Abstract:
Los años 2015 y 2016 han sido los años más violentos en la historia del siglo XXI para El Salvador, hasta el punto de crisis que el gobierno decidió declarar un Estado de Excepción en 2016 en los centros penitenciarios del país, modificar leyes para aumentar la represión y crear nuevas unidades represivas especializadas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. La violencia parece no frenar en el 2017 con la renovación por parte de la Asamblea Legislativa y el gobierno del Estado de Emergencia y el despliegue de los Batallones Anti-Pandillas con divisiones especializadas entrenadas y financiadas por los EEUU cuyo objetivo único es acosar, golpear, desaparecer y exterminar a los y las pandilleras y cualquier persona joven que se encuentren en el camino. En estos últimos años se han hecho públicos diversos casos de personas no involucradas en pandillas que han sido asesinadas, desaparecidas y torturadas por el Estado. Dicho escenario es difícil de imaginar considerendo que unos años antes el presidente anterior Mauricio Funes declaró antes las Naciones Unidas que El Salvador había hallado un proceso de paz entre las pandillas MS 13 y Barrio 18.  La tregua entre pandillas en El Salvador fue un proceso novedoso para el país que duró desde marzo de 2012 hasta junio de 2013, siendo este de gran potencial para construir un proceso de paz duradero para uno de los países con niveles de homicidios más altos del mundo. Sin embargo, por fuerzas oligárquicas, económicas, y mediáticas y presión desde la Embajada de Estados Unidos, el gobierno del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) cedió ante la doctrina de seguridad nacional y regresó a las políticas fallidas de la Mano Dura, lo cual ha convertido a El Salvador en el país más violento del mundo, superando a Honduras en el 2015 en niveles de homicidios y haciendo este el año más violento para El Salvador en el siglo XXI. Después de la ruptura de la Tregua entre Pandillas que había logrado reducir los homicidios en El Salvador entre el 2012 y 2013 por un 60%, el segundo gobierno del FMLN ha optado por una guerra de “baja intensidad” perpetrado por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, convirtiendo El Salvador en el país más violento del mundo con un promedio de asesinatos de 104 por cada cien mil habitantes a finales de 2015 y 87 homicidios por cada ciene mil habitantes en el 2016.Para entender esta crisis de violencia, se requiere un análisis profundo de los contextos de historia, sociedad, política y violencia en El Salvador desde el pensamiento crítico de derechos humanos.

Abstract:
El delito es hace algunos años una de las principales preocupaciones de los gobiernos. Se despliegan una serie de tácticas de afrontamiento, tanto a nivel estatal como de la sociedad civil, todo esto habiendo identificado el delincuente en la población marginal de la ciudad. Se pretende comprender no tanto quién es el sujeto que se persigue, sino que poner énfasis en los modos de persecución y en el modelo de gobierno que sustenta tales prácticas, entendiendo que hay una construcción en la que toda la sociedad participa. A partir de una lectura de Michel Foucault y Löic Wacquant, se propone que el actual gobierno de la delincuencia responde a políticas neoliberales que normalizan a la población. Foucault destaca dos elementos en este sentido, a saber, que son las tácticas por sobre las leyes el instrumento a utilizar para el control de la población, y la introducción de la economía en el ejercicio político del Estado. Wacquant, por su parte, explica la contribución del neoliberalismo en tanto introduce "el puño de hierro del Estado penal asociándose a la mano invisible del mercado” (Wacquant, 2010: 3) que deviene en un inevitable gobierno de la pobreza, donde la criminalización cumple un rol central. De este modo se analizará cómo los gobiernos despliegan sus tácticas que van desde altas tasas de encarcelamiento hasta el incremento de programas destinadas al control por medio de la intervención en el grupo familiar, los hospitales y las escuelas, pues los límites del poder se traman con la extensión del tejido social.

Abstract:
La presente ponencia[1] tiene una doble finalidad. Por un lado, exponer las estrategias que cohabitan entre las principales iniciativas gubernamentales con las estructuras que componen el campo policial en la Provincia de Córdoba en los años que corresponden a la puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Por el otro, reflexionar acerca de la orientación resultante de las dinámicas endógenas e intra-organizacionales en un contexto macro-social, donde la creciente policialización y militarización componen lo imperante a nivel nacional y regional. Siguiendo la propuesta de Bourdieu[2], entendemos la sociedad como un conjunto de esferas relativamente autónomas atravesadas por una serie de relaciones históricas entre posiciones ancladas en determinadas formas de poder. En la implementación de políticas públicas securitarias se presentan en complementariedad un conjunto de campos administrativos o burocráticos y estructuras relativas a organizaciones policiales públicas, ambos signados históricamente por trayectorias. Junto con otros agentes del sistema político, como expertos, luchan por esa forma particular de autoridad que consiste en mandar por medio de legislaciones, regulaciones, medidas administrativas, y todo lo que se puede entender bajo el rubro de políticas de Estado. En Latinoamérica y en Argentina coexisten procesos muchas veces contradictorios oscilantes entre la militarización, el policiamiento intensivo y estrategias de prevención no punitivas que distan de ser un todo homogéneo. Los modelos tradicionales que la sociología institucionalista del control penal propone explican grandes cambios en las burocracias policiales modernas y contemporáneas a través de la atribución de estos a modelos impersonales, shoks exógenos. De lo que aquí se trata, sin embargo, es dar cuenta de las orientaciones específicas de estrategias que los actores abordan en la reforma de políticas securitarias en la Provincia de Córdoba.  En este sentido, la ponencia se estructurará en un primer momento con la caracterización de los actores e instituciones que componen los campos en los que se desarrolla el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana entre los años 2015 y 2016 a partir de la indagación documental y a través de entrevistas con funcionarios de las agencias gubernamentales y policiales. Adicionalmente, para reconstruir las trayectorias objetivas de las organizaciones involucradas, se recurrirá a fuentes secundarias y documentos oficiales. Se instala, de esta forma, la potencialidad de profundizar en el vínculo entre las tendencias endógenas y los procesos que vive la región.                                                       [1] Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación “Políticas de seguridad y prácticas policiales en la Provincia de Córdoba” y presentará algunos avances de mi  Trabajo Final de Grado de la licenciatura en Sociología. [2] Bourdieu, P. (1992). Rethinking the State. Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. Sociological Theory 12.

Abstract:
O Estado moderno, emergindo sob a arguição da potencialidade da violência humana e do temor de sua materialização, confere a si próprio o lugar de detentor do monopólio da violência legítima. Nasce, portanto, num rompante de violência com o fito de suspender a possibilidade de concreção da mesma. Por que, então, não a suprime nem sequer a minimiza? Esta foi uma das indagações com que a pesquisadora deu início à investigação social levada a termo no curso de seu doutoramento em Sociologia, que resultou no trabalho final intitulado “Os mistérios de uma mercadoria singular: desvelando o caráter mercantil da violência”. A premissa – ao fim, confirmada – era a de que, no sistema do capital, a violência é uma entre os milhares de mercadorias que se encontram à disposição nas prateleiras do mercado, sob as mais diversificadas intensidade e formas: arte (cinema, música), literatura, religião, política etc. A violência é um dos elementos que deu razão para a emergência do Estado. Não coincidentemente foi também o meio pelo qual o capitalismo se constituiu; ela lhe forneceu base e alimento. Ademais, o capitalismo tem, sob hipoteca, o poder do Estado; enquanto este avaliza, antemão, as medidas que se fazem necessárias à existência do primeiro, dentro dos melhores possíveis padrões e cifras. Nutre-se um a expensas do outro. Daí, a violência – arcabouço e amálgama do Estado e do sistema do capital – não ser extinta ou ao menos reduzida em quaisquer de suas expressões ou modalidades. Nesse pacto de sangue, a violência, transfigura-se em produto comercializável, rentável e inesgotável. Por que ordem de razão, pois, seria permitido ao Estado, parceiro do mercado, pôr em risco sua lucratividade? Como transformar a segurança em real antagônico da violência? Como obter paz, sob o gume da espada do mercado? Acaso, a indústria armamentista e o ramo da segurança privada, em franco ascenso, estariam dispostos a abrir mão de uma alta lucratividade, oriunda dos bens e serviços que ofertam ao consumidor, cada vez mais aterrorizado com o propalado aumento da violência, em nome da segurança e paz coletivas? A mídia que se alimenta da tragédia humana, das guerras sangrentas e infindas – fonte inquestionável de lucro e enriquecimento de nações que as financiam e as estimulam – abdicaria dos índices de audiência de seus noticiosos que veiculam a mercadoria notícia? A impossibilidade de se obter, para estas duas perguntas, uma resposta afirmativa, é a certeza de que a violência é, e continuará a ser uma presença marcante na vida dos que habitam o planeta Terra, por todo o tempo em que perdura esse modo como tem sido produzidas as coisas e as vidas.

Abstract:
La presente ponencia constituye un primer relevamiento preliminar en el marco de mi proyecto de investigación de beca doctoral del CONICET titulado "El Plan Unidad Cinturón Sur. Análisis de las nuevas presencias policiales  y el gobierno de la “inseguridad” en territorios vulnerables". El tema tanto de este trabajo como de mi proyecto más amplio es el "Plan Unidad Cinturón Sur", lanzado por el gobierno del FPV a través del decreto 864/11 que determinó el despliegue de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) en barrios de las comunas 4 y 8, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se localizan gran parte de las "villas de emergencia" más importantes de la Ciudad. A cinco años de su implementación, el nuevo gobierno avanza en un lento pero progresivo desmantelamiento con el pretexto de reintegrar a las fuerzas a sus jurisdicciones correspondientes para fortalecer el patrullaje de zonas fronterizas. En este contexto sin embargo, gendarmes y prefectos continúan desempeñándose en territorios socialmente vulnerables, poniendo en práctica una de las políticas de seguridad más “innovadoras” y poco relevadas de los últimos años. La presente ponencia se propone como un trabajo exploratorio acerca de las prácticas y representaciones de suboficiales y oficiales de la Gendarmería en su actividad cotidiana. El material de campo resulta de la observación participante y entrevistas no estructuradas en el marco de un trabajo de campo etnográfico todavía vigente, iniciado con la Gendarmería en Marzo del 2016, así como el análisis de documentos oficiales proporcionados por la misma fuerza y otros disponibles en publicaciones digitales de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como diveros medios de prensa digitalizados.   

Abstract:
En Uruguay son asesinadas por su pareja o ex - pareja promedialmente 30 mujeres al año, en una población de 3.200.000, según la CEPAL es el país de AL con mayor prevalencia de ese tipo de violencia. La utilización de las tobilleras electrónicas en violencia doméstica, es una estrategia de protección a mujeres en situación de extremo riesgo. Esta política pública funciona en Uruguay desde 2012 y ha sido evaluada en 2016 . Uruguay es el único país en América Latina que utiliza este dispositivo para la violencia doméstica. La ponencia analiza los principales resultados (que pueden ser dados a conocer públicamente) de la evaluación realizada. La autora es la Especialista Sectorial de la evaluación.  

Abstract:
A partir de los trabajos de investigación de Caldeira (2000) y Silva (2005, 2016) entendemos que el espacio urbano en Brasil se ha constituido en un símbolo de disputas sociales arbitradas por la acción violenta y represiva del Estado. Esto conlleva una relación analítica entre territorio(s), imaginarios urbanos, violencia(s) y segregación, donde la planificación urbana aparece como dispositivo de seguridad. El reconocimiento explícito a nivel estatal de la relación entre política de seguridad y urbanismo surge con la nueva agenda de “seguridad con ciudadanía” implementada en Brasil a partir de 2007. Así, se estableció como primordial la creación de “lugares seguros” a partir de una combinación entre seguridad pública y planificación urbana, frente a la realización de los llamados “mega-eventos”: mundial de fútbol de 2014, y juegos olímpicos de Rio de Janeiro de 2016.  La combinación de estos hechos significó la instalación definitiva en los campos políticos, mediáticos y también académico, del discurso socio-ambiental de la seguridad en Brasil. Según esta narrativa el comportamiento psicosocial de los individuos y grupos, como la criminalidad, está estrechamente vinculado con las características ambientales. Lejos de constituir una resolución pacífica de los conflictos, como suele postularse, consideramos que este tipo de prácticas y discursos representan una simbolización de la violencia a través de la estigmatización que (re)produce la segregación en el espacio urbano.  Como muestra Loïc Wacquant (2004) toda acción estatal violenta requiere de fundamentos teóricos en el campo académico y/o intelectual que las legitimen. Entendemos que el discurso socio-ambiental de la seguridad, basado en los preceptos sobre el control del crimen provenientes de la escuela de Chicago de los años 60 y 70, juega ese rol principal marcando la relación entre política de seguridad y urbanismo, donde este último aparece como dispositivo de las mismas a través de instrumentos como las denominadas políticas de revitalización y creación de “lugares seguros”. En este trabajo nos proponemos, a partir de la metodología de Wacquant (2004), de-construir el discurso de la seguridad socio-ambiental, determinando cuáles son los actores e intereses intervinientes en una red de relaciones que ubican al urbanismo como dispositivo de resolución pacífica y/o “civilizada” del problema de la violencia urbana, y cuyo principal objetivo es la protección de los sectores medios y medios/altos de la sociedad, con su correspondiente contracara de estigmatización y criminalización de los sectores empobrecidos, y por esta vía de marginalización de vastas parcelas de la sociedad, legitimando la segregación urbana en la ciudad neo-liberal.

Abstract:
En la última década se han evidenciado las situaciones de riesgo que viven los estudiantes en escuelas de nivel básico (primaria- secundaria) en el país, ejemplo de ello en el año 2014, el periódico Milenio menciona que dentro de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en acoso escolar (bullying) dentro de los niveles de primaria y secundaria, afectando a 18 millones 781 mil 875 alumnos, reforzando la cifra presentada se compararon dichos números con los resultados que brindó el Instituto Politécnico Nacional, en donde éste menciona que de 26 millones 12 mil 816 estudiantes el 60% ó 70% ha sufrido bullying, número determinado a través de la población de alumnos en preescolar, primaria y secundaria del país; por otro lado, en mayo de 2016 La Jornada  expuso que el 60% de suicidios entre jóvenes es a causa de bullying, datos que fueron obtenidos a través de una encuesta realizada por parte de las Naciones Unidas (ONU), en esta nota se menciona a Silvana Giachero Castaño, quién es presidenta de los Congresos Internacionales Sobre Mobing y Bullying, durante el 4° congreso celebrado en Durango anunció lamentar que en México no se realicen estudios nacionales para medir los niveles de acoso escolar en las escuelas, los cuales consideran han aumentado y de no ser atendidos se pone en riesgo la calidad educativa y de vida en los estudiantes. Sin embargo en el país se encuentran con distintos programas o protocolos de acción que son ejecutados en las escuelas púbicas y privadas en favor de erradicar los fenómenos de la violencia escolar y acoso escolar, conocido por muchos países como el bullying”; pero dentro de estas acciones propuestas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en México, podrían no estar presentando resultados favorables en razón de disminuir la manifestación de dichos fenómenos. Tal es el caso, y centro de análisis de este trabajo, del programa de “violencia escolar” perteneciente a las acciones de prevención del delito con participación ciudadana que se presenta a través del recurso federal FORTASEG (antes llamado SUBSEMUN), que además éste ha tenido notorias modificaciones en los últimos 3 años ¿tales modificaciones son un indicio del fracaso del programa? ¿Bajo qué lógicas se emplea el recurso en dicho programa? ¿Qué tipo de cambios ha experimentado el recurso federal FORTASEG? La importancia de este estudio es evidenciar la transformación que ha sufrido una política pública de prevención de la violencia y acoso escolar en sólo 3 años, las nuevas formas en las que se gestiona el recurso destinada a la misma, las variables que cambiaron y quiénes participan.

Abstract:
Se exponen los lineamientos de una estrategia de intervención terriotorial para la prevención del delito de acuerdo con un diagnóstico local en el estado de Zacatecas, México

Abstract:
La presente contribución encuentra sustento en el intento de esbozar algunas respuestas relativas a la incidencia que, en materia de violencia y conflictividad urbana, han tenido las diversas políticas implementadas desde los gobiernos locales, esencialmente a partir del despliegue de acciones preventivas. En este sentido, durante las últimas décadas ha ido perdiendo consistencia la idea que postula que, ante la proliferación del delito y la  actuación criminal, la solución podría estar fundamentalmente basada en la implementación de respuestas orientadas a partir de la consideración individual del paradigma de prevención situacional o del paradigma de prevención social. Por el contrario, se ha sostenido la necesidad de abordar integralmente la problemática, desarrollando líneas de acción de carácter multiagencial y sosteniendo la coproducción social de la seguridad. A partir de este enfoque, la actuación de los gobiernos locales adquiere una especial significación, adoptando éstos un rol preponderante en la temática. Consecuentemente, la tendencia desarrollada en los últimos tiempos ha consistido en un incremento de la responsabilidad por parte de las jurisdicciones locales y la promoción del desarrollo de capacidades propias, orientadas a generar respuestas eficaces que redunden en una mejora en la calidad de vida de la comunidad. En la actualidad, se considera a la prevención del delito como un deber colectivo y proactivo, y no sólo como una tarea de carácter reactivo y exclusiva de la institución policial. En tal sentido, es que las acciones deben ser coordinadas e implementadas multisectorialmente. El objeto del presente trabajo atiende, específicamente, al análisis de las consecuencias observadas a partir de la realización de una evaluación de impacto sobre la implementación de un conjunto de cámaras de videovigilancia instaladas por el gobierno de la ciudad de Santa Fe. En términos espaciales, la política fue desarrollada en la zona oeste de la ciudad, concretamente, a lo largo de calle Lamadrid. En relación al marco temporal, hemos analizado la incidencia de las cámaras de videovigilancia a partir del comienzo de su funcionamiento el día 19 de septiembre del año 2016 hasta el día 1 de diciembre de 2016. La evaluación fue realizada analizando, por un lado, la situación preexistente en el territorio en el que se instalaron las cámaras y, por el otro, lo acaecido en áreas de similares características que funcionaron como grupo de control . Al efecto de construir el presente trabajo, hemos considerado información proveniente de fuentes institucionales, datos estadísticos, declaraciones gubernamentales y documentos técnicos de organismos internacionales involucrados en la materia.

Abstract:
El presente trabajo ancla sus preocupaciones, en términos generales, en la manera en que se desarrolla el gobierno de las poblaciones. En este sentido, consideramos de vital importancia académica, social y política, indagar sobre el modo en que la gubernamentalidad de la seguridad a partir de la prevención del delito como su principal estandarte, se ha constituido en un prolifero dispositivo de intervención en la ciudad de Rosario desde los años 1995 hasta el año 2015. La propuesta apunta al análisis acerca del carácter extremadamente productivo que adquirió en los últimos años en las ciudades de Nuestra América y especialmente en la ciudad de Rosario, el temor al delito urbano menor y el modo en que éste temor impulsa un conjunto de iniciativas públicas y privadas inscriptas en el marco de esta gubernamentalidad, que se despliegan con el fin de prevenir la comisión de hechos delictivos menores. Partimos de las siguientes indagaciones: ¿cuál es el modo en que la gubernamentalidad de la seguridad efectivamente se ha desarrollado en nuestra ciudad en los últimos años?; ¿Cuál es la racionalidad política que ha permitido la emergencia de este tipo de gobierno?; ¿cuáles son y de qué manera los diversos programas municipales apuntalan iniciativas vinculadas a modificar y mejorar situaciones y/o ambientes urbanos para reducir oportunidades de comisión de actos delictivos?; ¿cuáles y de qué modo diversas entidades privadas co- gobiernan e impulsan iniciativas con el propósito de reducir las oportunidades de delitos, intentando gestar un espacio público “seguro”? Las claves de lectura escogidas se sitúan en el enfoque que desarrolla Michel Foucault^[1] en la segunda mitad de la década de 1970 sobre gobierno y gubernamentalidad, andamiaje conceptual clave para pensar y problematizar las iniciativas, para mapear sus estrategias y tácticas desarrolladas en racionalidades específicas. La perspectiva teórica en la que se sitúa este trabajo se preocupa menos por tomar los aspectos institucionales de las políticas públicas, y más por un análisis de las estrategias y las tácticas que éstas comportan. Vale decir, no interesa tanto desandar un camino que problematice e intente pensar cómo se gobierna mejor la ciudad o a través de cuáles políticas públicas se efectivizaría ese mejor gobierno, sino, en todo caso, preocupa la pregunta por cómo se lleva adelante ese gobierno, interrogando al poder - y al gobierno como un modo de ejercicio de él- en sus despliegues y sus pliegues efectivos y reales. Los documentos serán trabajados y entendidos como “monumentos”. Se alude al hecho de que todo monumento fue producido con cierta intencionalidad en el marco de una relación de fuerza determinada.     [1] Foucault, 2001; 2006; 2007.

Abstract:
En los últimos años se ha fortalecido en América Latina la tendencia a la implementación de políticas públicas de prevención del delito como una de las formas necesarias para la gestión de la seguridad. La mayor importancia relativa de los gobiernos municipales, la instalación de cámaras de seguridad en el espacio público, la creación de policías municipales o de cercanía, la aparición de circuitos vecinales de vigilancia, entre otras transformaciones, dan cuenta de una línea de intervención en la gestión de la seguridad que es cada vez más local, cada vez más situada, y que dice dar, de diversas formas, intervención a la comunidad en su implementación. Además, estas estrategias preventivas se presentan, en general, como opuestas a las formas penales de intervención. A pesar de su fortalecimiento en los últimos años, la existencia de estrategias de prevención extrapenales no es en sí mismo novedosa. Ya la Escuela de Chicago a principios del Siglo XX trabajaba con un enfoque preventivo en torno a la violencia social urbana, dando centralidad al rol de la comunidad y tomando el espacio público como aquel objeto sobre el que es necesario intervenir y que hace falta modificar. Con presupuestos diferentes, la ciudad como objeto primordial del control social es también un punto nodal en la "Teoría de las Ventanas Rotas". Ambos posicionamientos han sido centrales en el desarrollo posterior de la criminología y las políticas de gestión securitaria, moldeando de distinta forma y en diverso grado políticas públicas posteriores. En este trabajo nos proponemos analizar qué pervivencias de ambos enfoques aparecen en la orientación de políticas públicas actuales de prevención del delito, aunque con mayor énfasis en la Escuela de Chicago. Nos interesa desandar sus principales presupuestos teóricos: qué objetos de intervención construyen, qué sujetos adquieren centralidad, qué presupuestos se ponen en juego sobre la vida urbana, qué miradas acerca del control social y la vida comunitaria. Creemos que ambas formas de articular la prevención del delito (qué prevenir, cómo prevenir, por qué prevenir) nos permiten ver elementos presentes en estrategias actuales de prevención en Buenos Aires, Argentina. La intención será, entonces, analizar los presupuestos de ciertas políticas públicas actuales en relación a estas dos formas de pensar la ciudad y el delito.

Abstract:
A chamada segurança cidadã é um modelo de segurança pública consolidado no Brasil (FREIRE, 2009). Este paradigma é definido como um conjunto de intervenções públicas realizadas por diversas áreas do Estado com atuação da sociedade civil “voltados para a abordagem e a resolução daqueles riscos e conflitos violentos e/ou delituosos que lesem os direitos e as liberdades das pessoas, mediante a prevenção, o controle e/ou a repressão dos mesmos" (PNUD, 2007). Nesse sentido, programas de prevenção à criminalidade vêm ganhando espaço no campo da segurança pública. O propósito deste artigo é analisar o programa Esporte à Meia Noite, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), cujo objetivo é oferecer atividades físicas para adolescentes de regiões com alta incidência de criminalidade no período de 21 horas até às 2. Como fonte empírica realizamos entrevistas com gestores da SSP/DF, o que nos permitiu identificar importantes elementos que nos ajudam a refletir determinadas políticas públicas no campo da segurança pública. Como resultado, mapeamos algumas dificuldades e tensões na execução desta política, sob a ótica dos gestores da SSP/DF, assim como o perfil dos atendidos no programa. Se considerarmos que os argumentos de David Garland (2008) fazem sentido para o contexto brasileiro, vivemos em uma “cultura do controle” que faz com que os operadores do direito considerem cada vez mais que a punição deve ser o principal caminho trilhado para resolvermos o problema da criminalidade. Nesse sentido, o argumento que desenvolvemos é que políticas de prevenção ao crime no campo da segurança pública possuem uma linguagem e um pressuposto repressivo, como por exemplo, no programa analisado, o fomento ao esporte durante a madrugada em periferias urbanas como um instrumento de combate ao crime teria uma visão que criminaliza a juventude por inferir que estaria tirando os atendidos desse tipo de programa do mundo do crime. É sabido que esse tipo de política pública possui, muitas vezes, bons resultados. O que se pretendeu realizar neste artigo foi avançar na compreensão da lógica de programas de prevenção ao crime no campo da segurança pública.