Abstract:
O presente artigo propõe uma análise das jurisprudências produzidas pela Corte Interamericana de Direito Humanos (CIDH), envolvendo o Brasil, em face da perspectiva do conceito de cultura de paz. Tendo em vista que a globalização transformou as violações aos direitos humanos, de atitudes internamente isoladas dos Estados, em ações de interesse e responsabilidade universais, a desterritorialização destas violações foi de fundamental relevância para reconstrução do Direito Internacional dos Direitos Humanos após a segunda Guerra Mundial, assim como a relativização da soberania estatal, pois muito contribuíram para o processo de internacionalização desses direitos. A efetividade das normas de direito internacional vem crescendo progressivamente ao longo dos anos e no caso dos direitos humanos, algumas tornaram-se normas imperativas, ius cogens, o que significa dizer que as Cortes internacionais podem dar um ensejo judicial aos conflitos  produzindo assim uma garantia institucional à preservação de seu conteúdo. Existe ainda a necessidade de abordarmos um fenômeno bastante recente que trata das proteções nacional e internacional dos direitos humanos, o controle de convencionalidade, este mecanismo torna-se essencial para que possamos compreender a aplicação das jurisprudências da Corte por nossas Cortes internas. Desse modo o objetivo deste trabalho visa observar a partir da jurisprudência da corte aludida, como o conceito de cultura de paz pode ser alcançado em dois momentos diferentes, sendo o primeiro no próprio texto das sentenças e das medidas por elas enunciadas e num segundo momento pelo grau de implementação de tais medidas pelo país (Brasil) ora estudado. Neste contexto se pode fazer uma terceira relação com as ações propostas pela ONU em seu Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, que afirma que, o desenvolvimento pleno de uma Cultura de Paz está integralmente vinculado ao cumprimento das obrigações internacionais assumidas na Carta das Nações Unidas e ao direito internacional, e a educação, em todos os níveis, é um dos meios fundamentais para construir uma Cultura de Paz. Portanto, a educação sobre os direitos humanos é de particular relevância, assim como, estimular os Estados Membros para que adotem medidas para promover uma Cultura de Paz no plano nacional, regional e internacional. O método utilizado para tal estudo qualitativo e dedutivo tem como base as sentenças da Corte (CIDH) em comparação as recomendações obedecidas e realizadas pelo Brasil em virtude destas sentenças e em seguida a análise destas comparações frente às ações propostas pela ONU como medidas para promoção de uma cultura de paz, para por fim fazer uma discussão sobre as implicações e efetividade das normas de direito internacional no Brasil.

Abstract:
A partir de un enfoque etnográfico, entendido como perspectiva de análisis y como método, nos proponemos indagar en los testimonios prestados por mujeres y hombres durante la realización de las causas de lesa humanidad en la provincia de Santiago del Estero. La elección del enfoque posibilitará, en una primera instancia, recorrer las dificultades y posibilidades efectivas de acceso a los documentos públicos en tanto textos para el análisis etnográfico. A través de una descripción densa, en términos de Clifford Geertz, procuraremos explorar los diferentes sentidos que caracterizan al funcionamiento del sistema judicial de acceso a los documentos públicos vinculados al proceso dictatorial que tuvo lugar en Argentina durante el periodo comprendido entre 1976-1983. En estos documentos nos proponemos indagar en torno a las complejidades que emergen de las reivindicaciones de justicia de las víctimas (Reyes Mate) de delitos sexuales con responsabilidad por el Estado, inquiriendo en la dificultad de verbalizarlo y, por lo tanto, de judicializarlo. En relación al corpus de estudio se pretende trabajar con aquellas causas de lesa humanidad que tengan sentencia final, incluidas en el período comprendido entre 2009-2015.

Abstract:
Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.  El Estado Plurinacional de Bolivia sustenta valores de justicia social, promueve principios ético-morales entre otros el “vivir bien” y ejerce justicia plural a través de las jurisdicciones Constitucional, Ordinaria, Agroambiental e Indígena Originaria Campesina, encaminando la construcción de la cultura de la paz. Sin embargo, ese campo Unitario Social, en el marco del Pluralismo, conlleva en su seno contradicciones y paradojas en las acciones sociales de los sujetos. La paradoja fundamental se presenta cuando irrumpen acciones sociales y colectivas  violentas denominados linchamientos, que  se presentan en un elevado índice de casos, en zonas rurales y urbanas, acompañados con discursos de actores que asumen dinámicas alejadas de los principios, valores y normas sociales y jurídicas, además de confundir en el imaginario social esas acciones con la justicia indígena. En este contexto, el Estado se comporta en términos contradictorios. Por un lado, desarrolla políticas sociales que promueven el paradigma del “vivir bien”;  por otro lado, abre fisuras en los campos plurales al no producir literatura actual sobre los linchamientos desde el contexto del Pluralismo Jurídico, además de no tipificarlo como  delito y hecho ajeno a la justicia Indígena. Por tanto es necesario explicar, desde una dimensión social y antropológica e interdisciplinaria, los factores que subyacen en el accionar de los linchamientos para la consolidación de la cultura de la paz en el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional e iniciar la de-construcción de políticas públicas, de normas y estrategias para el vivir bien.

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La Justicia Alternativa en México forma parte de las modificaciones que se llevaron a cabo después de la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal de 2008, la cual modificó la forma de impartir justicia en el país pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio oral. La Justicia Alternativa tiene como finalidad evitar o interrumpir un proceso penal, mediante el desarrollo de mecanismos alternos de resolución de conflictos (mediación, conciliación y junta restaurativa). Es importante señalar que durante el sistema inquisitivo esta forma de resolver controversias no existía.  Por lo tanto, se presenta como una nueva práctica jurídica para las instituciones de procuración e impartición de justicia, los operadores jurídicos y para la víctima e imputado. La instancia donde se desarrolla la Justicia Alternativa es el Centro de Justicia Alternativa. En este Lugar son atendidos los delitos que son considerados “no graves”, es decir, delitos cuya pena no rebase los cinco años de sentencia máxima. El estado del país en donde se observó esta nueva forma de justicia es el estado de Morelos, ya que es uno de los primeros estados en implementar la reforma de 2008. A diferencia del proceso jurídico común donde los agentes jurídicos que intervienen en el proceso son los fiscales, los defensores y los jueces, en la Justicia Alternativa son otros los operadores los que llevan a cabo el proceso.  Un nuevo agente de este proceso son los facilitadores, ellos están en contacto con la víctima y el imputado para resolver el conflicto. Éstos tienen una visión diferente de cómo hacer justicia, en este sentido es interesante observar las prácticas de este nuevo agente.

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El trabajo aborda los linchamientos como una huella de la enorme brecha que existe en las sociedades latinoamericanas entre el Derecho del Estado y las prácticas de los sujetos. La pertinencia de este enfoque deviene del objeto de los linchamientos, esto es el castigo por la comisión de hechos valorados como reprochables, función que los Estados pretenden ejercer de manera exclusiva por medio de su derecho.   A partir de las premisas de la filosofía política de tradición liberal el derecho aparece como un límite a la violencia, en razón de lo cual esta distancia, entre el derecho estatal y las prácticas de los sujetos, muchas veces es leída en términos de déficit y/o de culturas de transgresión. Sin embargo estas lecturas no aportan a la comprensión de los linchamientos puesto que nos llevan a respuestas dicotómicas del tipo civilización o barbarie. Respuestas de este tipo pierden de vista elementos  que pueden aportar a la comprensión de estas acciones, en tanto omiten las particularidades del derecho en América Latina, un modelo de regulación que tiene su origen en procesos de transformaciones ajenos al continente y que sin embargo se instaura en las sociedades latinoamericanas, territorios con sus propias especificidades.   El derecho no es conjunto de reglas jurídicas que derivan del principio de legitimación legal, sino que es una construcción social en la que junto a esas normas confluyen, las instituciones que ponen en acción a esas reglas, los operadores de dichas instituciones y sus formas de operación. Entender el derecho de esta manera nos permite comprender las formas efectivas de la relación con las normas jurídicas presentes en el continente.   Los linchamientos dan cuenta del incumplimiento de la pretensión del derecho estatal de erradicar la violencia de las interacciones entre los sujetos, sin embargo en la medida en que al mismo tiempo constituyen acciones que interpelan a la autoridad estatal, en particular al sistema de administración de justicia, dan cuenta no de la ausencia, ineficacia y/o transgresión del derecho sino de la vigencia social relativa de este. De este modo el análisis de los linchamientos nos provee de cierto tipo de información que permite desnaturalizar la identificación del derecho propia del positivismo jurídico y lo sitúa en la experiencia cotidiana de los sujetos.

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Estudio sociojuridico de la reparación sobre violaciones a los derechos humanos en las sentencias de la Corte IDH   [1]Clara Castillo Lara     La reparación de daños por lesión a los derechos humanos, no se agota con el simple resarcimiento o la compensación económica, por eso, el juez debe adoptar medidas para que las víctimas queden salvos ante el daño sufrido, conozcan la verdad de lo ocurrido, recuperen su confianza en el estado y tengan certeza de que las acciones u omisiones que originaron el daño no volverán a ocurrir. En la consideración de que se debe prever una noción amplia de reparación que vaya más allá de la esfera pecuniaria del individuo, cuyos bienes, tales como la dignidad y los derechos humanos, no pueden ser tasados monetariamente.   Cabe subrayar que los derechos son reconocidos como inviolables tanto en el ordenamiento jurídico mexicano como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que el estado sea parte. Consecuentemente, al ser violentados por acción u omisión del estado, a través de sus órganos, con las conductas que constituyen per se el incumplimiento de las obligaciones asumidas frente a la comunidad internacional, puede llegar a comprometer su responsabilidad interna y externa.       [1] Profesora Titular de Tiempo del Departamento de Derecho, Jefa del Área de Investigación de Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Responsable del Área de conocimiento de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Maestría en Derecho de la UAM-A. Dra. en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Dra. en Derecho Público de la UAB. Investigadora Nacional del SNI-CONACyT.

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El objetivo de esta presentación es dar cuenta de los avances del proyecto “Búsqueda e identificación de víctimas de trata de personas (y delitos conexos)” que se viene desarrollando de manera conjunta con la Procuraduría de Trata y Explotación de personas. La metodología utilizada en esta etapa del proyecto se basa en el relevamiento de registros burocráticos estatales de cadáveres inhumados sin identificar, esto es, avisos de fallecimiento y huellas dactiloscópicas de NN. La finalidad de este trabajo es conocer el perfil de lxs NN desde el regreso de la democracia en 1983 hasta la actualidad con el fin ulterior de aportar estos registros al Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar cotejos dactiloscópicos con fines identificatorios. Los resultados obtenidos al momento fueron favorables. En el período comprendido desde Octubre de 2015 hasta Julio de 2016 se produjeron 122 identificaciones de cadáveres NN. De estas identificaciones, 114 pertenecen a varones mientras que 8 corresponden a mujeres. Estos primeros resultados nos permiten sacar algunas conclusiones: que el perfil actual del NN en la Argentina expresa un claro sesgo de género y que existe una importante diferencia entre el perfil de las personas buscadas en la Argentina donde la mayor concentración de denuncias es de adolescentes mujeres y el perfil de los NN que corresponden de manera predominante a varones adultos. Para profundizar estas conclusiones analizaremos cuáles son las razones por las que los cadáveres NN de varones se encuentran “institucionalizados” mientras que los cuerpos de las mujeres no lo están en igual medida y cuáles son las posibles vinculaciones entre esta brecha y las violencias que de manera diferencial atraviesan varones y mujeres en los territorios.

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Esta ponencia se propone como objetivo hacer una descripción de las actuaciones judiciales en materia política en Uruguay, entre los años 1985 a 2006. Los estudios empíricos sobre las actuaciones judiciales en materia política tienden a privilegiar los recursos de inconstitucionalidad como forma de aproximación al fenómeno. Esto se explica fácilmente porque el control de constitucionalidad es el medio por el cual, de manera paradigmática, el Poder Judicial puede ejercer su función de contrapeso. En el caso uruguayo, el estudio de los recursos de inconstitucionalidad resulta complicado, por cuanto el diseño institucional del recurso impide que los efectos de las declaraciones de inconstitucionalidad sean generales; por el contrario, las declaraciones de inconstitucionalidad sólo anulan el efecto de las normas para el caso particular para el que fue presentado. Por esa razón, se intentará lograr una descripción de las actuaciones del Poder Judicial en conflictos políticos, a través de las intervenciones ordinarias de los jueces en lugar de los recursos de inconstitucionalidad. Para llevar adelante el trabajo, se define operativamente cuándo estamos frente a un hecho que pueda ser calificado de judicialización de un conflicto político, se definen las unidades de análisis y métodos para relevarlas y luego se da cuenta de cuántos casos han ocurrido en el período estudiado. Se mostrará que en el período esas actuaciones han aumentado en cantidad y calidad, aunque la actuación de los jueces en el tema ha sido constante desde 1985. Sin embargo, el incremento de casos llevados a la justicia parece haber sido un resultado no querido por la mayoría de los actores relevantes, incluso aquellos que eventualmente llegaban a presentar denuncias frente a un hecho concreto. Por otra parte, se argumentará que el papel cumplido por el Poder Judicial como mediador entre sociedad civil y poder político ha sido ambivalente: a veces a sido factor determinante para la protección de derechos, a veces ha sido usado como herramienta de control de la protesta. Esta ambivalencia es coherente con lo señalado por el resto de la literatura sobre el tema. En la última parte, se  argumentará a favor de un modelo que explique el incremento de esa actividad en ese período. La hipótesis más importante es que el incremento manifiesta crecientes limitaciones de las capacidades del sistema de partidos para reproducirse, conducir el aparato del Estado y disciplinar la sociedad civil. Se discutirá también si el modelo puede considerarse adecuado para dar cuenta de la judicialización en el período posterior a 2006. Finalmente, se expondrán lecciones aprendidas para mejorar la metodología y continuar esta línea de investigación.

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La ponencia se propone abordar la relación entre abogados defensores y detenidos políticos (en su mayoría pertenecientes a las organizaciones armadas revolucionarias) en la Argentina de los primeros setenta, particularmente en el período que va desde la emergencia de la emergencia misma del activismo armado comienzos de los ´70 hasta la asunción del peronismo al poder, en marzo de 1973. Se trata de una problemática compleja, no contemplada por las investigaciones socio-históricas dedicadas al estudio del pasado reciente argentino, que examinaré a partir del análisis de dos escenarios. Por un lado, en la  escena judicial, a partir del análisis de los juicios orales desarrollados con la puesta en marcha de la Cámara Federal en lo Penal (popularmente conocida como “Camarón” o “Cámara del Terror”), desde la segunda mitad del año 1971. Por otro lado, en el contexto mismo de la detención, atendiendo a las particularidades de la vida carcelaria; los lazos forjados entre defensores y defendidos; las relaciones con el servicio penitenciario; con los presos sociales, etc. Para la indagación de este tema recurriremos al análisis y entrecruzamiento de fuentes documentales escritas (revistas partidarias – como Nuevo Hombre, Liberación, Militancia, entre otras-; diarios de alcance nacional –Clarín, La Nación, etc.-, archivos judiciales, etc.) y fuentes documentales orales (entrevistas a presos políticos y a abogados defensores). En términos generales creemos que la importancia de esta temática radica en que ilumina aspectos centrales de la relación entre campo político, protesta social y Estado, en un momento histórico caracterizado por la extensión del clima de radicalización, particularmente entre los sectores medios profesionales.