Abstract:
Las actuales dinámicas que en México bajo las condiciones de seguridad que prevalecen en varios territorios que conforman la cadena de extracción de recursos naturales esta generando movimientos de resistencia de poblaciones locales y comunidades. En la medida que aumentan las actividades de empresas extractivas se ha incrementado la presencia de agrupaciones criminales que buscan apropiarse de la renta generada por la extracción de hidrocarburos y minerales. Esto ha ocasionado que comunidades locales, grupos de campesinos y ciudadanos han respondido a este proceso de acumulación por desposesión a través de organizarse y luchar contra un modelo extractivo que va acompañado con la crisis de seguridad que atraviesa México. En Michoacán, paralelamente a la extracción ilegal de minerales y el asedio de grupos criminales, trabajadores y campesinos que rentaban sus tierras para la explotación de hierro, así como comuneros del municipio de Aquila, que desde hace 30 años se han opuesto a la extracción que realiza la empresa Ternium (Macías, 2014), crearon en 2014 grupos de autodefensas que, apoyados por el gobierno federal, comenzaron a disputar terreno a los grupos del crimen organizado y a inconformarse con el modelo extractivo de la minería (Maldonado, 2012). En el estado de Guerrero (cuarto productor de oro y octavo de plata nacional), se ha detectado que grupos criminales habían ingresado en la cadena de producción de la industria minera, en particular en Los Filos, propiedad de Goldcorp. La presencia de grupos criminales ha ocasionado que tanto ejidatarios que rentan su tierra y reciben una compensación monetaria, como trabajadores de la minera y miembros del sindicato sean extorsionados por estos grupos (Mijangos, 2013; Reuters, diciembre 2015). En respuesta este contexto, hace más de 18 años, organizaciones de pobladores locales como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), han asumido la seguridad e impartición de justicia local en sus comunidades y municipios que los lleva a entrar en conflicto por la administración y control del territorio tanto con autoridades, grupos del crimen organizado y empresas mineras. El presente artículo tiene como objetivos comparar los movimientos de resistencias locales que han surgido en los estados de Guerrero y Michoacán como consecuencia de la defensa de sus territorios ante la extracción de recursos naturales (principalmente de minería) y el aumento de la presencia de organizaciones criminales. Lo que se buscará hacer es observar cuáles son las características tanto extractivas, de empresas y de agrupaciones criminales que llevan a estos dos estados a la conformación de grupos de civiles armados que buscan defender sus territorios.

Abstract:
El tráfico ilícito de drogas (TID) es actualmente uno de los problemas más importantes en la agenda mundial y nacional. La inversión que los Estados más importantes del mundo –entre ellos Estados Unidos y los países de la Unión Europea– realizan en el control y lucha contra la distribución y comercialización de drogas –principalmente clorhidrato de cocaína-, y las desproporcionales ganancias que este mercado ilegal genera[1], dan cuenta de su magnitud e impacto mundial. En este contexto, América Latina cobra importancia como espacio donde se ha constituido el eje de países andinos con características económicas, sociales y geográficas favorables para el cultivo y transformación ilegal de la hoja de coca. Junto con Colombia, Bolivia y en cierta medida Ecuador, el Perú como parte de este eje de producción y transformación, se ha convertido en uno de los principales productores en el mundo. En esa línea, la presente ponencia tiene como objetivo analizar las relaciones y las formas en que operan los actores involucrados en los circuitos, rutas y pasos que configuran la dinámica de distribución de Pasta Básica de Cocaína (PBC) y el Clorhidrato de Cocaína[2] en el territorio peruano. Con este fin se realizó un trabajo de triangulación entre fuentes cualitativas y cuantitativas la que incluyo una revisión hemerográfica de los últimos 15 años del diario “El Comercio”, el procesamiento de fuentes estadísticas a nivel nacional y entrevistas a actores clave. La investigación identifica cuatro circuitos principales al interior del Perú: el circuito hacia la frontera Norte con Ecuador y Colombia, la frontera Sur con Bolivia y Chile, la frontera Este con Brasil y el circuito hacia las fronteras marítima y aérea en la ciudad de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. El alcance de cada circuito varía de acuerdo al derivado que se transporta, lo que supone distintas formas de organización criminal, modalidades en el movimiento del producto, así como relaciones específicas entre estos y las figuras del Estado y los arreglos organizativos que este regula. Por último, cumplen un papel estratégico en los circuitos del tráfico ilícito los pasos de distribución y los pasos fronterizos como lugar donde confluyen actores y sinergias –legales e ilegales- que permiten el TID. Se construyen así anclajes socio territoriales, punto de encuentro entre lo nacional y lo internacional, las que modifican y son modificadas por el mercado ilegal en cuestión.   [1] Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2011), el tráfico ilícito de drogas constituye el negocio más lucrativo del mundo. [2] El Clorhidrato de Cocaína es un derivado de la pasta básica de cocaína producto de su transformación química que se caracteriza por su extrema pureza.

Abstract:
A proposta de trabalho consiste em apresentar resultados de pesquisa em andamento cujo objeto são as rotas do comércio ilegal de drogas nas regiões de fronteira entre o Brasil e o Paraguai, examinando seus impactos no surgimento de novos centros urbanos bem como as mudanças sociais introduzidas em centros já existentes e consolidados. Empiricamente, trata-se de acompanhar as rotas desde suas extremidades onde drogas ilícitas são produzidas e distribuídas até sua entrada no Brasil e sua chegada ao mercado local e consumidores finais. A fundamentação teórica da proposta está sustentada em dois eixos conceituais: a) o conceito de cadeia produtiva voltado para o acompanhamento de todas as fases do comércio ilícito de drogas, isto é, produção, circulação, distribuição e consumo; e b) o conceito de fronteira, cuja significação sociológica ultrapassa os limites ditados pelas demarcações geográficas e espaciais e permite compreender fluxos, limites, formas de circulação e de (des) territorializações. Esses fundamentos encontram-se no exame de bibliografia especializada sobre fluxos e redes criminais, fronteiras, mercados ilícitos. A pesquisa empírica está baseada em dados sobre apreensões da Polícia Rodoviária Federal entre 2000-2014; informações veiculadas pela imprensa sobre redes criminais em regiões de fronteira; fontes documentais como Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Narcotráfico (2000) e sobre o Tráfico de Armas (2006); entrevistas com os atores que participam/atuam nesta economia criminal. O plano de análise aqui proposto compreende, primeiramente, um panorama do mercado ilícito nacional, incluindo um mapeamento de redes e fluxos que envolvem a economia ilegal da droga no Brasil. Em segundo lugar, propõe-se a descrição e análise da dinâmica criminais, sociais e políticas que envolvem os grupos que atuam no comércio de maconha e de pasta-base de cocaína considerando um território específico, a região da fronteira brasileira com o Paraguai, notadamente aquela composta pelas cidades-gêmeas Ponta Porã (MS/Brasil) e Pedro Juan Caballero (Amambay/Paraguay), uma das principais portas de entrada da distribuição dessas droga para a região Sudeste do Brasil, a principal mercado consumidor dessas substâncias.

Abstract:
Este artigo emerge da pesquisa em andamento[1] sobre consumo de crack no Recife e Região Metropolitana do Recife/PE. Com base nos achados da referida pesquisa levantam-se alguns questionamentos que dialogam, em alguma medida, com outros estudos sobre o consumo de crack realizados tanto no Brasil quanto em outros países.  Considerando-se a atual Política de ‘Guerra às Drogas’, oriunda dos Estados Unidos, o artigo chama atenção para a necessidade de novas perspectivas e estratégias de ação relacionadas ao fenômeno do consumo de crack frente aos velhos desafios que transpassam as sociedades, sobretudo, no que se refere aos contextos de disparidades sociais, negação de direitos sociais mínimos e/ou injustiças sociais (por sinal um traço comum em “Países de Terceiro Mundo”, como o Brasil). Objetiva-se evidenciar questões que costumam ser negligenciadas pela grande maioria dos estudos predominantes sobre o tema, a fim de destacar nos achados de outras realidades posturas políticas que poderiam ser implementadas no Brasil, no intuito de lidar de forma mais eficaz, humana e, portanto satisfatória com o consumo tanto de crack quanto de outras drogas consideradas ilícitas. Sabe-se que a América Latina é uma das regiões do planeta que sofrem de forma mais contundente as consequências sociais e humanas da Política estadunidense de ‘Guerra às Drogas’, nesses termos, quais experiências relacionadas ao consumo/mercado de crack e demais drogas ilícitas vem se destacando pelo mundo e quais medidas podem ser adaptadas respeitando-se as peculiaridades de cada contexto e realidade no cenário brasileiro?   [1] Tese de Doutorado sobre o consumo de crack no Recife e Região Metropolitana do Recife/PE.

Abstract:
En el presente ensayo se desarrolla una reconstrucción histórica del paisaje socio-criminal de Sinaloa y particularmente de la sierra sinaloense. Se abordan aspectos teóricos asociados a la criminología y el control social a partir del análisis del bandidaje social (Hobsbawm, 1982), así como la construcción histórica y mediática de figuras religiosas y criminales relacionadas con la delincuencia común y con el crimen organizado y/o narcotráfico. En México el estudio académico de este fenómeno es relativamente nuevo y las líneas que empezaron a escribirse en torno al fenómeno se deslizaron sobre las hojas de notas periodísticas y de la literatura. Es pertinente analizar la historia del crimen organizado y/o narcotráfico, partiendo del caso de la zona serrana del estado de Sinaloa ubicado en el noroeste de México (McCarthy, 2011; Grillo, 2011), donde surgen figuras que alcanzan niveles míticos, tanto en el contexto criminal como religioso, “bandidos sociales” y “criminales” que han retado y/o sustituido exitosamente las autoridades formales (Gill, 1954; Price, 2005; Robinson, 2009). El espacio geográfico al cual nos referimos se perfiló desde los tiempos del porfiriato como un territorio con vocación para la siembra de droga, con una combinación de campesinos sin tierra, pobreza, violencia y pocas oportunidades de movilidad social (Pinchetti, 1981; Astorga, 2012; Smith, 2013). Los principales resultados de la reconstrucción histórica apuntan que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en la construcción de personajes famosos surgidos en la sierra, los cuales se transformaron en objeto de culto y admiración popular, y cuya “constante celebración es un reflejo de la desconfianza o el desprecio del público y la prensa hacia el Estado” (Piccato, 2015)[1]. Dicha construcción mediática pone en relevancia el papel de Sinaloa en una actividad que marcaría, hasta la fecha, la historia económica, política y social de esta región. El acercamiento histórico al fenómeno del narcotráfico y el panorama actual del mercado de las drogas ilegales en el mundo ofrece amplias evidencias de su complejidad social, cultural, económica y política a niveles macro y micro. También se hace notar, desde la perspectiva teórica de la Economía Política (Skaperdas, 2001), y según la evidencia que se ha ido acumulando, que como actividad económica altamente lucrativa, el mercado de las drogas ilegales, ha generado una cadena de producción donde prevalece la desigual en la distribución de la riqueza, criminalizando a muchos y enriqueciendo a pocos (O’Connor, 2009). Palabras clave: Economía Política; Crimen Organizado; Bandidaje social; Narcotráfico.   [1] Pablo Piccato. (2015). Los asesinos celebrados. 28 de octubre de 2016, de Nexos Sitio web: http://www.nexos.com.mx/?p=26160

Abstract:
Si bien la tasa de homicidios en el Perú es de las más bajas de la región latinoamericana, esta ha ido incrementándose en los últimos años, pasando de 5.43 por cada 100,000 habitantes en 2011 a 7.2 en el 2015 según el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad[1]. Sin embargo, algunas ciudades de la costa norte del país presentan tasas muy por encima del promedio nacional, lo que las caracteriza como altamente violentas. Tal es el caso de la ciudad de Trujillo, escenario de esta investigación, donde la tasa de homicidios del año 2015 fue de 16.6, sétima a nivel nacional. Gran parte de esta violencia tiene que ver con fenómenos de criminalidad organizada que se desarrollan en estos territorios. Así, esta investigación plantea el estudio de las características y dinámicas urbanas que influyen en el surgimiento y desarrollo de organizaciones criminales de crimen urbano violento. Para ello, se toma el caso de la organización criminal “Los injertos de K y K” en la ciudad de Trujillo, particularmente en los distritos de La Esperanza y Florencia de Mora. Se busca describir esta organización y responder cómo funciona a través de identificar cómo se relaciona con el territorio de los barrios que controla y qué transformaciones urbanas contribuyen a entender la particularidad de este fenómeno en una región particular. Por ello, tener en cuenta el contexto de desarrollo urbano y económico es importante. Trujillo es considerada una ciudad grande de acuerdo al sistema de ciudades del INEI[2] (de 500 000 a 999 999 habitantes) y tiene un porcentaje de desempleo de 4.5% a nivel departamento. Así, estas entre otras características como la segregación o crecimiento desregulado, son factores que influyen en la criminalidad[3], ya que los cambios en el panorama urbano y económico generan nuevas oportunidades para la comisión de delitos económicamente rentables. Para responder estas preguntas, se plantea el uso de una metodología principalmente cualitativa, a través de la observación y la aplicación de entrevistas a vecinos, policías y fiscales. Además, se complementan estas herramientas con la revisión de documentación policial y judicial pertinente relacionada a la investigación criminal de “Los injertos de K y K”.   [1] Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (2016). “Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno 2011 – 2015”. [2] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2011). “Perú: Migración interna reciente y el sistema de ciudades, 2002-2007”. [3] Imbusch, P.; Misse, M. y Carrión, F. (2011) “Violence Research in Latin America and the Caribbean: A Literature Review.” International Journal of Conflict and Violence 5(1):87-154.

Abstract:
La guerra contra el narcotráfico ha sido una estrategia política del gobierno federal al mando de Felipe Calderón que ha sido duramente cuestionada por las consecuencias que ha derivado. Además, por interés de recuperar la seguridad arrebatada por el crimen organizado o por definir la legitimidad de su gobierno, las mismas justificaciones de dicha guerra han sido cuestionadas puesto que las implicaciones sociales han devenido en el recruecimiento de la violencia. Michoacán ejemplifica este hecho, sin embargo es necesario prestar atención a las tendencias de homicidios que en la entidad se suceden y en las diversas regiones de la misma, esto con la intención de abrir un panorama más amplio que permita cuestionar las interpelaciones críticas de medios de comunicación y personalidades políticas.  No es de nuestro interés suscribirnos a los pronunciamientos que aprueban o desaprueban la guerra de Calderon sino evaluar las tendencias de homicidios en una entidad según la premisa que señala que la violencia genera más violencia, a la cual se suscriben varios analistas y cientistas sociales que han evaluado el proceso advirtiendo que tras la guerra contra el narco declarada por el gobierno federal han aumentado significativamente las tasas de homicidios. Hemos reconstruido las tendencias de acuerdo a dos regiones que permiten comprender y ampliar la perspectiva según otro proceso de guerra contra el narco: la guerra de las autodefensas de Tierra Caliente, Michoacán, de enero de 2013 a mediados del 2014. Comparativamente hemos de describir los procesos de guerra que, para fines de comprensión, hemos de diferenciar en insitiucional, aquella llevaba a cabo por el Estado, y la civil, aquella llevada a cabo por los pobladores de la región de Tierra Caliente y municipios aledaños. Además, los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos permiten evaluar la trayectoria previa de las tendencias, de manera que amplía la imagen que tenemos de la violencia en la entidad. Una conclusión que se adelanta es que efectivamente existen tendencias a la alza en los homicidios durante ambos procesos de guerra pero que se diferencian por los efectos en que han derivado: mientras que la disputa por el territorio del Estado con el narco fragmentó al cártel en dos, la disputa de la comunidad organizada de pobladores tuvo consecuencias no alcanzadas por el Estado pues reafirmó la legitima propiedad del territorio y la autoridad que de ésta comunidad emana, hecho que concluye en el desplazamiento de los cárteles. Esto nos lleva a replantearnos el papel del Estado en México y su relación histórica con el crimen organizado, puesto que la violencia y la inseguridad desbordan sus posibilidades de acción frente al poder evidenciado de las comunidades organizadas de pobladores, el cual procuró mantener bajo control.

Abstract:
La presente ponencia^* presenta los resultados de una aproximación a las dinámicas socio-espaciales de la trata de personas en el Perú, que -de manera similar a otros mercados ilegales -implica vínculos diferenciados con el territorio de acuerdo a la forma que toman sus arreglos organizativos. Específicamente, se pone atención en el lugar de las fronteras nacionales, las cuales cumplen un papel estratégico en el sentido de que articulan una serie de actividades legales, ilegales e informales que inciden en las dinámicas de trata de personas, de la misma forma que estas modifican las características del área fronteriza. La ponencia tiene dos objetivos. El primero es caracterizar las dinámicas de trata de personas en el Perú en las modalidades de explotación laboral y explotación sexual, que involucren fronteras nacionales. El segundo objetivo es problematizar las dinámicas socio-espaciales de este mercado ilegal para el periodo 2000-2014 y el rol de las fronteras nacionales. La investigación siguió una metodología mixta que combinó tres estrategias de recolección de información: (1) Revisión de prensa escrita (Diario El Comercio) para el periodo 2000-2014, (2) Revisión de información secundaria (instituciones oficiales y de la sociedad civil); (3) y entrevistas a informantes clave. Se sostiene que la trata de personas, en tanto desplazamiento de personas y arreglos organizativos que vinculan lo legal, ilegal y criminal a distintas escalas, se articula con las áreas fronterizas en cuatro sentidos: i) como un punto importante en términos de la configuración de circuitos, rutas y pasos propios del mercado ilegal de la trata (sin que eso implique que no se articule con otros mercados ilegales); ii) como configuraciones socio-espaciales, en las que las particularidades de las áreas fronterizas adquieren importancia como espacio de reproducción y desarrollo de actividades vinculadas a la trata; iii) como espacios que modifican las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas en tanto incorpora la migración como nuevo eje de reproducción de la vulnerabilidad; y, iv) dado que otorga visibilidad a arreglos institucionales y organizativos propios del subsistema fronterizo en el que se articula y que no dependen únicamente de la particularidad nacional o del ámbito local. La ponencia llama la atención sobre el lugar de las fronteras nacionales en la dinámica de trata de personas con el fin de aportar a la discusión sobre el enfoque de las políticas públicas en torno a la seguridad. Atender la complejización de esta actividad ilegal resulta condición necesaria para lograr acciones pertinentes y efectivas que pongan por delante a las personas y su bienestar.   . *La ponencia presenta parte de los resultados del proyecto "Explorando la economía política de la violencia en las regiones fronterizas de América Latina" realizado por FLACSO - Ecuador y CISEPA PUCP (Perú).

Abstract:
El movimiento estudiantil en México ha tenido una participación relevante en el devenir de la sociedad mexicana contemporánea puesto que la educación pública ha sido siempre una demanda legítima que, incluso, se encuentra plasmada en la Constitución Política que hoy rige esa Nación; sin embargo, este derecho fundamental también ha sido vulnerado por la diferentes intereses de gobiernos nacionales y de capitales internacionales a lo largo de la historia y ha peligrado su característica de educación laica, gratuita y soberana. En este proceso específico, el movimiento estudiantil ha sido protagonista de diversas manifestaciones que van desde movimientos armados y protestas pacíficas, por ejemplo, la Liga Comunista 23 de septiembre y el movimiento #YoSoy132. Por otro lado, también podemos ejemplificar momentos de represión y violencia a estudiantes que va desde la matanza de Tlatelolco en 1968 hasta el 1DCMX de 2012. A partir de lo anterior, nuestro estudio se centra específicamente en dos entrevistas a profundidad sobre dos casos donde las víctimas narran cómo fueron levantadas, retenidas y torturadas por aparatos represivos del Estado. Cabe mencionar que ambos casos se enmarcan en dos generaciones dentro de un seno familiar y respectivamente en coyunturas donde el sector estudiantil fue de los más visibilizados: el primero en el movimiento de la Preparatoria Popular Tacuba en el año de 1983 y el segundo durante el proceso de investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Además, es importante decir que nuestra investigación también utiliza como soporte la recaudación de datos a partir de una serie de encuestas que realizamos en una universidad actualmente activa políticamente como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Los casos que analizamos presentan similitudes que nos hacen reflexionar más allá de los hechos referidos y esto nos llevó a la revisión documental, bibliográfica, hemerográfica y audiovisual, tanto de otros casos parecidos como de hechos cercanos temporalmente, para poder explicar el por qué este tipo de prácticas han sido recurrentes repitiendo la ejecución, las temporalidades, los métodos de violencia, tortura e interrogación y otra serie de hechos, en los distintos regímenes posrevolucionarios en México. Además, esto deja la reflexión de cuestionarnos cómo es que la legislación nacional aborda estos casos puesto que no existe rubro donde puedan defenderse sin la intervención de las Defensorías de Derechos Humanos.   

Abstract:
O presente estudo investiga as relações ecológicas complexas entre a estruturação de atividades no e pelo tráfico de entorpecentes e a segregação espacial nas cidades mais populosas da América Latina. Para a análise sobre a realidade das 32 maiores metrópoles do continente, assumimos como pressuposto teórico que a violência urbana é resultado de uma combinação entre variáveis endógenas e exógenas à própria criminalidade. Entre os achados sociológicos, está o de que as atividades em torno dos mercados ilícitos de entorpecentes têm se organizado por meio de territórios-redes determinados não apenas aspectos sociocontextuais, mas a partir de disposições de natureza topográfica, indissociáveis aos processos de ocupação e uso dos espaços urbanos.

Abstract:
O que chamamos hoje de políticas públicas sobre drogas no Brasil emergem como uma resposta do Estado à sociedade, tendo em vista o crescimento do uso abusivo das substâncias psicoativas. O proibicionismo em torno das drogas é um fenômeno mundial e tem sido uma das características fundamentais das políticas brasileiras sobre drogas, porém a criminalização do uso de drogas tem atingido principalmente a população negra e pobre da periferia brasileira. Nesse contexto, a “Guerra às Drogas”, que prega a ideia de “um mundo livre de drogas”, por meio da repressão, em cerca de cinquenta anos, tem como saldo a elevação de prisões e da “persecução penal a usuários e traficantes de drogas à categoria bélica, capaz de justificar inclusive intervenções internacionais militarizadas” (BOITEUX, 2015, p. 18). Sob esta influência, o discurso em nome da “segurança interna” com ações contra cidadãos, em sua maioria, negros (as), pobres e jovens, pelo fato de comercializarem tais substâncias nos mercados ilícitos, criados justamente pela proibição, não reduziu o consumo tampouco à oferta de drogas no Brasil, culpabilizando os (as) usuários (as) e responsabilizando os indivíduos, deixando a mercê as questões econômicas e interesses políticos que estão por trás do proibicionismo. Apesar da cultura proibicionista, orientada pelo modelo de “Guerra às Drogas” estadunidense, no histórico da legislação brasileira sobre drogas, devido ao crescimento do consumo, produção e do tráfico em escala mundial, os debates em torno da drogadição intensificaram-se (SILVA, 2007) e tardiamente o Brasil adere a uma política pública que discuta a questão do uso dos psicoativos como eixo central, mas a repressão, historicamente, sempre foi um elemento norteador do tratamento dado a essa questão. Salienta-se que, o proibicionismo se apresenta não só na legislação brasileira sobre psicoativos, mas também no imaginário social conservador brasileiro com a defesa que “a proibição é a ‘melhor alternativa’ para responder aos danos sociais e de saúde decorrentes do uso de psicoativos ilícitos. No entanto, a história tem demonstrado exatamente o oposto” (CFESS, 2016, p.10). Portanto, esse estudo objetiva analisar a Guerra às Drogas no Brasil, dando ênfase ao extermínio e aprisionamento massivo dos (as) pobres e negros (as) da periferia brasileira. A metodologia utilizada para análise foi a revisão bibliográfica, assim como análises documentais das políticas públicas sobre drogas no Brasil.