Abstract:
Diversos autores dan cuenta de las intersecciones entre lo político y la inseguridad, de cómo la resolución de los principales problemas relacionados a la garantía de derechos en seguridad ciudadana está vinculado a las formas cómo se conciben las relaciones de poder y las desigualdades sociales. Si el delito y la violencia son asuntos esencialmente políticos, es porque representan las acciones de quienes no tienen poder, como respuesta ante las situaciones que consideran injustas, o por la formas en las que han sido abordadas por el Estado, o de igual manera porque deja en evidencia los procesos de exclusión material y simbólica de la sociedad (Antillano, 2013). La invitación al consumo y las exigencias de pertenencia son fuente de tensión y privación, constituyéndose como un gran acicate para la desviación (Venero, 2009). ¿Cómo pensar entonces la política pública en seguridad ciudadana, ante la configuración de entornos urbanos que estimulan, por ejemplo,  una ciudadanía del miedo, del aislamiento y de negación del Otro? (Zubillaga, 2013) Bien vale la pena preguntar: ¿la política pública en seguridad ciudadana del Estado venezolano se ha hecho ha problematizado el vínculo social o la cohesión social, para incorporarlas en el diseño de sus planes, programas y proyectos? Desde la elaboración en el año 2012 del documento Gran Misión a Toda Vida Venezuela, instrumento rector de la política pública en seguridad ciudadana, hasta la implementación a partir del año 2015 de las Operaciónes de Liberación del Pueblo (OLP) han transcurrido variadas interpretaciones sobre las posibilidades de lo común para explicar, abordar o prevenir el delito, tomando en cuenta además que los antecedentes en la tradición intelectual de izquierda sobre este problema (Sozzo, 2012), no parecen incluir en su agenda de inquietudes las formas cómo establecemos nuestros lazos sociales. BIBLIOGRAFÍA Antillano, Andrés (2013): Repolitizar la inseguridad. Revista Espacio Abierto. Vol. 22. Núm. 4. Octubre-diciembre. Págs. 581-591. Universidad del Zulia. Maracaibo. Sozzo, Máximo (2012): Los retos de la izquierda en las políticas públicas en seguridad ciudadana. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Caracas. Venero, Mariana (2009): El nuevo paradigma de la exclusión social para el conocimiento criminológico. Revista de Derecho y Ciencias Sociales. Abril, Nº 1. Págs. 149-159. Instituto de Cultura Jurídica/Universidad Nacional de la Plata. Argentina. Zubillaga, Verónica (2013): Menos desigualdad, más violencia: la paradoja de Caracas. Nueva Sociedad. Enero-febrero. Nº 243. Caracas  

Abstract:
La seguridad ciudadana es un fenómeno social porque en los últimos años se ha generado un desorden social por el crecimiento de las grandes ciudades con el incremento de la población rompiendo muchas veces las estructuras sociales tradicionales como las interrelaciones sociales en la familia y la comunidad pasando a una sociedad individualista por la expansión de la globalización como lo ha manifestado Urick Beck.   La encuesta 2010 del Latinobarometro mostraba que la delincuencia era la primera preocupación con un 17%, superando incluso el desempleo que registro 15% (Alvarez, 2014:35). En el caso del Perú la encuesta Ciudad Cómo Vamos el problema más sentido con un 85% es delincuencia y la inseguridad ciudadana. El distrito de San Juan de Miraflores que se ubica al Sur de Lima la seguridad ciudadana es también el principal problema la seguridad debido al incremento del pandillaje, drogas, robos, asalto y entre otros como señala la estadística del serenazgo. Problema que se acentúan por el alto índice de pobreza, desempleo y subempleo. Por lo tanto el Gobierno Local de San Juan de Miraflores en la gestión local del 2007-2009 implementó el CODISEC con la finalidad de orientar una política de seguridad ciudadana de acuerdo a la Ley 27933 que señala que los alcaldes son los presidentes y presiden dicho espacio con la finalidad de generar y mejorar la política de seguridad ciudadana para lo cual deben aprobar planes de trabajo y normatividad que orienten al cumplimiento del mismo. En tal sentido, el Gobierno Local de San Juan de Miraflores no alcanzo con cumplir con una adecuada implementación de una política local de seguridad ciudadana debido a que faltó incorporar elementos como el liderazgo que no asumió en definitiva el alcalde debido a su poca participación en el CODISEC espacio donde participan todas instituciones pública y de la comunidad para diseñar, implementar y dar seguimiento a la política.  Además que la política de seguridad ciudadana no contaba con una planificación, enfoque integral y no existió una decisión de implementar acciones con presupuestos que se encuentren bien definidos. San Juan de Miraflores no ha mejorado porque no ha tenido una continuidad en la participación y en el funcionamiento del CODISEC, no se ha modernizado ni tecnificado, no ha contado con acciones de prevención sino más bien de control y a pesar de contar con un grupo (CODISEC) no se cumplió con el diseño adecuado de una política de seguridad ciudadana. En definitiva para implementar una política pública es necesario que el Alcalde asuma un liderazgo priorizando una estrategia integral para mejorar para mejorar la calidad de vida de la comunidad, además debe asumir un trabajo de manera articulada y en conjunto con cada institución y la comunidad organizada. Asimismo se debe priorizar la planificación con presupuestos y desarrollar redes sociales en la comunidad.  Por lo tanto, si una política de seguridad ciudadana no cuenta con un liderazgo, una planificación, presupuesto y acciones que nos muestren resultados obviamente es una política que no tendrán resultados concretos.

Abstract:
Este trabalho busca desenvolver uma reflexão qualificada sobre tendências no campo da segurança pública no Brasil e possíveis articulações entre a permanência de estruturas democráticas e a disseminação de dispositivos de exceção nas práticas  institucionais no período recente. A proposta é partir de material levantado por pesquisas empíricas que evidenciaram o agravamento de temáticas como a letalidade policial, o racismo institucional, políticas de guerra contra as drogas e encarceramento em massa no Brasil, analisando essas ocorrências recentes não apenas como retrocessos democráticos ou políticas públicas deficitárias, mas refletir e investigar possíveis articulações entre esses processos específicos e uma rearticulação entre os campos da política e da violência na gestão do Estado brasileiro. Um dos pontos centrais desta reflexão é problematizar a coexistência de instituições democráticas e a disseminação de dispositivos de controle violentos que promovem mecanismos discriminatórios e de extermínio de determinados grupos na sociedade brasileira. Para tanto, tentaremos uma aproximação destes materiais empíricos com uma discussão mais conceitual que envolve as noções de biopolítica (Foucault) e dispositivos totalitários (Arendt) visando analisar modulações no campo da segurança pública no Brasil, investigando a centralidade da violência nos dispositivos contemporâneos de governo.

Abstract:
A partir de la década del '80 se inicia una campaña de combate del delito y la inseguridad en el mundo occidental. Las inseguridades, los miedos, las incertidumbres, las nuevas formas de violencia, los nuevos delitos, los nuevos (o quizás viejos, pero reciclados) tipos de delincuentes, incidieron, sin dudas, a la profundización de la existente paranoia de inseguridad de guerra fría y a su subsiguiente búsqueda por sanarla. De todas las políticas de Estado, replicadas por cada uno de los países capitalistas, se pueden rescatar duramente dos que marcan la actualidad de las políticas de seguridad pública: el desarrollo de un sistema centralizado de información clasificada que sistematiza y vincula delincuentes y hechos delictivos (Mattelart, 2015), y la expansión de los controles y la vigilancia (Bauman y Lyon, 2013). El presente estudio busca comprender el papel de la política comunicacional del Ministerio del Interior en la construcción del delito, la inseguridad y la violencia y en la producción y reforzamiento de determinadas categorías sociales como el delincuente y la policía. Algunas de las preguntas base que dieron origen a este trabajo son: ¿Qué tipo de persona se muestra en el rol de policía y en el papel de delincuente? ¿qué recursos narrativo-visuales se utilizan para su descripción? ¿qué características se exhiben como propias de uno y de otro? ¿Existe un proyecto propagandístico detrás de estos videos? La técnica de investigación es el análisis de contenido comprendido dentro del enfoque metodológico cualitativo interpretativo. La materia prima para analizar son audiovisuales subidos al canal oficial de Youtube del Ministerio del Interior por la Unidad de Comunicación del organismo¹. Se recopilaron 550 audiovisuales, todos los disponibles hasta el comienzo de esta investigación. El corte temporal se efectuó el 1 de mayo de 2016, momento en que se descargaron todos los videos hasta esa fecha subidos que comienzan desde el día 28 de enero de 2013. Algunas reflexiones que pueden anticiparse se vinculan a cómo el Ministerio del Interior ha logrado construir y encastrar ciertos tipos de imágenes en la sociedad: creación de un tipo de delincuente y su utilización mediática como chivo expiatorio para justificar ciertas medidas, la formación de una imagen de la institución policial como infalible y omnipresente/omnipotente y la construcción de una ciudadanía asediada por un delito sociófago que es mostrado como tendiente a la aniquilación social. 1El canal referenciado es https://www.youtube.com/channel/UCj0LDxFKAd-NFZfbtg74AFg      Palabras clave: inseguridad, Policía, delincuente  

Abstract:
El trabajo  se desarrolla en el marco de una investigación más amplia que aborda el empleo de TICs como una de las dimensiones implicadas en la reconfiguración del campo del gobierno de la seguridad en los últimos años. El Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) fue creado por el poder ejecutivo argentino e impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, orientado a maximizar la utilización de los sistemas biométricos en contribución de la gestión de la seguridad pública y el esclarecimiento de hechos delictivos. En este trabajo se describen y analizan las racionalidades tecnológicas asociadas a la implementación de esta intervención. Desde una perspectiva foucaultiana, entendemos la racionalidad tecnológica como una racionalidad práctica, es decir, como la lógica que organiza el orden de las prácticas, su regularidad y su sentido. El análisis se realizará prestando especial atención a la descripción de roles y funciones de las distintas agencias y sus interacciones, el sentido asociado al uso de tecnologías y la configuración de la relación público – privado. A partir de un abordaje cualitativo, se reúnen y analizan los documentos disponibles sobre SIBIOS (disponibles en boletines oficiales y sitios web gubernamentales). Asimismo, para el análisis de las lógicas que supone esta intervención se realizan entrevistas a funcionarios del Minsiterio de Seguridad así como funcionarios de las distintas fuerzas de seguridad implicadas en la gestión del programa.

Abstract:
El presente trabajo se enmarca en una serie de estudios estadounidense y europeo concentrados en analizar los efectos del encarcelamiento y las dificultades de los ex detenidos para insertarse en el mercado de trabajo- entre ellos Uggen (2000), Petersilia (2001), Bushway y Reuter (2002), Harrison y Schehr (2004), Harris y Keller (2005) y Visher y Debus (2008)-. En esta misma línea de análisis pueden destacarse los trabajos de Visher et al. (2008), Berg y Huebner (2010) y de Bouilly (2011) en el contexto argentino, que analizan las trayectorias laborales de ex presos y la influencia en las mismas de los programas de asistencia pospenitenciariaria que plantean algún tipo de relación con el trabajo, atendiendo particularmente a las formas en que éstos son implementados y a los efectos que generan en los sujetos destinatarios de los mismos. Los programas de trabajo pospenitenciario son legitimados como intervenciones destinadas a la reintegración social de las personas privadas de su libertad. Los mismos pueden entenderse como unas herramientas y acciones, entre otras, a través de las cuales se busca gestionar la seguridad a partir de gobernar a un sector de ex – presos/as luego de su liberación y que producen una serie de efectos específicos en sus trayectorias vitales. Esta investigación recogerá, desde este punto de vista, una perspectiva teórica para pensar el gobierno, inspirada en el trabajo del último Foucault que lo concibe como las múltiples formas de estructurar el campo de acciones posibles de los otros, que se desenvuelven “dentro” y “fuera” del estado y configuran los usos de la libertad por parte de los sujetos en un juego perpetuo signado por las posibilidades de resistencia. En este sentido el objetivo de este estudio será analizar cómo operan las intervenciones estatales que buscan gobernar a través del trabajo en la ciudad de Santa Fe, y comprender las maneras en que los diversos actores encargados de su implementación como así también sus destinatarios valoran dichas intervenciones. Para el desarrollo del objetivo anteriormente mencionado por un lado, se llevará adelante el análisis de los documentos de política pública vinculados al trabajo poslibertad. Por otro lado se efectuarán entrevistas en profundidad a los profesionales encargados de gestionar los programas de trabajo poslibertad y a los actores destinatarios de los mismos en el contexto de la ciudad antes mencionada.

Abstract:
O debate entorno da política global de guerra as drogas é um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço dentro e fora da academia. Transformações políticas acerca da regulação do consumo da cannabis nos EUA, onde vários estados legalizaram para fins recreativos, e no Uruguai, onde o Estado tomou para si o monopólio da produção, distribuição e venda da erva, massificaram as discussões sobre o tema. De um lado, observa-se clamores pela revogação da criminalização do usuário unido a legalização da cadeia produtiva das drogas criminalizadas, por outro lado, defensores do status quo rejeitam tais mudanças afirmando que os graves problemas decorrentes do uso e do tráfico de drogas serão agravados. É praticamente unânime dentre os especialistas que a atual abordagem criminalizadora encontra-se saturada, produzindo efeitos colaterais piores do que o problema original que pretendia-se combater, porém, ao perceber que o meio acadêmico pouco conhece os argumentos fundadores do proibicionismo e entender ser necessário conhecê-lo antes de criticá-lo, o presente trabalho pretende apresentar os mais importantes argumentos políticos e sociológicos em defesa do proibicionismo para responder o questionamento fundador do debate sobre o tema: por que as drogas devem ser criminalizadas?

Abstract:
O objetivo do trabalho é apresentar a estrutura jurídica e organizacional da repressão ao tráfico de drogas no Brasil e como este afeta ou não as estratégias de ação do governo do Rio de Janeiro. A repressão às drogas no Rio de Janeiro pode ser considerada paradigmática por diversos fatores. A polícia militar do Rio de Janeiro (PMERJ) é uma das mais letais do mundo; o número de policiais militares fluminenses mortos em serviço e em folga e de membros com problemas psiquiátricos é bastante alto quando comparado com outras instituições; a relação corrupta de parte das policiais fluminenses com membros das redes narcotraficantes é bastante estudada, assim como os próprios grupos de comércio varejistas de drogas que se estabelecem nas favelas cariocas. Essas características chamam atenção para os problemas do tráfico de drogas e sua repressão no Rio de Janeiro. Entender que condicionantes e constrangimentos jurídicos e organizacionais influenciam a construção desse cenário é o principal objetivo do trabalho. Um dos elementos a ser considerado é o papel da polícia federal (PF) na repressão às drogas indicado na Constituição Federal (CF) do Brasil de 1988. De acordo com a CF em seu artigo 144, parágrafo 1º e inciso II, a PF se destina a prevenção e repressão do tráfico ilícito de entorpecentes. Já o julgamento dos crimes é da Justiça Federal, de acordo com a Lei de drogas 11.343/2006 em seu artigo 70, ainda que ela atue apenas nos casos de ilícito transnacional. A Secretaria Nacional de Entorpecentes, posteriormente conhecida como Anti-drogas e, finalmente, como Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas teve como inspiração para sua criação a Agência de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA na sigla em inglês). A atuação na repressão nunca foi realizada e seus objetivos foram reduzidos aos aspectos preventivos. Contudo, sabe-se que, ainda que o comércio de droga seja intrinsecamente transnacional, a repressão acaba por ser realizada pelas políticas militares estaduais. No Rio de Janeiro, a PMERJ está submetida à Secretaria de Segurança Pública (SESEG). Pressupõe-se que elas devam conceber a estratégia de atuação da desarticulação das redes de narcotraficantes e na repressão às vendas. Contudo, a atuação jurisdicional da PMERJ e SESEG é estadual. Dessa forma, parece surgir um cenário disforme no qual a policia estadual atua somente na repressão ao tráfico intraestadual, que é sobremaneira de âmbito varejista. A atuação acaba se tornando acéfala e vinculada a ações em ambientes de fluxos de pessoas e carros e a operações direcionadas por denúncias, indicando um trabalho concentrado em ações pontuais e desvinculadas da atuação da PF. Pretende-se mostrar pormenorizadamente as vinculações dessas ações e projetos específicos de repressão da SESEG com a estrutura organizacional nacional.

Abstract:
O trabalho visa trazer à discussão as transformações ocorridas no Brasil e no Uruguai quando estes países se redemocratizaram nos anos 1980, bem como das medidas por estes adotadas para adequar as ações das forças de segurança aos novos tempos. No Brasil deixou-se de inserir as modificações necessárias neste campo quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, mantendo a estrutura destas forças intocadas, deixando a sensação de que esta área não foi democratizada como deveria. Já no Uruguai, embora a origem e formação da Polícia Nacional, tenha se dado de forma semelhante ao modelo brasileiro, a realidade atual da estrutura de segurança pública quase não mantêm similaridade. Por ser um estado unitário e um país pequeno, os entendimentos entre o poder local e a sua polícia é mais fácil, assim como a relação entre o Estado e o cidadão. No Brasil a extensão territorial, aliada ao modelo de segurança pública adotado, mais a relação do governo com os cidadãos tornam essa conexão bastante difícil. Outro ponto de diferenciação é que no Uruguai há uma transparência maior sobre as incidências criminais, que são públicas e atualizadas trimestralmente pelo Observatório Nacional de Violência e Criminalidade, além de uma preocupação constante na implantação de políticas de combate à violência e de melhorias e avaliações contínuas das que já existem, com diagnósticos e estudos técnicos dos cientistas sociais do Ministério do Interior. Lá concepção de segurança pública é muito clara no sentido de prestação de um serviço aos cidadãos uruguaios, enquanto que no Brasil esta concepção se dá no sentido de manutenção dos poderes corporativos, voltando o foco às próprias instituições e não à prestação de serviço com garantia de direitos, tornando difícil qualquer mudança na sua estrutura. Outro ponto de distanciamento em relação à segurança pública é que no Uruguai a (re)democratização dessas atividades é uma realidade verificada através do conjunto de leis adotadas e modificadas após o fim da ditadura, conforme Vila (2006 e 2012) e Paternain (2008 e 2013), visando aproximar a polícia dos cidadãos, dar transparência tanto às suas ações quanto às incidências de violência e criminalidade. No Brasil, essas mudanças deixaram a desejar e se refletem até hoje na falta efetiva desta atividade de segurança cidadã e participativa, segundo Tavares dos Santos (2009), Mesquita Neto (2011) e Costa e Lima (2014). O objetivo é analisar como a segurança pública evoluiu e se modificou nestes países desde então, bem como os desafios que enfrentam frente ao avanço da violência e da criminalidade. O presente trabalho é resultado de pesquisas dos autores para teses de doutorado e estudos futuros. O método utilizado é de análise de dados quantitativos e de discurso dos planos e legislação de segurança pública.

Abstract:
A centralidade conquistada pela temática da segurança pública na agenda política social e orçamentária no Brasil tem motivado o debate na formulação, implantação e avaliação de programas e planos de segurança pública, em nível local, respaldados por uma diretriz nacional. A criação de uma secretaria especifica no âmbito do Ministério da Justiça, tendo como competências, a implementação e acompanhamento da Política Nacional de Segurança Pública e de Programas Federais de Prevenção Social e Controle da Violência e Criminalidade, destacam-se como esforços institucionais para atender a agenda de consolidar um Estado de direito e ampliar as garantias da Cidadania e Direitos Humanos no Brasil. Mas com o aumento das violências na sociedade, emerge o questionamento de até que ponto é possível responsabilizar apenas a sociedade, com o seu conjunto de atores, incluído o Estado, ou apenas o Estado, por sua atuação um tanto quanto discreta no combate as violências nos últimos anos, no campo da Segurança. Nesta perspectiva a pesquisa discorre sobre o orçamento da política pública de segurança em âmbito federal, analisado não apenas a Segurança Pública, mas também as Forças de Defesa, tais como Exército, Marinha, Aeronáutica, Policias Militar e Federal, e estratégias de Fronteiras, dos anos de 2005 a 2015, explicitando seus planos e programas elaborados e executados, bem como a relação no escoamento do recurso financeiro com o modelo de Política de Segurança vigente, aprofundando a discussão sobre o modelo de Política de Segurança, e sua relação matricial com o orçamento público federal. Questionamentos como: Qual a Política Nacional de Segurança Nacional e Segurança Pública, enquanto diretriz inteligente e estratégica para estados e municípios? Qual a qualidade do recurso investido para a sua atuação? Qual o propósito deste investimento? É qual o modelo de segurança vigente, são as indagações deste estudo sobre os recursos financeiros da segurança e sua relação de eficiência com os índices de violência e criminalidade, e sua incidência nos crimes violentos no Brasil, buscando questionar o uso do recurso público, bem como a definição de uma estratégia harmônica e eficaz por parte da Política de Segurança no combate as diversas expressões das violências.

Abstract:
En la última década, tras el fin de la hegemonía neoliberal, en el Cono Sur se abrió un nuevo ciclo en el que el rol del Estado volvió a ser objeto de disputa y foco de discusión y, paralelamente, el tema de la inseguridad ha adquirido progresivamente una inusitada relevancia sociopolítica. Es a partir de este escenario que proponemos conocer con mayor profundidad la problematización correlativa de la (in)seguridad y del rol del Estado en la región. Por ello, el objetivo general de este trabajo es analizar las posiciones que toman distintos think tanks neoliberales acerca de las configuraciones específicas que debería adoptar el Estado, a partir de la instalación del problema de la (in)seguridad en el Cono Sur. Específicamente se estudiarán las propuestas de los distintos think tanks en materia procesal-penal, policial y/o penitenciaria.