Abstract:
Uno de los rasgos característicos de las transformaciones socioculturales de la globalización se identifica con el impacto de internet sobre las dinámicas de relacionamiento humano y la conformación de un contexto analítica y normativamente complejo. En efecto, hablar de sociedad de la información, sociedad digital, sociedad red y era de la información como define Castells, son sólo algunas denominaciones explicativas de la configuración mundo contemporáneo. Testigos del  surgimiento de diversas prácticas que toman lugar en el ciberespacio, las que como definiría Giddens - mediante el concepto de desanclaje - “son extraídas de sus contextos locales e inmediatos de interacción, y reestructuradas en extensiones indefinidas de espacio y tiempo”, desafían cualquier intento de regulación normativa que opere sobre ellas. La innovación tecnológica es central en el progreso económico y social de la humanidad, pero esta trae la aparición de nuevos y múltiples riesgos que proliferan en el mundo contemporáneo. Un claro ejemplo de ello se relaciona con la vulnerabilidad ante ciertas ciberamenzas de los proveedores de servicios globales asociados a “infraestructuras críticas” (definidas usualmente como el conjunto de sistemas de transporte, redes de telecomunicaciones, operaciones de seguridad social, servicios públicos y sistemas financieros). Por tanto, la necesidad de diseñar y perfeccionar los dispositivos de ciberseguridad orientados a monitorear y anticiparse a los ciberataques es cada día mayor, considerando la gran velocidad en que surgen nuevos riesgos de internet. Precisamente, la puesta en marcha de proyectos como PRISM, XKeyscore, ECHELON, entre otros, operan en esta línea. Sin embargo, distintos agentes (como el “Chaos Computer Club” en Alemania, la “Electronic Frontier Foundation” en Estados Unidos, o la ONG Derechos Digitales en Chile) han denunciado la amenaza que ello significa para la libertad y privacidad con que los usuarios se desenvuelven en internet, sean personas u organizaciones. El objetivo del presente proyecto está enfocado en contribuir a resolver la pregunta sobre el modo en que es posible hacer de internet un lugar más seguro para los usuarios sin vulnerar la libertad y privacidad de los mismos. No existe común acuerdo sobre cómo resolver la paradoja que encierra esta interrogante. No obstante, la hipótesis preliminar que aborda esta propuesta de estudio es que la privacidad en internet es incompatible con la configuración y funcionamiento de este, ya que se trata de un espacio eminentemente público. Por ello, para su correcto despliegue es necesario implementar medidas normativo coercitivas, además de sistemas de monitoreo, vigilancia y respuesta ante cualquier tipo de ciberamenaza y/o ciberataque. Y también, asumiendo el riesgo sistémico inherente al aumento de la complejidad social y tecnológica, es preciso evaluar la capacidad de respuesta multisectorial frente a la emergencia de nuevas vulnerabilidades del sistema social, ya sea en una dimensión política, jurídica, y tecnológica.

Abstract:
O trabalho em questão busca descrever a formação das dominâncias familiares no cenário político de determinados municípios demonstrando a dinâmica eleitoral e as formas com as quais indivíduos membros de um mesmo clã familiar se estabeleceram ao longo do tempo como chefes do executivo municipal e eventualmente seus familiares em cargos de mesmo poderio ou adjacentes, chegando a cumular para o mesmo grupo familiar várias cidades. Dissertando dentro de um contexto histórico como tal forma de perpetuação política surgiu, dinamizou-se e tem burlado ao longo dos anos os meios institucionais proibitivos a esse tipo de prática. O processamento de informações embasou-se na coleta de dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral apontando os indivíduos já eleitos em determinadas zonas de dominância de uma mesma família, criando assim uma base de dados do histórico de governantes de mesmo clã familiar e suas respectivas atuações nos municípios que já dominaram desde suas emancipações até os dias atuais. O trabalho se organiza como um estudo de caso de um exemplo real atribuído a família “Hacker” nos municípios de Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e Sirinhaém todos eles do Estado de Pernambuco. Com base nessas informações, analisaremos dados governamentais relativos a: receita, dados fiscais e despesas desses indivíduos, apontando as possíveis formas com as quais essas famílias utilizaram-se da máquina pública para se manterem no poder postulando por fim, a máxima da criação de uma eficiente estratégia de perpetuação política na utilização da família como agente político.

Abstract:
En este trabajo se parte del interés de buscar cómo contribuyen las tecnologías de información y comunicación, en particular internet, en la implementación del parlamento abierto y cómo se desarrolla el cambio institucional que supone este modelo frente al parlamento tradicional en el contexto mexicano. Lo anterior desde la perspectiva de la opinión pública y la deliberación online. La pertinencia de este estudio estriba en el desgaste en la relación entre la ciudadanía y sus representantes en el gobierno desde la perspectiva de la democracia representativa, lo que conlleva a una crisis de representación. En otras palabras, ya no basta con que la participación se reduzca a que la ciudadanía acuda a las urnas cada determinado tiempo para poder elegir a quienes les gobernarán; se requiere mayor profundidad de injerencia popular en diversas áreas del gobierno, tales como la discusión y toma de decisiones sobre lo que incumbe a la sociedad en general. Al respecto, la labor realizada por distintas organizaciones de la sociedad civil ha sido fundamental en el nexo entre Estado y sociedad. Particularmente en México, la Alianza para el Parlamento Abierto, conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil junto con el Órgano Garante de Acceso a la Información y los congresos locales así como el Congreso de la Unión, delinean ciertos principios que apuntan a la apertura parlamentaria en tanto mayor transparencia de las actividades legislativas, rendición de cuentas, acceso a datos abiertos y participación ciudadana, entre otros. Algunas de las cuestiones que se establecen en estos principios no son precisamente recientes, ya que existen lineamientos en materia de transparencia legislativa que se consideran de primera generación (como la información de montos y uso del presupuesto, o el desempeño legislativo individual). Pero con la cada vez mayor penetración de tecnologías de información y comunicación en la población, se reconfiguran nuevas formas necesarias desde las cuales reflexionar aspectos como la representación, la deliberación, la opinión pública y las propias bases de entendimiento de la democracia. Así, se analiza cómo a través de las diversas plataformas de internet se reconfigura la opinión pública y se logran espacios complementarios para generar procesos de deliberación pública que promuevan un mayor involucramiento de las personas en los procesos político-ciudadanos. De tal manera que a través de ello se logre contrarrestar la crisis de representación al dar cabida no a una sola opinión pública en una sola esfera pública, sino que se abran espacios a la manifestación de diversos públicos, de una u otra forma invisibilizados, que contribuyan al cambio institucional que supone la apertura parlamentaria.

Abstract:
Para entender os desafios das democracias contemporâneas, é necessário estudar as relações entre Estado e cidadania a partir da evolução dos espaços públicos locais e regionais, locais concretos da vivência da participação política cidadã. Este tema é particularmente relevante no momento em que o Brasil, após ter enfrentado ondas de manifestações populares nas ruas das principais cidades do país, atravessa um período de incertezas e crise política após o impeachment da presidente Dilma Roussef. Nossa pesquisa tem como objetivo identificar como a mídia local cobriu os processos políticos e influenciou a participação cidadã em duas unidades da federação brasileira - o Estado da Bahia e o Distrito Federal - durante o período de 2007 a 2014. Esse período abrange dois mandatos de governadores pertencentes a diferentes posicionamentos no espectro político-ideológico, assim como crises políticas e manifestações populares de grande envergadura. Além disso, as duas unidades possuem configurações distintas no que diz à concentração da propriedade da mídia e das relações entre o sistema midiático e o sistema político local. Nesse sentido, a análise comparativa permitirá identificar dinâmicas comuns e estudar as origens de processos específicos ocorridos em ambos os locais  observados. Em nosso estudo, exploramos (1) uma dimensão discursiva, ligada à representação da mídia sobre o processo político (incluindo eleições, crise, manifestações e práticas clientelistas), cruzando metodologias como análise de enquadramento, de valores notícia e de discurso; (2) uma dimensão sociológica, baseada em entrevistas com jornalistas, assessores de comunicação, políticos, sobre a relação entre as culturas profissionais de jornalistas e atores políticos e (3) uma dimensão política, fazendo referência aos efeitos no sistema político da cobertura midiática regional, especialmente focado na corbertura e análise das práticas clientelistas e/ou patrimonialistas envolvidas nos processos políticos e as relações entre os diferentes atores políticos envolvidos. Nas conclusões, analisamos como as formas atuais de representação midiática efetuam um trabalho de gatekeeping às instâncias institucionais e informais do espaço público, reduzindo-o apesar das pressões dos processos locais e nacionais  em direção uma maior democratização.

Abstract:
EL DERECHO AL HONOR Y LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN EN LA CONSTITUCIÒN POLÍTICA DEL PERU Y EN LAS REDES SOCIALES GRUPO DE TRABAJO: ESTUDIOS POLÍTICOS, SOCIOJURÍDICOS E INSTITUCIONES Línea: Ciudadanía y el nuevo ejercicio de las libertades en Ambitos Virtuales. 1.- RESUMEN. Como parte de la polémica emprendida por el Colegio de Periodistas del Perú, que aboga por la abolición del Derecho al Honor de la persona humana, en primacía del Derecho a la libertad de información y entre otras opiniones propone la despenalización  del los delitos contra el honor, tipificados por los Art. 130, 138 del CPP; al respecto que el prominente penalista y parlamentario Javier Valle Riestra el año 2009, sostuvo un  proyecto de  ley, logrando que hasta la actualidad, el Congreso de la República  sólo  aprobara la derogatoria de los delitos de calumnia y difamación (los mismos que se hallan en espera de su promulgación). Dicho Proyecto persigue que la injuria, ocasionada por los medios de información y comunicación (prensa oral, escrita, televisiva o libros) sea tratada por la vía civil y no por la vía penal como sucede actualmente; haciendo hincapié que la calumnia y la difamación, fueran materia de juzgamiento civil. Frente a la disyuntiva y las contradicciones  despenalizadoras de los delitos contra el honor, en la presente ponencia, abogamos por la vigencia del Derecho al honor consignado en el Código Penal (D.L. Nº. 635) y que el mismo sea ampliado y considerado como delito en la Ley Nº. 30096 de Delitos Informáticos. Se sustenta la presente postura al amparo de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado, los Derechos Fundamentales y el Derecho internacional comparado, incluyendo el análisis y reflexión filosófica, moral, ética, teórica y principista sobre el tema. PALABRAS CLAVE.- Derecho al honor, Derechos fundamentales, Libertad de información.  

Abstract:
Este trabalho é fruto da investigação de doutorado em Ciências Sociais e propõe redirecionar o olhar sobre os direitos humanos e não pensá-lo a partir de uma noção definida, mas como um objeto dinâmico, dotado de múltiplos significados. Proponho uma reflexão sobre os rumos que os direitos humanos têm tomado no Brasil, desde suas práticas à processos de institucionalização, já que diversos discursos sobre/de direitos humanos se cruzam, algumas vezes de maneira claramente dissonante. Neste trabalho, farei uma análise de como os direitos humanos têm sido compreendidos por organizações que se declaram defensoras dos Direitos Humanos no Brasil, a Anistia Internacional no Brasil, a Human Rights Watch no Brasil, a Conectas, identificando como as diversas noções de direitos humanos são mobilizadas em seus discursos. A partir de uma abordagem qualitativa, serão analisados documentos oficiais produzidos por elas, tais como sites, relatórios, comunicados, campanhas, etc. A análise dos dados será feita com auxílio de recursos oferecidos pela análise de discurso, buscando colaborar para o desenvolvimento de uma sociologia dos direitos humanos.

Abstract:
A legislação brasileira relativa aos refugiados foi adotada no Brasil no final dos anos 1990, inserindo-se num contexto em que tanto a política doméstica quanto a externa se enveredavam para uma maior ênfase no tema dos direitos humanos. Tanto assim que, durante esta década, diversos tratados relacionados a direitos humanos foram assinados e ratificados pelo governo brasileiro. Ao mesmo tempo, a projeção internacional do país passou a se orientar por tal temática, amparando-se em preceito previsto pela Constituição Federal de 1988. Tendo em conta esse breve histórico, é importante ressaltar que não apenas atores estatais, quanto não estatais (em especial, organizações religiosas atuantes em prol de migrantes, refugiados e dos direitos humanos e o ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas) tiveram papel fundamental durante o processo de elaboração, discussão e aprovação legislativa. Vale mencionar que a legislação brasileira criou o CONARE – Comitê Nacional para Refugiados, que passou a atuar no ano seguinte, incumbido de regular aspectos normativos relativos aos refugiados mediante resoluções, além de outras atribuições (em especial, decidir, em primeira instância, sobre os pedidos de refúgio a ele direcionados). Tal lei foi vista internacionalmente como moderna, avançada e de vanguarda (sobretudo por ampliar a definição de refugiado dada pela Convenção da ONU de 1951 e por prever a participação de organização da sociedade civil com assento e direito a voto no CONARE). O ACNUR entendia, inclusive, que a lei brasileira poderia se alçar a um modelo normativo a ser seguido na região. No entanto, quando de sua aprovação, havia lacunas e problemas em termos jurídico-político-institucionais, que gerariam impactos posteriores na fase de implementação. A legislação desenhada durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) passou por acréscimos e alterações durante os governos Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). A proposta deste artigo é, portanto, fazer um balanço de como esta legislação foi modelada, implementada, assim como as modificações e inclusões que sofreu ao longo dos últimos 20 anos (compreendendo esses processos a partir da atuação de atores estatais e não-estatais). Sustenta-se que, muito embora tenha havido avanços, não foi possível sanar suficientemente os gaps e as deficiências existentes no momento de sua aprovação – sendo o maior deles a ausência de previsão de uma política voltada à integração dos refugiados no país. O estudo dessa problemática justifica-se não apenas pela comemoração de duas décadas da lei, mas, especialmente, pelo momento histórico atual, marcado por fortes riscos de retrocesso a esta conquista no âmbito dos direitos humanos e das migrações internacionais (vale dizer, a própria existência da lei que delineou aspectos institucionais essenciais para tratar da questão dos refugiados) no país.

Abstract:
  Protagonizado por forças heterogêneas que tinham posições diferentes sobre vários temas e que também disputavam o poder entre si, o regime autoritário brasileiro de 1964 não teve uma linha de conduta única. Nos seus primeiros anos, ainda na década de 1960, os Atos Institucionais representaram elementos centrais na busca do governo ditatorial de estabelecer determinações que assumissem um caráter formal. Entre 1964 e 1969, foram expedidos 17 atos, regulamentados por 104 atos complementares. Utilizando como base o conteúdo dos atos, este trabalho visa analisar como o governo autoritário abordou o processo político e a sua relação com os direitos políticos no período, levando em conta que, mesmo tendo sido editados em apenas cerca de cinco anos, os atos seguiram válidos, pelo menos, até o fim da década de 1970. Os atos revelam o contexto da época e o direcionamento e centralização estabelecido. O conteúdo é analisado tendo como pressuposto a compreensão acerca do processo político e o contexto social, levando em conta que, ao mesmo tempo em que age de maneira repressiva e violenta, o governo ditatorial busca estabelecer uma situação de normalidade. A normalidade construída, no entanto, é confrontada pela oposição, formal e clandestina, à ditadura; e os atos institucionais e complementares são significativos no sentido de compreender o aparente paradoxo da busca em construir uma imagem de estabilidade política e social com o acirramento do confronto. Ou seja, os atos tratam das intenções políticas do regime e, mais do que isso, indicam os caminhos do governo autoritário, incluindo cassações de mandatos, extinção de partidos, definições de eleições, entre outras ações repressivas. O auge desse sistema de organização política autoritária se dá com o Ato Institucional número 5, de dezembro de 1968, que estabelece os procedimentos para o fechamento do regime, abrindo caminho para o período de maior repressão. Os 17 atos, portanto, garantem à ditadura a hegemonia sobre o processo decisório, como resultado da institucionalização do aparato coercitivo sobre a oposição consentida e sobre os grupos sociais politicamente organizados que, diante do bloqueio no âmbito das instituições políticas, eleições, partidos e parlamento, principalmente, passam a agir fora do sistema político formal. E, por fim, garantem controle social e político, implementando uma situação de aparente ordem política estável, de base coercitiva.

Abstract:
O direito ao protesto nos países considerados democráticos é tido como um dos direitos basilares para o efetivo exercício da democracia, assumindo uma especial importância naquelas nações que saíram de regimes autoritários e ditatoriais, como a maioria dos países da América Latina. No Brasil, faz-se inferência do direito ao protesto, no rol constitucional de direitos e garantias fundamentais, nos incisos IV, XVI e XVII do artigo 5º, que correspondem respectivamente a: liberdade de expressão, liberdade de reunião e liberdade de associação.  Apesar de previsto constitucionalmente, as divergências interpretativas sobre o tema têm causado polêmica tanto no âmbito do direito como na opinião pública, uma vez que o protesto pode ser encarado como uma ação não legítima. A criminalização de protestos não é uma novidade nem tampouco uma exclusividade do Brasil, a interpretação jurídica de que o protesto atenta contra a democracia ou que se assemelha a atos de terrorismo vem se tornando cada vez mais comum. Alguns autores apontam a criminalização dos protestos como tentativa de controle formal por parte das instituições dentro das sociedades contemporâneas. Em momentos de maior agitação social, cresce esta tendência à criminalização, como forma de desencorajar as pessoas a irem às ruas e assim limitar o debate das demandas de parcela da população. No Brasil, pós-Constituição de 1988, assistimos a intensificação da criminalização dos protestos desde 2013. Desde então, tornam-se visíveis os esforços em legitimar a criminalização dos protestos, a exemplo da promulgação da Lei 13.260/2016, conhecida como Lei Antiterrorismo, observando-se que a mídia brasileira desenvolveu um papel fundamental para endossar que a opinião pública fosse favorável à criminalização dos protestos políticos que insurgiram por todo o país. Há um processo bastante articulado que dita a política criminal brasileira: Legislativo e Executivo, onde o contrabalanceamento viria, em tese, do Judiciário. Percebendo a relevância deste debate diante o atual momento vivenciado no Brasil e compreendendo a criminalização dos protestos como um tendência internacional, o presente artigo tem por objetivo refletir sobre quando o direito ao protesto vai figurar como instrumento de exercício da democracia, ou quando o mesmo direito passa ser interpretado como instrumento anti-democrático e violador de outros direitos. Utilizamos como aporte teórico a Criminologia Crítica e o Direito Constitucional para observar sob as duas óticas o direito ao protesto, fazendo um recorte dos protestos ocorridos no Brasil em 2013 e em 2016, observando como tais manifestações foram recepcionadas pelo Estado em suas diferentes funções de poder. Buscar-se-á analisar o caso brasileiro através da observação de casos divulgados na mídia e da análise da interpretação de algumas decisões exaradas pelo poder judiciário diante de tais eventos.

Abstract:
En  el  contexto  securiticio internacional post  11  de  setiembre  y ante la  reorientación  de  la  política  externa  estadounidense  bajo  la consigna  del antiterrorismo   global,   son  lanzadas   una   serie   de   acuerdos   en   materia   de   seguridad, fortalecimiento de la democracia y desarrollo con los Estados latinoamericanos, acompañados por tratados de libre  comercio  (TLCs  con  Perú, Colombia;  TLCAN  México,  EEUU  y  Canadá,  Alianza  del  Pacífico) que reconfiguran el rol geopolítico de los países de la región. Tras la aprobación, en junio de 2002, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, se habilita un sistema continental de represión al terrorismo (Copley, 2008) que comienza a expandirse por América Latina con consecuencias disímiles. En la práctica, se observa la utilización de las normativas antiterroristas para contención de la protesta social en un marco de guerra preventiva que pretende limitar o frenar el accionar de grupos, asociaciones o movimientos sociales que amenazan de manera directa o indirecta el poder establecido. En este contexto situamos la tendencia progresiva a la utilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, así como la creciente militarización de ciertas áreas estratégicas.  En la presente ponencia, nos interesa enfocar este análisis hacia el estudio de la criminalización de la protesta social en Perú, durante las presidencias de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), donde el Estado apeló a la figura difusa del enemigo interno y a la legislación antiterrorista, para estigmatizar y procesar judicialmente a determinados colectivos que constituyeron un obstáculo a sus intereses. La sociología jurídica constituirá el marco teórico necesario para comprender estos procesos de criminalización y estigmatización de la protesta social en un país con una débil y fragmentada estructura partidaria y una cooptación del aparato estatal por grupos económicos de poder que, al calor de este nuevo contexto securiticio, han logrado traducir su hegemonía económica en el control del Estado para su propio beneficio.           

Abstract:
O reconhecimento e a positivação dos direitos sociais, presentes na Constituição Brasileira de 1988, são resultado de uma longa trajetória de mobilização da sociedade, sobretudo através de movimentos organizados e suas lideranças políticas, no processo de construção de uma sociedade democrática. A luta por políticas públicas, leis e instrumentos de participação tem sido fundamental para efetivação desses direitos. Passados quase trinta anos desde a promulgação da Carta Magna, percebe-se que a ação do Estado não tem sido suficiente para diminuir as persistentes desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, seguindo a tendência neoliberalizante presente em outros países, os direitos sociais, sobretudo nas áreas da educação e da saúde, vem sendo gradativamente transformados em serviços, negociados num mercado cada vez mais competitivo, num país que tem, atualmente, 13 milhões de desempregados. No cenário internacional, a emergência de novas categorias de atores ecocômicos, sociais e políticos tem abalado o monopólio que os Estados nacionais detinham, nas relações locais e nas relações internacionais. Como Habermas, Held e outros autores já observaram, os temas e marcos das políticas públicas são, cada vez mais, ditados pelos mercados globais. E conceitos tradicionais como "bem comum" e "fim social", embora continuem presentes nos textos legais, já não possuem o peso ideológico e funcional da época do advento do Estado constitucional, da democracia representativa, das modernas declarações de direitos e das redes juríicas de proteção social. Pelo seu potencial comunicativo, esses conceitos conseguem sobreviver aos processos de flexibilização, desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização atualmente em curso. Nesse cenário desolador e assumindo que os direitos  sociais são direitos em permanente construção, acreditamos que a mobilização da sociedade ainda será capaz de reverter essas tendências. Os movimentos sociais já não não possuem a força dos anos oitenta, mas podemos contar com outras formas de mobilização, como as redes sociais. Nesse sentido, estamos desenvolvendo um trabalho de mapeamento dos movimentos sociais que ainda resistem, assim como das formas possíveis de mobilização, das reivindicações presentes e dos resultados alcançados. Numa perspectiva histórica, tentamos compreender o significado dos direitos sociais emergentes e as relações presentes e possíveis entre o direito e a justiça social.