e a convergência das políticas sociais públicas para as reais necessidades da sociedade, com desenvolvimento socioe conômico sustentável, por meio de elaboração de estratégias de proteção social com vistas à superação da pobreza e a redução das desigualdades, ou seja, ao combate das múltiplas expressões da questão social.  Para isso adotou-se a estratégia de concepção de Programas de Transferência de Renda com Condicionalidades  – os PTRC.Em 2003, no governo do presidente Lula surge o Programa Bolsa Família –PBF,  criado com a justificativa de combater a miséria, a pobreza e a  exclusão social, além de promover a emancipação das famílias mais pobres e ampliar as condições de redução da desiguladade e da exclusão social. Tem como premissas a integração entre os entes da federação para a sua execução, assim como a intersetorialidade entre as políticas públicas para a sua execução e o controle social. Juntamente com a estratégia do PBF, a política de Assistência Social, que por meio da  CF/88  foi inserida no campo da Seguridade Social, com a Saúde e a Previdência Social. Com a previsão legal da Assistência Social foi possivel demarcar a responsabilidade do Estado  brasileiro em conferir proteção social aos cidadãos em situações específicas. Em 2009,  o Protocolo de Integração entre os benefícios e serviços, passa a ser norma orientadora a priorização das famílias beneficiárias  PBF ou potenciais beneficiárias, como público prioritário para os serviços da politica de Assistência Social. Diante deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma discussão acerca da integração entre os beneficios, no caso o PBF,  e serviços da política de Assistência Social, e se esta integração tem o condão de  contribuir para que as famílias e os usuário possam acessar melhoria na suas condições de vida e assuim romper gradativamente a pobreza, a desiguladade e a exclusão social.   E importante destacar que a  integração entre o PBF e os serviços na política de Assistência Social tem como desafio compreender a relação do Estado enquanto responsável pela execução da proteção social no  Brasil, e assim contribuir para  um país menos desigual.   

Abstract:
La percepción y legitimación del modelo de justicia social es un tema que cada vez se vuelve más importante en el contexto actual, donde las desigualdades sociales persisten (o se ven exacerbadas) y el modelo económico se mantiene a pesar de las constantes crisis económicas padecidas en los últimos años. A pesar de lo anterior, el estudio de estos temas en América Latina solo se ha concentrado en algunos países como Chile, Argentina y Brasil (principalmente), en gran medida debido a la poca disponibilidad de datos en la región. En este trabajo se analiza el caso de México, partiendo de la casi nula investigación sobre el tema realizada en este país y los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo y por qué se tolera la alta desigualdad económica en México? ¿Cómo son las percepciones respecto a la necesidad de mayor redistribución por parte del Estado? En la primera parte del trabajo se hace una revisión de la bibliografía relacionada (tanto a nivel internacional, como América Latina y México). Luego, se analiza la Encuesta Nacional de Pobreza, dada a conocer recientemente (2015) y que aborda temas de percepción de desigualdad, pobreza y política social. De este análisis, y basado en trabajos anteriores, se desprende una tipificación ideal de la representación individual del modelo de justicia social: individualista, fatalista y estructural. Luego, se profundiza en indagar las diferencias entre los individuos que pueden estar asociadas con dichas representaciones del modelo de justicia social. Por ultimo, se hace un análisis exploratorio de los resultados de entrevistas realizadas en la Ciudad de México, las cuales buscan profundizar en cómo las personas perciben y toleran (o no) la desigualdad, y su relación con exigir (o no) mayor redistribución. Es como resultado de esto, que se reflexiona en torno a procesos de reconocimiento de derechos y estigmatización de grupos sociales, así como a la construcción de representaciones sobre  merecimiento y culpa.

Abstract:
La clausura de la crisis de los años 2001/2 en Argentina implicó la apertura de un nuevo ciclo político. La nueva programática argumentaba la centralidad de la intervención estatal para compatibilizar un crecimiento económico “genuino” -basado en la economía real y no en la especulación financiera- con la inclusión social, entendiéndola como la integración por medio del “trabajo decente” (registrado, regular y protegido). El neoliberalismo se constituyó como campo de adversidad para los discursos que orientaron las políticas estatales del ciclo, a las cuales se asignó la tarea de reconstituir una institucionalidad y sociabilidad dañadas. La cuestión social se interrogó en clave de inclusión y la pobreza se anudó a las desiguales formas de inserción en el mundo del trabajo. La incorporación local del paradigma del “trabajo decente” (OIT) significó el impulso de regulaciones de las condiciones laborales, políticas de fiscalización del trabajo precario, e iniciativas para la reinserción laboral de aquellos trabajadores considerados “empleables”. Así, las políticas laborales se tornaron estratégicas. Plantearemos que, paralelamente a este proceso, se gestó una temprana distinción de la “población-objetivo” de las políticas socio-laborales. Mientras que las políticas laborales tendieron a problematizar la situación de precariedad y la reinserción laboral, se delimitó una población de “trabajadores vulnerables” en torno a quienes se montó un conjunto diferenciado de intervenciones. Dicha categoría refería, de forma polisémica, a autoválidos no empleables por el mercado laboral (desocupados, subocupados, informales) y pasivos sin coberturas, en condiciones de pobreza. Las intervenciones sociales a ellos dirigidas se justificaban por la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones, que planteaba un límite a la reinserción laboral. Vulnerabilidad y trabajo decente demarcaron dos espacios diferenciados y complementarios de problemas a intervenir, de prácticas estatales y de población destinataria. Sin embargo, también se produjeron tensiones en el seno de las políticas socio-laborales por el cruce entre el paradigma del trabajo decente y el reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad. Ello configuró la yuxtaposición de fundamentos de la protección y sentidos del trabajo heterogéneos. Por un lado, convivieron intervenciones centradas en la “promoción” (de la familia, la comunidad y la cultura del trabajo) con modalidades de aseguramiento de riesgos del trabajo -vulnerable- (asignaciones por hijo, alternativas de registración laboral). Por otro, la ampliación de las prestaciones clásicas de seguridad social destinadas a los trabajadores formales tendió a aproximarlos a estos a los “trabajadores vulnerables”, distinguidos por otras políticas. Finalmente, convivieron sentidos disímiles del trabajo: como soporte de derechos y como condición de merecimiento y medio para la integración. A partir de los resultados de una estrategia de indagación centrada en el trabajo de archivo, desarrollaremos las prácticas discursivas y no discursivas por las cuales tendió a operar dicha diferenciación y sus tensiones.

Abstract:
RESUMEN                                           El pasaje del régimen Fordista al Postfordista implicó modificaciones en la protección social pensada en términos de Estados de Bienestar Social. En contraposición emergen nuevos enfoques: como el Estado Social activo, el de asistencia y promoción, y el manejo social del riesgo, entre otros; que pretenden dar cuenta de los procesos de re-mercantilización de la fuerza de trabajo. En este trabajo se presenta un análisis de los supuestos y principios de estos enfoques de protección social. En este sentido partimos del supuesto que los mismos implican modificaciones en el rol del Estado y de los propios sujetos, implicando una transferencia, hacia los mismos sujetos por la responsabilidad de la protección, a partir del auto reciclaje, del emprendurismo. Suponiéndose de este modo que el problema de la pobreza está vinculado estrictamente a las falta de activos. En particular se analiza la situación de estos enfoques vinculados al desarrollo programas de política social con población en condición de pobreza, residente en la Provincia de Misiones Argentina. Para el logro de este objetivo se recurre a fuentes primarias y secundarias. Como fuente primaria las entrevistas efectuadas en el marco del Proyecto La Pobreza en Misiones. Entre las estadísticas y la casuística, y secundarias como presupuesto público vinculado al desarrollo de programas de protección social. 

Abstract:
En 2005 asumió el gobierno de Uruguay un partido de izquierda (Frente Amplio) que –entre otros aspectos- desarrolló la política asistencial entendida como acciones específicamente dirigidas a personas en situación de pobreza. Ese conjunto variado de programas fue primordial en momentos de crisis económica y social y se mantuvo aún después de recuperado cierto equilibrio. La institucionalización de la política asistencial tiene su mayor expresión en la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El Frente Amplio no solamente se propuso el desarrollo de nuevas actuaciones públicas, sino que también se planteó hacerlo de una manera diferente.  La ley de creación del MIDES, le define como competencias la puesta en marcha del Plan de Emergencia Social pero también la articulación y coordinación de la oferta pública social. Orientado hacia la segunda de las competencias señaladas, el gobierno creó instancias de articulación y coordinación tanto a nivel central como territorial. En el primer caso se encuentran el Gabinete Social y el Consejo Nacional de Políticas Sociales con el objetivo de coordinar, planificar, articular y evaluar las políticas sociales entre las diversas áreas de ejecución del Estado.  Las Oficinas Territoriales y las Mesas de Coordinación Interinstitucional forman parte de los espacios creados por el MIDES a los mismos efectos, pero en el ámbito territorial. En este marco general y en un contexto económico y social distinto al del 2005, en el año 2012 el segundo gobierno del Frente Amplio puso en marcha los denominados Programas Prioritarios (actualmente Programas de Proximidad): Cercanías, Jóvenes en Red y Uruguay Crece Contigo. Estos programas, dirigidos a públicos específicos distintos, comparten una estructura básica común. Se trata de acciones focalizadas en la extrema pobreza, con plazos acotados de actuación, escasa materialidad y abordaje territorial. Más allá de estos aspectos, son dos los elementos presentados como novedades en términos de oferta pública: el trabajo de proximidad y el carácter interinstitucional. Teniendo como antecedentes dos investigaciones desarrolladas en el Departamento de Trabajo Social (Facultad de Ciencias Sociales - UdelaR) en convenio con la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (MIDES), este trabajo tiene como objetivo problematizar una de las mencionadas innovaciones: la interinstitucionalidad. Específicamente se procura responder a tres preguntas: ¿Cómo es presentada la interinstitucionalidad en el diseño de los programas?, ¿qué es lo que ocurre en el momento de la implementación? y fundamentalmente, ¿qué indica sobre el trayecto de la oferta pública y sobre las aspiraciones políticas del gobierno, la necesidad de programas intersectoriales siete años después de haber definido y puesto en marcha espacios de articulación y coordinación de políticas sociales?.  

Abstract:
A primeira década dos anos 2000 no Brasil é marcada por importantes melhorias na distribuição de renda, com significativa redução da pobreza e das desigualdades sociais. Ao longo da sua trajetória histórica, a economia brasileira atingiu, em diferentes intervalos de tempo, taxas de crescimento econômico que não foram capazes de conduzir o país a uma melhora dos seus indicadores de desenvolvimento, em especial aqueles relacionados à pobreza e à distribuição dos ganhos. As inquietações se aprofundaram a partir das discussões teóricas provocadas nas análises do desenvolvimento econômico sob a ótica do desenvolvimento das capacidades e das liberdades de realização dos agentes econômicos. Os resultados de redução da pobreza e melhora de indicadores de bem estar têm sido apontados como consequência das políticas públicas na área social implementadas nos últimos 15 anos, em especial do Programa Bolsa-Família e de mecanismos que geraram maiores ganhos de renda, como a valorização do salário mínimo e maiores oportunidades de emprego. Sendo assim, o trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão sobre este impacto das políticas públicas na área social, numa perspectiva multidimensional. Busca-se, portanto, comparar os resultados do período de maior inclusão com o período mais recente de desaceleração da economia brasileira, e os seus impactos sobre o mundo do trabalho e a proteção social. Além disso, o trabalho discute as preocupações com as recentes medidas de contração fiscal baseadas na contenção dos gastos na área social. As diferenças entre aquele período mais inclusivo e o atual cenário de ajuste fiscal via redução dos gastos sociais é um dos traços mais significativos do atual momento histórico da economia brasileira, inaugurando uma fase de incertezas sobre as possibilidades de retomada do desenvolvimento com inclusão social. Espera-se assim lançar luzes sobre o debate acerca da eficácia e dos obstáculos ainda presentes no combate às desigualdades sociais no país.

Abstract:
Durante las últimas décadas, la política social del gobierno mexicano se ha instrumentado a través de programas focalizados mediante los cuales se pretende reducir la pobreza. Estos esfuerzos se enmarcan ahora en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible signados por el gobierno mexicano. Sin embargo, la evidencia disponible sobre los resultados de éstos programas muestra que los niveles de pobreza se mantienen.  En el marco de las políticas neoliberales, que acentúan la concentración del ingreso y la desigualdad, estos programas están lejos de cumplir con el propósito de reducir la pobreza. Asimismo, entre los factores determinantes de sus limitados logros están los enfoques asistencialistas y corporativos con los que éstos programas se llevan a cabo.  Frente a ésta situación, desde la sociedad se promueven nuevas formas y espacios de participación y colaboración entre actores diversos para hacer frente a los problemas mas acuciantes de la población en pobreza. Entre sus objetivos principales está el promover diferentes formas de participación de la población como elemento para incidir en las políticas desde el ámbito local y regional. En este trabajo se reflexiona sobre diversas experiencias y diferentes líneas de acción impulsadas por actores sociales para impulsar cambios a través de la participación local. Las experiencias a que se hace referencia se desarrollan en algunos municipios del sureste del país, en los estados de Chiapas, Yucatán y Campeche, que se caracterizan por sus bajos niveles de desarrollo humano. Todos los municipios tienen un alto porcentaje de población indígena. Se revisan algunos de los principales programas gubernamentales que operan en éstos municipios, considerando sus objetivos y alcances. Por otra parte se analizan diversas experiencias gestadas desde la sociedad para enfrentar los problemas de la pobreza y para avanzar en el logro de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pone énfasis en considerar las formas de colaboración entre diversos actores, su problemática y potencialidades vistas desde la perspectiva de la población destinataria de éstos esfuerzos. El trabajo se basa en una investigación iniciada en el año 2016 en algunos de los municipios mas pobres de los estados mencionados, en colaboración con diversos actores, organizaciones e instituciones que consideran los niveles de pobreza desigualdad y exclusión social que enfrenta México como un desafío social, económico, político y de justicia social, frente al cual buscan desarrollar nuevas prácticas, formas de colaboración y de participación.