Abstract:
El derecho a la información  sustentado en el artículo 6to constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, certifica que la información generada por cualquier dependencia de gobierno federal, estatal o municipal, es pública. Lo anterior garantiza la posibilidad que tiene el ciudadano para exigir a los sujetos obligados  rendición de cuenta y sean transparentes del manejo de los recursos públicos y la gestión que realizan como resultado de sus actividades. Si bien el mismo artículo reconoce la responsabilidad que tienen estas dependencias a tener sus documentos debidamente organizados para garantizar el acceso a la información a cualquier ciudadano o instancia facultada para ello que así lo soliciten por los medios establecidos para tal fin, este derecho  no  puede garantizarse plenamente por al menos tres motivos: La fuente principal que sustenta la información necesaria para que las dependencias de gobierno respondan a su obligación de rendición de cuentas y transparencia son los archivos, los cuales carecen de la adecuada implementación del método archivístico, así como el personal capacitado, que permita tener debidamente organizados y disponibles los documentos cuando sea requerido; Socialmente existe un escaso reconocimiento de la importancia que tienen los documentos y archivos, para la rendición de cuentas; Los ciudadanos escasamente ejercen su derecho a la información, a pesar que el marco normativo en relación al derecho a la información exige a los sujetos obligados a ser transparentes y rendir cuentas; Si bien el marco normativo en México sobre el derecho a la información es adecuado –aunque antes de emitir una ley de acceso a la información, eran necesario publicar una legislación en archivos-, siguen observándose archivos que no implementan el adecuado uso del método archivístico lo que propicia fondos documentales desorganizados, sin el adecuado uso del método archivístico, acervos incompletos, dificultad para encontrar documentos,  lo cual limita la respuesta pronta y oportuna de los sujetos obligados a los requerimientos de información. Lo anterior es resultado de  la escasa cultura documental que históricamente ha tenido la sociedad mexicana. Esta realidad continuará mientras los ciudadanos no hagan válido su derecho a la información,  y los sujetos obligados que no cumplan con los marcos normativos de transparencia sean sancionadas. El objetivo del trabajo es analizar la importancia que tienen los archivos como fuente de información necesaria para garantizar el derecho a la información en México. Para ello será necesario: 1) conocer las condiciones de organización en las que se encuentran los archivos municipales del Estado de Hidalgo, México; 2) analizar los portales de transparencia municipales del país; 3) determinar si la sociedad conoce su derecho a la información, si lo ejerce, y si tienen conocimiento de la función que cumplen los archivos como repositorios de información.

Abstract:
La organización de silvicultores Monte Sinaí (Cintalapa, Chiapas, México) es un colectivo de indígenas tzotziles y tzeltales que, en casi cuatro décadas, ha logrado trascender una grave situación social mediante la constitución de formas de organización social que han derivado en empoderamiento, crecimiento económico y convivencia social. La investigación propone delinear las características de generación de una agencia social constructiva mediante la detección de los principales factores que expliquen el proceso de empoderamiento y la articulación entre elementos subjetivos y sociales. Se busca aportar a la comprensión de la acción colectiva desde una perspectiva interdisciplinaria que articule sociología y psicología social. La metodología se centra en la etnografía y la microhistoria con el propósito de entender el proceso social desde la acción y la palabra de los sujetos directamente involucrados, así como una reflexión sistemática desde la teoría de la subjetividad y de la acción colectiva. Justificación. Múltiples organizaciones y movimientos sociales surgen y se desvanecen recurrentemente. La mayoría no se consolida como expresión del interés colectivo. Los movimientos sociales han tenido como una de sus características la baja efectividad política y las limitantes político–organizativas, aunque es importante considerar en este balance las innegables repercusiones en las formas de organización política de algunas naciones. En contraste con ello, algunas acciones colectivas se han integrado como organismos relativamente permanentes con actividad constante en su entorno social. Estas acciones constituyen una veta menos explorada en el análisis de la acción colectiva, que es la relativa al proceso de conformación de agencia social constructiva desde el desacuerdo. En esta lógica de rechazo al estado de cosas, la inconformidad social tiene la tendencia incipiente hacia la conformación de una conciencia discursiva (Giddens, 1995) como aliento permanente del pensamiento: postura crítica a la realidad y propuesta creativa de acción colectiva (Guzmán Bracho, 2015). Un elemento adicional es una tendencia a la reconfiguración de una agencia social circunscrita al actor colectivo tradicional (corporación, agrupación) a otra donde emerge el sujeto individual estratégico que se caracteriza por la reflexividad radicalizada del individuo actual (Guzmán, 2015). Esta intersección entre agente individual reflexivo y agente social constructivo es un punto sustancial de estudio de este proyecto. Es importante señalar que se alude a un proceso de reconfiguración de la agencia social donde se tiene como premisa el que los rasgos característicos de una agencia tradicional conviven con ciertos rasgos emergentes de una agencia reflexiva. En concordancia con esta reflexión, se propone presentar un estudio de caso para contrastar con referencias empíricas puntuales su pertinencia explicativa. El caso se refiere a una organización rural de grupos indígenas denominada Monte Sinaí, ubicada en el municipio de Cintalapa, Chiapas, México, cuya actividad productiva se inscribe en el rubro agroforestal.

Abstract:
En este trabajo buscaremos dar cuenta de las consecuencias que se están produciendo en la región del Qullamarka[1] a partir de la implementación de la primera radio comunitaria gestionada por la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN) durante el periodo 2013-2016, analizando el rol de los medios comunitarios para la inclusión de las comunidades indígenas en los procesos de desarrollo local. Para ello, intentaremos dar cuenta de las particularidades que ha asumido dicha implementación teniendo en cuenta las desigualdades que atraviesan el territorio y la histórica lucha que la organización Qullamarka viene llevando adelante para velar por los intereses del territorio, la cultural andina y la forma de vida espiritual que cada comunidad practica, buscando la autonomía del territorio y el cumplimiento de los derechos indígenas; asumiendo que “las comunidades deben ser actores centrales de su propio desarrollo, que la comunicación no debe persuadir, sino facilitar el diálogo, y que no debe centrarse en los comportamientos individuales sino en las normas sociales, las políticas y la cultura” (Gumucio Dagrón, 2004:22). En este contexto nos sumamos al debate a partir de las propuestas vinculadas al ‘desarrollo local’, considerando con Guimarães (1998:70), que más que acceso al mercado, a bienes particulares o inclusive al ambiente sano, de lo que se trata es de “recuperar prácticas colectivas (solidarias) de satisfacción de estas necesidades”. Esto es, a decir de Echavarría (2005:2), abordar una perspectiva que “rescata la dimensión comunitaria y su importancia ‘política’ de lo local en la actualización de modelos democráticos” para abordar los procesos de participación e inclusión social que la región del Qullamarka está atravesando, teniendo en cuenta la compleja relación que existe entre el Estado Nacional y las comunidades indígenas, donde históricamente se han invisibilizado sus prácticas culturales, negando la existencia de una configuración cultural (Grimson, 2014) que resultaría necesario incluir para poder discutir y consensuar proyecciones a futuro. Por lo tanto, es necesario pensar en la incidencia que tienen las políticas públicas, cuáles son los mecanismos de participar que existen en el medio comunitario y que estrategias se promueven desde las cinco organizaciones que conforman a la organización madre para contribuir a los procesos de toma de conciencia de los derechos y la mejora de las condiciones de vida de la población.   [1] La Qullamarka nuclea a la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas (UCAV), la Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), el Consejo Indígena Kolla de Iruya (CIKDI), la Comunidad Indígena del Pueblo Kolla Tinkunaku (CIPKT) y la Comunidad Indígena Alta Cuenca del Río Lipeo (CIACRL).

Abstract:
  En Colombia mucho se habla sobre la incidencia del narcoparamilitarismo en la vida de las personas, incluso como determinante de comportamientos culturales. Sin embargo, aún es un reto estudiar cómo las violencias que han generado estas estructuras criminales han condicionado la participación ciudadana-política, en territorios que han sido sus enclaves fundacionales y de consolidación. Investigaciones recientes señalan el sur del Valle de Aburrá como epicentro del surgimiento y fortalecimiento del Cartel de Medellín y La Oficina de Envigado. El libro Las vueltas de la oficina de Envigado, analiza cómo estas empresas ilegales se han mantenido adaptándose al entorno, valiéndose de la violencia y del involucramiento en otras esferas de la sociedad buscando “maximizar las ganancias y el poder, y reducir los riesgos”. Estas empresas ilegales nacieron hace tres décadas y siguen vivas hoy. (Restrepo, 2015) Por otra parte, el Estado colombiano cuenta con normas que buscan la participación ciudadana, y la Constitución Política promovió diversidad de actores que permitieran hacer de ella una construcción incluyente y pluralista. Pero, condiciones históricas persistentes como el clientelismo, la corrupción, la filtración de grupos armados ilegales y narcotraficantes en el poder público, y la concentración del poder en élites, nos ponen en escenarios contradictorios frente a la posibilidad de incidir en las decisiones y el poder. Es pues un Estado que así como genera condiciones que promueven la participación, a la vez permite que subsistan situaciones que limitan esa posibilidad. (Quirós Vélez, 2013) Entendiendo la participación ciudadana-política como pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la superación del conflicto político armado, esta investigación se pregunta por ¿cómo inciden hoy las estructuras narco paramilitares en el ejercicio de la participación ciudadana-política en el municipio de Envigado? Y, asumiendo que Envigado se esfuerza en cumplir sus obligaciones constitucionales, modelo de gestión y garantía de derechos ¿son aplicables o suficientes las explicaciones sobre un Estado débil, precario, decimonónico, iterativo y cooptado, como causa de una “ciudadanía de baja intensidad”[1], o bien de ciudadanías mafiosas^[2],en el marco de la incidencia del narcoparamilitarismo? Allí se orienta la pregunta teórica de esta investigación.   [1] Se retoma la categoría Ciudadanía de baja intensidad de María Teresa Uribe, que se refiere entre otros asuntos a la ineficacia e ineficiencia del Estado para mantener, defender y acatar sus propias normas y la imposibilidad de los actores sociales para manifestarse en público. (Uribe de H., 2001, p. 152) [2] . De manera preliminar se ha acuñado el término “ciudadanías mafiosas”, el cual está en proceso de rastreo y construcción, ella sería resultado de la inmersión de las estructuras narco paramilitares en todos planos, ámbitos y dimensiones, de la sociedad colombiana, y en concreto en la Envigadeña.

Abstract:
A ideia central desse trabalho é discorrer os impasses no reconhecimento dos direitos socais da população LGBTT no Brasil, através da relação entre sociedade civil e Estado constituída pelo controle democrático das políticas sociais, via Conselho Nacional de Combate a Discriminação LGBTT (CNCD/LGBTT) e das Conferências de Políticas Públicas de Direitos Humanos LGBTT, entendendo estes enquanto instrumentos contraditórios, mas que tencionam o Estado para a construção de uma política de valorização e respeito da sexualidade e identidade de gênero. A investigação das características particulares das políticas voltadas para a população LGBTT foram analisadas no site da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da Republica (SNDH/PR); no CNCD/LGBT a partir da sua criação em 2010 até 2014, respectivamente último ano do Governo Lula (2003-2010) e o primeiro mandato do Governo Dilma (2011-2014); e nas Conferências de Políticas Públicas (2008, 2010 e 2016). As principais fontes de consulta foram às deliberações que regulamentam e normatizam as ações de materialização das políticas sociais e ações organizadas pelo Conselho, sejam elas - leis, decretos, normas, portarias e relatórios deliberadas pelo CNCD/LGBT; e os Relatórios finais e cadernos bases das Conferências. O Estado Brasileiro, possibilitou aberturas às demandas da população LGBT, porém não deixou ser um espaço aonde o pressuposto da heterossexualidade como natural e organizativa das sexualidades, constrói um terreno antidemocrático. A relação entre democracia e sexualidade apresenta a heterossexualidade como uma ferramenta antidemocrática da política brasileira não reconhecendo os direitos LGBT, fortalecendo uma cultura política negadora da diversidade sexual e de gênero. O Movimento LGBT Brasileiro se aproxima do Estado na busca por políticas públicas para o enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS na década de 80. Com o processo de Redemocratização do país e ampliação do Estado, o movimento alarga essa relação e elabora reivindicações que formulam condições políticas, sociais, econômicas e culturais para a construção de uma cidadania LGBT exigindo políticas em diversas áreas, principalmente na atuação de combate a violência e discriminação LGBTfóbica, reconhecimento de identidades e divulgação de Direitos Humanos LGBT. Esse seria o modo de construção de uma cidadania LGBT, via políticas públicas, como idealizava a relação entre o Movimento LGBT e o Estado. Porém se faz necessário, o enfrentamento da imposição da heteronormatividade. Como exemplo o programa “Escola sem Homofobia” (2011) que mesmo com execução orçamentária já realizada, foi vetado, pois segundo as organizações conservadoras do Congresso Nacional, o projeto estimulava a homossexualidade e a promiscuidade. Isso demonstra que para além dos desafios em tempos neoliberais, às políticas públicas LGBT enfrentam as relações políticas antidemocráticas do Estado brasileiro aonde a heterossexualidade é direcionada como único modelo de sexualidade.

Abstract:
A administração pública tem seguido de maneira predominante o modelo tradicional burocrático como forma de se organizar institucionalmente e para a prestação de serviços públicos. Contudo, a rigidez desse modelo tem sido apontada como inadequada e demasiadamente hierárquica para tratar de problemas cada vez mais complexos e que envolvem uma gama diversa de instituições e interesses. O modelo que ganhou projeção no final do século XX e buscou superar as limitações e avançar na qualidade dos serviços públicos e das políticas públicas em geral, conhecido como “nova gestão pública” teve apoio político em diversas regiões do globo e, em especial, na América Latina, mas não logrou o sucesso preconizado e já não parece se sustentar com os desafios colocados no início do século XXI, abrindo espaço para a construção de novos valores, conhecidos na bibliografia internacional como “public servisse orientation” (PSO). Os autores alinhados à PSO introduziram críticas e apontaram alguns caminhos que, quando sistematizados e aplicados na administração pública acabaram por se constituir em um novo modelo de gestão pública, inicialmente chamada de “new public service”, traduzido para o português como “novo serviço público” (NSP). Conceito que neste trabaho é revisitado e, de certa forma, revisado e chamado de “reorientação participativa para os serviços públicos”. Esse modelo se caracteriza pela retomada do protagonismo do Estado, pela ênfase na construção de sistemas de políticas públicas, pela valorização da qualidade dos serviços públicos prestados, pela radicalização da participação por intermédio de conferências, audiências públicas e empoderamento dos conselhos gestores e, pelo destaque às funções e aos valores exclusivos do setor público, com foco na responsabilização.    Dentre os temas polêmicos que recebem atenção neste trabalho está a descentralização do Estado e das políticas públicas que, embora possa ser instrumento fundamental para a democratização e ampliação da eficiência dos serviços públicos, ela por si só não garante isso, podendo acarretar em aumento das desigualdades entre regiões e fragmentação da prestação dos serviços públicos. Assim, a PSO propõe o rompimento com princípios teóricos básicos do modelo gerencial, na medida em que não reconhece a centralidade do auto interesse, a veracidade incontestável da eficiência dos mercados e a qualidade indiscutível dos contratos de gestão. Além disso, insere-se na reflexão dos teóricos da PSO e, por consequência, no modelo da “reorientação participativa para os serviços públicos” os valores republicanos e democráticos, que tomam forma a partir dos conceitos de accountability, transparência, participação política, equidade e justiça social, que ganham nova centralidade com a retomada das políticas de cunho neoliberal adotadas em alguns países da América Latina a partir de meados da segunda década do século XXI.

Abstract:
La presente investigación busca cuestionar, desde la teoría política, la posibilidad de cumplimiento de los fines normativos de la democracia sustantiva, en un contexto de Estado mínimo promovido por la economía neoliberal, toda vez que al no garantizar derechos sociales universales, de alguna manera se obstaculiza la inclusión social. En términos teóricos, el rol que asuma un Estado se involucra con diversas concepciones normativas sobre las nociones de justicia, igualdad y libertad, las cuales predefinen los alcances y posibilidades de la democracia. Además, los alcances de la democracia repercuten en la noción misma de ciudadanía. Esta discusión se aborda mediante el estudio teórico de los derechos sociales, como dimensiones de los Derechos Humanos que posibilitan la consecución de la ciudadanía social, y complementa las nociones de ciudadanía política y civil, en el sentido de T. H. Marshall. Para complementar esta perspectiva, se introduce la discusión sobre los derechos positivos y negativos, tanto en torno a su estructura y exigibilidad, a la sensibilidad a la escasez que aparentemente presentan los derechos sociales, a la controversia sobre los derechos sin deber, como también se revisa el debate sobre la judicialización de la política. Las posiciones libertarianas (opuestas incluso a las antiguas posiciones liberales), defienden a ultranza la idea de Estado mínimo, oponiéndose, por obviedad, a la exigibilidad de los derechos sociales. Estas posiciones, coherentes con las lógicas del neoliberalismo, son rebatidas teóricamente en esta tesis. Ciertamente, la mercantilización de los derechos sociales provocada por el ascenso neoliberal, permite poner en tela de juicio la posibilidad de desarrollo de una democracia sustantiva. En este sentido, cabe cuestionar si un Estado mínimo es capaz de asegurar los propósitos de justicia, libertad e igualdad promovidos por la teoría democrática. Las respuestas a esta pregunta, implicaron una revisión más profunda de lo que se entiende por justicia, igualdad y libertad, y a partir de estas nociones, se dilucida el rol que debe asumir un Estado en una sociedad que busca alcanzar los ideales que persigue la democracia. Se concluye que la imposibilidad de derechos sociales debido a su mercantilización, repercute en la consecución de una democracia sustantiva, pues merma a la ciudadanía social, inhibe los espacios de deliberación pública, restringe el aseguramiento pleno de los Derechos Humanos, y condiciona la obtención de la justicia, la igualdad y la libertad. Palabras Clave: Derechos Sociales, Democracia sustantiva, Neoliberalismo, Justicia, Igualdad, Libertad, Ciudadanía social, Rol del Estado, Liberalismo, Libertarianismo,

Abstract:
El modelo de ciudadanía multicultural (o intercultural) comenzó a introducirse en los países latinoamericanos a partir de un conjunto de reformas iniciadas a finales de la década de 1980, asociadas principalmente a las demandas de los pueblos indígenas. Sin embargo, algunos ven con preocupación que dicho proceso pueda constituirse en un factor desestabilizador que socave la democracia. Por otra parte, también se ha sugerido lo contrario, es decir, que las reivindicaciones de los pueblos indígenas contribuirían significativamente a la profundización democrática de la región. En virtud de lo anterior, la presente ponencia intenta responder dos preguntas fundamentales. Por una parte, (1) ¿aumentan o disminuyen las brechas de «apoyo al régimen político democrático» según «pertenencia étnica» a medida que los países latinoamericanos avanzan en el reconocimiento constitucional de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, conjuntamente con en la reducción de la pobreza? Y, por otra, (2) ¿inciden los niveles de descontento, vinculados a la percepción acerca del (a) «grado de reconocimiento de su cultura y derechos», (b) «cuán justa es la distribución del ingreso» y (c) «la situación económica personal y familiar», en el «apoyo al régimen político democrático» entre quienes pertenecen a los pueblos indígenas? Con la finalidad de responder ambas interrogantes, se analizarán las bases de datos de las encuestas Latinobarómetro disponibles para el periodo 2007-2015.

Abstract:
Se propone una revisión a largo plazo desde la perspectiva de la Sociología Histórica, en particular de Michael Mann, Charles Tilly y Barrington Moore, sobre el proceso de construcción del Estado Boliviano, que ha desembocado en la forma estatal denominada Progresista. Para ello se analizan los principales acontecimientos, crisis políticas y actores en Bolivia, centrando la revisión en torno a tres fracturas históricas que, desde nuestra perspectiva, explican las diferentes formas estatales: la territorial, la étnica y la de clase. La crisis originada por la Guerra del Chaco que desembocó en la Revolución Nacionalista de 1952; la crisis del Estado Nacionalista materializada entre 1978 y 1982 y de la izquierda de 1982 a 1985; el ascenso del Estado Neoliberal y su crisis entre 2000 y 2003 y finalmente las disputas por la construcción del nuevo Estado entre 2005 y 2009, entre La Paz y Santa Cruz. Se hace énfasis especialmente en el aparente desvanecimiento de la fractura de clase, como motivo de acción política, con la crisis del gobierno de la izquierda y el debilitamiento de sus principales actores, la COB en particular, y en la fractura territorial a la que dio origen el crecimiento del Oriente del país, lo que en su momento se denominó la Media Luna, liderada por Santa Cruz, y su entrelazamiento con la fractura étnica, identificada sobretodo con las comunidades del Altiplano,  liderada por el MAS. Como conclusión se identifican cuatro formas principales del Estado Boliviano, que no únicas, la forma Oligárquica, hasta 1952, la forma Nacionalista hasta 1985, la forma Neoliberal hasta 2005 y la forma Progresista que actualmente se encuentra presente en Bolivia.

Abstract:
Aunque de distinta manera, lo acontecido recientemente en Brasil, Argentina, Honduras y Nicaragua, para solo mencionar algunos casos conspicuos, colocan nuevamente en el centro de la discusión latinoamericana el tema de la división de poderes en Estados que se reivindican como democracias republicanas. Un tema presente con fuerza en las dos últimas décadas del siglo anterior ha vuelto a cobrar fuerza. El siglo XX concluyó con demandas urgentes de reformas judiciales. Con acentos diversos cristalizó entonces un acuerdo extenso de que el campo de la administración de la justicia requería de una modernización apremiante; la necesidad de una justicia eficaz, obligatoria, predecible aparecía como una condición indispensable para fortalecer las instituciones democrático-republicanas que empezaba a resurgir (y en no pocos casos a surgir) después de años de dictaduras y guerras. Entonces, el pilar central para levantar lo deseado era un Poder Judicial autónomo e independiente, no sometido a las urgencias políticas y las necesidades inmediatas de los grupos e intereses con recursos para ejercer influencia. En el marco latinoamericano, la situación del Poder Judicial costarricense ha tendido siempre ha ser visto como una excepción. En la literatura disponible de fines del siglo anterior aparece frecuentemente que Costa Rica dio pasos acelerados en dirección del cambio modernizador deseado. No pocas veces Costa Rica aparece es presentado como un alumno cuyos rápidos progresos lo convirtieron en un referente para otros países de la región. Hubo cambios de distinta magnitud y alcance. Uno de los más importantes, fue la reforma al proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia en el año 1999. El paso, anunciado y promovido como un avance en una dirección técnica y despolitizadora fue promovido por la Asamblea Legislativa, sin que ella renunciara de ninguna manera a las decisiones últimas en este campo. Interesa explorar el resultado de la manera “reformada” de elegir a la Corte Suprema Justicia por tres razones fundamentales importanes para el estudio de los devenires de las democracias políticas periféricas. En primer lugar, interesa la forma de renuncia al viejo estilo de elección a favor de una modernización técnica y apolítica que sin embargo no le resta poder de decisión a las élites políticas. Esto plantea una pregunta sobre los moldes viejos en los que se deposita lo nuevo. En segundo lugar, parece importante recuperar como el mecanismo diseñado, sin incurrir en ilegalidades fragantes pero siempre al borde de ellas, se fue  ajustando progresivamente a  necesidades específica de los sectores más poderosos. En tercer lugar, interesa el sistema de elección de magistrados porque, el mismo mecanismo se utiliza para nombrar a las cúpulas de otras instituciones decisivas del Estado costarricense. Presentar y amarrar estos hilos de reflexión será el propósito de esta ponencia

Abstract:
En la última década, la sociedad chilena ha observado la densificación de su esfera pública por un conjunto de acciones y manifestaciones sociales que se visibilizan en la ampliación de los repertorios de confrontación e inesperados actores colectivos, ante el desborde de los marcos institucionales procesadores de demandas, una explicación plausible y en clave política se identifica con la crisis del sistema de representación, es decir el divorcio entre legitimidad y autoridad, pero también se alude a los altos niveles de desigualdad socioeconómica producto de las estrategias de desarrollo que ha seguido el país. Ambos elementos no se excluyen de una explicación de mayor alcance que pone en evidencia los efectos del proceso modernizador; diferenciación funcional creciente y amplios flujos de información. En ese contexto, las tensiones, controversias y oposiciones que se expresan ante los proyectos de generación energética y ante las instalaciones de antenas de telefonía móvil, son espacios privilegiados para observar, la confianza en la institucionalidad, la organización, incidencia y antagonismo que despliega la ciudadanía ante las propuestas mencionadas que a su vez implican una interpelación a las capacidades regulativas del estado. Asumimos que el enfoque de la construcción social del riesgo es un punto teórico de alto rendimiento para ofrecer otro tipo de explicaciones a este despliegue colectivo y la gobernanza. El trabajo que se presenta, analiza las experiencias de movilización social desplegadas en contra del proyecto “HidroAysén”, “Termoeléctrica Castilla”, “Parque Eólico Chiloé “ y “Coordinadora en contra de las antenas de Concepción”, se entregan elementos que permiten demostrar que la dinámica antagónica de la esfera contenciosa puede ser comprendida por variables como la comunicación , la confianza y la percepción social.

Abstract:
Esta ponencia presenta los resultados de la investigación de la oferta de candidatos y candidatas o voto programático, a través de los programas de gobierno, en las elecciones regionales de Colombia en 2015, se propuso de identificar las líneas de acción programática en correspondencia con las problemáticas que afectan los ámbitos social, económico y político en lo territorial, la dinámica del conflicto y las iniciativas de paz, así como las relaciones multinivel en este departamento. El método seleccionado fue el estudio de caso, con la ayuda del análisis documental y entrevistas semiestructuradas a actores clave. Para el procesamiento de los programas de gobierno se diseñó una matriz de información que indagó por las propuestas alrededor de los sectores sociales (ambiente, educación, salud, empleo, vivienda, transporte, seguridad, cultura y organizaciones sociales entre otros) y las iniciativas de paz y postconflicto. En el marco de la Constitución Política de 1991, se concibió un sistema democrático para la Colombia de doble dimensión, no contradictoria: democracia participativa y democracia representativa. En esta perspectiva, el voto programático (Ley 131 de 1994) es un mecanismo introducido en la normativa colombiana para disminuir los delitos electorales, las prácticas clientelares y el exceso de promesas de los candidatos en campaña, así como incentivar la información de los votantes que reglamentó el voto programático. Se inscribe en la intensión de una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones políticas del país y por ende en los procesos electorales, en este sentido le impone al candidato elegido el cumplimiento del programa de gobierno ofrecido al electorado y registrado ante la autoridad electoral competente. Un programa de gobierno es un conjunto de líneas de acción, que expresan la voluntad y el compromiso político de los candidatos y candidatas a gobernantes y en representación de comunidades y ciudadanía, llevarlos a la práctica, mejorar las condiciones sociales, políticas y culturales en correspondencia con las situaciones descritas y analizadas a manera de diagnósticos. Entre los hallazgos más importantes se tienen: 1) la mayoría de los programas de gobierno presentan déficits de información. 2) se observó escases de información y sustento en la presentación de diagnósticos y propuestas con enfoque diferencial. 3) Frente a las propuestas y programas presentados, sobresale el hecho de que hay una generalidad de temas que son abordados, aunque puede haber más desarrollo en unos que en otros. 4) poca evidencia de construcción colectiva de los programas de gobierno, así como la coherencia programática de las propuestas planteadas por cada candidato y su relación e inscripción con la apuesta programática del partido político que lo avala.