Abstract:
Desde el retorno a la democracia, se ha observado una preocupación en los colegisladores chilenos, quienes han impulsado y aprobado diversas leyes relacionadas a la temática de transparencia política y probidad, regulando la declaración de patrimonio e intereses de autoridades y funcionarios públicos, el acceso a la información pública y la creación del Consejo para la Transparencia (Soto & Jaraquemada, 2013), y algunas más nuevas como la ley para el fortalecimiento y transparencia de la democracia, entre otras. Y, si bien no se puede negar que en las últimas dos décadas Chile ha materializado progresos en lo que dice relación a normas e instituciones ligadas a la transparencia y probidad pública, tales avances, han sido parciales y generalmente impulsados por algún escándalo de corrupción (Zalaquett, 2011). Y ya conocidos son los escándalos políticos como PENTA, CAVAL, SQM, entre otros, los que hacen prever que la institucionalidad chilena está en crisis o en decadencia. De esta manera, se plantea que a lo largo de los últimos veinte años el Congreso, al igual que otras instituciones públicas, ha ido perdiendo confiabilidad por parte de los ciudadanos (Latinobarómetro, 2016), y con ello su capacidad de representar al conjunto de la sociedad y la heterogeneidad de visiones que la conforman, lo que ha generado cuestionamientos a su labor y funciones que le son propias: legislar, fiscalizar y representar (PNUD, 2014). Lo anterior es preocupante, dado que la desconfianza hacia las instituciones públicas como el Congreso, podría atentar contra la legitimidad del proceso de toma de decisiones y contra la capacidad de implementar reformas, lo que podría derivar, eventualmente, en problemas de gobernabilidad y/o estabilidad política (Centro de Políticas Públicas UC, 2015). Ante este escenario de alto cuestionamiento a las instituciones públicas, entre ellas el Congreso, y a sus formas de vinculación con la ciudadanía, se hace necesario replantear un diseño político que sea capaz de revertir las bajas evaluaciones, con el fin de repensar las instituciones con nuevos diseños y practicas institucionales. De esta manera el objetivo de este trabajo es proponer lineamientos que puedan contribuir a la legitimación de los poderes legislativos por parte de la ciudadanía, identificando cuáles son los principales desafíos para fortalecer la legitimidad parlamentaria y, en particular, los relacionados con la transparencia, y contando con una evaluación de las políticas de transparencia legislativa desplegadas en Chile. En este sentido, el presente estudio es de carácter explicativo, con una metodología cualitativa, en base a entrevistas individuales de tipo semi-estructurado, ya que se busca acceder a procesos perceptivos, cobrando interés la perspectiva propia de las los actores políticos, tales como académicos, legisladores, organizaciones civiles, y organizaciones no gubernamentales o fundaciones, sobre los conceptos que se vinculan con la transparencia legislativa.

Abstract:
El presente siglo comenzó con grandes transformaciones que se vaticinaron desde comienzos de los noventa en adelante. La apertura de la red de Internet a mediados del '90 para las personas revolucionó en forma incremental la vida pública y privada de las personas globalmente. De este modo, en la segunda década del siglo XXI, las tecnologías de la información y las redes de comunicación globales están instaladas en el cotidiano de los sujetos. El desarrollo de la información en las sociedades latinoamericanas, ha avanzado cuantitativamente: amplia cobertura de Internet, suena prometedor, sin embargo, el desarrollo humano es la gran deuda de las sociedades.  Esta ponencia se plantea a partir de la investigación realizada en el contexto del Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, cuya investigación lleva el título "Trayectorias de la Institucionalidad  en Cultura: del Modelo Participativo a la creación del Ministerio" (2013-2015). Los resultados de la investigación citada, plantean varias inquietantes para continuar investigando tanto sobre la temática de la participación como de la función de los Estados y las políticas públicas al respecto. El caso del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes es emblemático, por lo menos en Chile, ya que se trata de un ejemplo de participación vinculante de los actores y stakeholders en la formulación de las políticas culturas desde año 2003 en adelante. El Estudio de Caso partió por el cuestionamiento del fracaso de este tipo de institucionalidad en Chile, la respuesta a estos cuestionamientos iniciales no es por cierto alentadora.  Como investigadores de lo social, se busca incesantemente dar cuenta de las estructuras que subyacen a los fenómenos sociales. El caso del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes no fue la excepción, ya que desde la teoría de la gobernanza moderna, es posible explicar que las razones son de un carácter profundo que dan cuenta de la desigualdad social, la inexistencia de una sociedad civil organizada y del poder disperso, muy fragmentado e ineficiente en la sociedad (Mayntz, 2002).   ¿Cómo en países con estructura burocrática tradicional con bajos niveles de participación, con sociedades civiles débiles, con altos niveles de desigualdad social van a entrar a esta sociedad global, en red?   Este es el tema que subyace la ponencia a exponer, que busca generar discusión y debate al respecto a partir de este cuestionamiento para determinar cómo el tipo de participación vinculante en las actuales sociedades en la era de la información puede suscitarse. Como consecuencia, la creación de un Ministerio permite develar ante todo el fracaso del Consejo para responder a las necesidades del sector cultural y que la existencia de una figura de tipo bottom up para diseñar políticas públicas, no resistió el peso de la organización político administrativa tradicional. Además, fue posible observar resistencias a la creación del Ministerio, que se relacionan con los contenidos del proyecto, más que con la figura misma de un ministerio. Conclusiones que hablan de años luz para desarrollar gobernanza moderna en el país.

Abstract:
O presente trabalho tem como intuito pensar os entraves para o processo de institucionalização do Ministério da Cultura (MinC) e das políticas públicas de cultura no Brasil, a partir do cenário de crise política e econômica que culminou no afastamento da Presidenta Dilma Rousseff (PT) e, consequente, estruturação do governo, a priori interino, de Michel Temer (PMDB). Sob o estandarte do enxugamento da máquina pública, como medida para o corte de gastos, Michel Temer reduziu o número de ministérios de 32 para 24 e, com isso, a partir de uma edição extra do Diário Oficial, com a medida provisória nº 726, artigo 1º, inciso V, extinguiu o Ministério da Cultura, transferindo suas atribuições para o Ministério da Educação e Cultura (MEC). Essa mudança de rota tomada pelo governo interino encontrou resistência do campo cultural que, como resposta à decisão federal, realizou uma série de ocupações em prédios do extinto ministério por todo o País demandando a permanência do MinC. Tais movimentações acabaram por pressionar o governo Temer a recriar o órgão máximo da gestão cultural no País. Como sabemos, o nível de institucionalização de um órgão público é a dimensão central de certa estabilidade no desenvolvimento e implementação de suas políticas, o qual ainda se manifesta como um horizonte a ser alcançado na seara cultural. Logo, com vistas a reconstruir quais narrativas foram forjadas por parte do governo interino em torno da extinção do ministério e as ações em prol de sua recriação, o empreendimento metodológico da pesquisa parte da coleta e análise de discursos oficiais, documentos oficiais, matérias e entrevistas midiáticas dos gestores públicos ligados à gestão Temer. No que tange o campo cultural também far-se-á o uso de matérias e entrevistas midiáticas, e de manifestos e postagens em redes sociais, espaços privilegiados de análise. Esse percurso hermenêutico também buscará aportes em documentos que apresentem dados sobre o orçamento do ministério; desenvolvimento e sistematicidade de políticas culturais, uma vez que tais fenômenos são primordiais para pensar os entraves no processo de institucionalização do ministério. O esforço de refletir essa realidade recente tem ligação com toda a trajetória histórica do MinC que em cerca de 30 anos de existência já sofreu duas extinções, remodelações em seu desenho institucional e uma série de comprometimentos, sejam orçamentários ou no corpo técnico. Esse artigo sinaliza contribuições à esteira de esforços teóricos que tem como intuito problematizar as fortalezas e contradições das políticas culturais no Brasil e sua dificuldade de institucionalização através do Ministério da Cultura.

Abstract:
A neutralidade da rede consiste no tratamento isonômico e não-discriminatório dos dados que trafegam na internet. Concebida como um princípio de arquitetura da rede e gerenciamento do tráfego de dados, a neutralidade da rede consagra-se globalmente como regra fundamental à regulação do acesso à internet e à proteção dos interesses dos usuários. Contudo, na América Latina, a neutralidade da rede apresenta-se em dimensões institucionais bastante assimétricas, devido aos diferentes ciclos em que as políticas públicas sobre acesso à rede estão sendo experimentadas, com impactos igualmente sensíveis ao desenvolvimento econômico e social da região. O objetivo desse trabalho será comparar a dimensão institucional da neutralidade de redes no Brasil e no Uruguai e seus desdobramentos para o desenvolvimento econômico e social da América Latina. Inicialmente, serão analisados e confrontados os desenhos institucionais do acesso à internet em ambos países, identificando os vários atores, seus níveis de decisão e ações intencionais praticadas; o ecossistema dos grupos de interesse e grupos de pressão; as principais organizações e instrumentos de governança; principais conflitos vivenciados e mecanismos de solução adotados; dentre outros aspectos próprios ao ciclo da política pública experimentada (metodologia de implementação, execução e avaliação). Em seguida, serão analisados os impactos dessas dimensões institucionais no desenvolvimento econômico e social desses países, sob a abordagem do desenvolvimento por capacidades (capability approach) preconizado por Amartya Sem, tendo como base os principais indicadores nacionais e os indicadores adotados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Abstract:
En esta ponencia nos proponemos recuperar los principales trabajos acerca de los grupos económicos en Ecuador  y los mecanismos que los sectores económicamente dominantes poseen para influir en las políticas públicas, centrándonos en el caso particular del Grupo Noboa. En la década de los ochenta en América Latina se han consolidado grupos económicos que, al día de hoy, controlan posiciones monopólicas de mercado. En los años noventa, la disminución del rol del Estado logró un incremento del poder privado en el mercado interno y, finalmente las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional permitieron la constitución de grupos financieros desde los cuales se toman las principales decisiones de política económica nacional. En Ecuador, el ingreso total de los grupos económicos representa el 46% del PIB. El Grupo Noboa tuvo intereses económicos y políticos desde su conformación. Llevó al gobierno a Gustavo Noboa (2000-2003) en cuyo mandato se renegoció el TLC. Asimismo, Álvaro Noboa, participó en cinco oportunidades como candidato a la presidencia de Ecuador (1998, 2002, 2006, 2009, 2012). El Grupo forma parte de un sector de la burguesía ecuatoriana, con intereses económicos diversificados constituyendo uno de los grupos de mayor peso económico y político del país. Entre las influencias del grupo en las decisiones de política económica nacional y sus estrechos vínculos con algunos de los más destacados políticos y empresarios del país,  podemos mencionar: a León Febres Cordero, ex Presidente de la República; Enrique Ponce Luque ex legislador del partido de Gobierno y subgerente de Exportadora Bananera Noboa;  Clemente Yerovi y Otto Arosernena, ex-presidentes de la República; Agustin Febres Cordero, gerente del Ingenio San Carlos, etc. En los últimos años, los grupos económicos han optado por ejercer el poder en forma directa, sin intermediaciones o través de cuadros técnicos que responden sus propios intereses desdibujando los límites entre el poder económico y la política. Este hecho, en el caso particular de Ecuador, se pone en juego de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2017. En las mismas, se le suma a la imposibilidad de reelección del actual presidente Rafael Correa, el triunfo de la Alcaldía de Quito en manos de Mauricio Rodas en 2014, y la coyuntura de una vigente crisis económica que, como propio de las crisis, siempre generan escenarios políticos inesperados. El futuro político de Ecuador no solo es importante en términos de una confrontación política interna, sino que además pone en juego los esquemas de integración Latinoamericana. Resulta necesario estudiar los grupos económicos de poder poniendo, no únicamente foco en la dimensión política, sino, en las configuraciones de las identidades políticas y en los actores sociales que encarnan las representaciones ligadas a las nuevas derechas.

Abstract:
O objetivo geral do texto é conceituar o termo Ditadura Inconstitucional, a realidade nacional firmada a partir de 2016. Entenda-se, neste momento, por Ditadura Inconstitucional, uma fase pós-moderna de exercício do poder institucional inerente ao clássico Estado de Exceção. Todavia, trata-se de uma forma-Estado muito mais ideológica e legalista do que outrora, quando se baseava o poder de intimidação/opressão nas estruturas de autoritas. Golpe de Estado convencional, ditadura civil ou militar, despotismo, quartelada, são exemplos tradicionais de exceptio. A decretação do instituto denominado Estado de Emergência (França, Turquia) ou a Lei Antiterror nacional, combinando o passado e o presente, são exemplos bastante atuais do poder ex parte principis. Nossa peculiar ditadura, por sua vez, faz uso de uma verdadeira exegese de exceção – do direito positivado, de seus tribunais e juízes – para solapar a Constituição Federal de 1988. Além, obviamente, de acomodar os reais Grupos Hegemônicos de Poder com a “ruptura institucional” (ou Golpe de Estado), assiste placidamente ao desmonte dos direitos fundamentais sociais e individuais ou corrobora com o fim do Estado Laico. Além dos clássicos fenômenos do bonapartismo, do cesarismo e da convencional ditadura civil e militar, a Ditadura Inconstitucional apresenta-se sui generis: considerando-se que a Constituição Federal de 1988 esteja em vigor, qualquer atentado aos direitos fundamentais individuais e sociais, bem como práticas político-jurídicas antipopulares, antidemocráticas, antirrepublicanas, constituem-se num amplo “conjunto da obra” autocrático, ditatorial e inconstitucional. Simplesmente porque viola frontalmente o Princípio Democrático albergado na CF/88. Por sua vez, é um constructo que também engendra uma perspicaz legalidade de exceção que se volta diretamente contra o Princípio Democrático. Sem que se admita uma “ruptura institucional” (Golpe de Estado), uma verdadeira exegese do ordenamento jurídico é direcionada contra a Constituição Federal de 1988. Muitos exemplos e argumentos podem ressurgir, em momentos diversos do texto, ora como recurso de linguagem, ora a fim de que o conceito seja melhor apreendido a partir do realismo político instaurador.

Abstract:
Mediante la presente ponencia, desarrollada en el marco del PII 510 de la Facultad de Derecho de la U.B.A.: "Crítica del concepto de concepción en el nuevo código civil y comercial. Derivaciones, consecuencias y puesta en jaque al legislador desde una aproximación iusfilosófica.", me propongo realizar una problematización del artículo 19 del nuevo Código civil y comercial de la nación. Dicha propuesta implica una mirada crítica sobre los discursos y actores sociales que participaron de su redacción y sanción, y por sobre todo, de los debates que acompañaron este proceso. Luego del trabajo con documentos como los debates parlamentarios, jurisprudencia internacional y artículos científicos que apoyaban las distintas etapas de su redacción entre 2011 y 2015 buscaremos dar cuenta de cruce de una diversidad de marcos conceptuales y epistemológicos que sustentan un texto de tan alta performatividad. Para esto abordaremos conceptualmente la especificidad del discurso legal desde marcos conceptuales críticos que nos permitan abrir el debate sobre el sus efectos concretos sobre los cuerpos y los presupuestos ético-epistemológicos que lo atraviesan. Partiremos de comprender el artículo 19 como una arena de disputa donde distintos discursos buscaron y buscan imponer sus sentidos afines a sus intereses y desde un marco biopolítico de los procesos sociales. Frente a las nuevas y viejas realidades que desafían a América Latina en estos años considero relevante dedicar tiempo y esfuerzo a ahondar en la complejidad de este tipo de procesos donde la polisemia de los textos legales abre un espacio con tan alta potencialidad como lo es la in/definición del inicio de la vida humana y de la persona de derecho.

Abstract:
Atualmente, quando pensamos qualquer iniciativa que se vincule a promoção de políticas de prevenção, deve ser incorporada a reflexão, a adoção de uma forma diferenciada de realizar a gestão administrativa das mesmas. Isso significa que, urge a necessidade de romper com a lógica de atuação fragmentada, incentivada pela própria forma de organização dos estados, divididos por secretarias e seus órgãos vinculados. E onde, cada secretária se responsabiliza, de maneira exclusiva, por cada um dos setores do governo e, por consequência, por dada área da vida social. É preciso então, um esforço suplementar para garantia da integração de ações, evitando assim, o distanciamento entre as secretarias de governo, criando laços orgânicos no âmbito da coordenação de políticas públicas. Nesse sentido, e pensando o contexto do estado de Alagoas e a política de prevenção à violência proposta pelo Governo do Estado, a partir de instrumentos como o decreto nº 45.082, o qual cria o Comitê Gestor da Política de Prevenção à Violência; a criação dos Comitês Locais de Prevenção, bem como a criação do Observatório de Prevenção à Violência; um aspecto de fundamental importância, no que se refere à reflexão em torno da problemática da prevenção no referido estado, diz respeito à necessidade de maior problematização acerca dos fatores institucionais de risco, que podem atuar como promotores ou inibidores da violência.  Especificamente, a presente proposta visa discutir a capacidade do estado em promover ou não políticas de prevenção, assim como discutir sua relação direta com as questões relacionadas ao gerenciamento das ações policiais (proativas e reativas).

Abstract:
Cada época tiene su forma de relación entre ideas, isntituciones y disposiitivos que la constituyen, así como las respuestas sociales a ella. Diríamos que hay un correlato entre su poder, saber, verdad, expresados en la modernidad en Estado, mercado y comunidad. De la misma forma los mecanismos de dominación y orden, los derchos, las garantías se relacionan. El paradigma jurídico social está relacionado epocalmente. El liberal era coherente en su diseño del papel del estado y del derecho civil liberal, el modelo de derechos sociales con el estado social, el modelo desregulado y atomizado en el acceso a bienes con el modelo liberal y global de sociedad. La cuestión es ubicar en cada uno la forma más efectiva de la lucha por los derechos humanos. Si se analizan las diferencias y continuidades entre el modelo liberal y el de defensa de derechos o la propuesta garantista puede observarse como ellos eran una misma ratio y sus diferencias en verdad desplazamientos. Sin embargo el modelo neoliberal de sociedad, economía y estado es en verdad un deslocamiento, un creciente vaciamiento del estado no solo un nuevo uso. Pese a las resistencias, la respuesta social ha tendido al fragmento. La teoría crítica de los DDHH ha intentado comprender esto, que luchas son posibles en cada momento y manera. Precisamente porque la fragmentación es un signo de época hay que  comprender cuestiones mínimas respecto del estado actual de lo político, lo jurídico y lo institucional e intentar nuevas estrategias que afirmen los derechos frente a su disolución en las reglas del juego. Si el sentido que gobierna a todo esto es la de una sociedad de  proyectos sin una relación profunda a un todo integrado, la pregunta más allá de la lucha social y la judicialización es como actuar en ella, que estrategias permitan enfrentar los poderes y sus porosidades, como permitir la erupción de los micro poderes, como luchar desde el fragmento y no solo desde los metarelatos. De allí la necesidad de repensar los usos de lo posible, como ocupar el estado en sus roles declarados y/o abandonados, como reducir el mercado a su lugar de intercambio y no como fundamento seudo  religioso, como reorganizar las comunidades y bajo que lógicas y sentidos. Como rearmar y construir saberes, proyectos para proyectos emancipatorios, con que herramientas, en que niveles, con qué metodologías. El lugar del conatus es esencial. Ocupar intensamente la base de instituciones como la educación y administración es una forma de tensionar la sociedad de proyectos fragmentarios; en ello las metodologías de acción política y técnica pueden aportar complejidad y sustentabilidad.