Abstract:
En El Salvador el fenómeno de las Maras, estructuras sociales que efectúan numerosos actos delincuenciales conectados con diversas formas de violencia, ha sido una temática de investigación desde su surgimiento en la década de 1990. No obstante, abordajes sobre diversidad sexual y sus posibles conexiones con las Maras es una relación poco explorada por las ciencias sociales. Esta comunicación se propone identificar las relaciones que existen entre las personas lésbicas, gays, bisexuales, transexuales (LGBT) y las Maras en El Salvador. El tipo de metodología que se utilizó fue la exploratoria y bibliográfica. Se recurrió a entrevistas a activistas LGBT y a la revisión documental de informes  que registran actos de violencia contra personas LGBT atribuidos a miembros de las Maras, así como el análisis de procesos penales en los que existía un cruce significativo entre una posible identidad LGBT y miembros de las Maras. Como resultado preliminar se encuntra, que al interior de las Maras existe la norma de no aceptar homosexuales. Esta norma responde al ideal de “Macho” que marca las relaciones de género y sexualidad al interior de las Maras. Sin embargo, debido a que el ingreso/reclutamiento de nuevos miembros se realiza entre 9 a 12 años de edad, se da por sentada la heterosexualidad de los iniciantes. Al pasar los años y si una orientación sexual diferente a la heterosexualidad surge, sus prácticas son realizadas en la clandestinidad la mayoría de veces y en algunos casos, dado los lazo de unión al interior de las Maras, puede ser toleradas estás prácticas en las estruturas de base (clica/tribu). Pero si las estructuras de liderazgo nacional conocen de la existencia de un miembro homosexual estos dan la orden de asesinar a esa persona. Por otra parte, personas LGBT no pertenecientes a las Maras son alvos predilectos para cometer procesos de extorsión o realizar en ellos una parte del ritual de iniciación para ingresar a la Mara: matar una persona. Concluyendo, las Maras reproducen y amplifican el machismo, el patriarcado y la homofobia; utilizando la violencia como dispositivo de control y castigo en los cuerpos de los integrantes o no de las Maras que pretendan cuestionar el sistema de subordinación de género de lo masculino sobre lo femenino o al que trasgreda el sistema heterosexual. No obstante, con el análisis de procesos judiciales, se confirmó la existencia de personas LGBT al interior de las Maras. Entre la penalización violenta por una parte y las fronteras porosas por otra, las vivencias de prácticas sexuales diferentes a la norma heterosexual existen al interior de las Maras. Sin embargo, en la ejecución de una economía política de la violencia por parte de las Maras, ninguna persona LGTB está exenta de padecer violencia física, sexual u homicida en El Salvador.

Abstract:
Con la firma de los diálogos entre Gobierno y FARC-EP, así como los últimos anuncios de dialogo con el ELN, se traza un punto de partida hacia la construcción de paz en el país. Un período de hipotético “posacuerdo” para la construcción de una paz estable y duradera, resalta la complejidad del mismo conflicto armado e implica como horizonte de sentido, transformaciones de fondo en nuestra sociedad, donde se propicie la creación de nuevas reglas de juego en clave de la consolidación de la democracia y donde se sienten las bases para resolver los fenómenos estructurales que están en la raíz misma del conflicto armado. Es así que una de las principales tareas de la sociedad para enfrentar el pos-acuerdo y brindar garantías de no repetición radica una reforma estructural del sector seguridad y a las fuerzas militares. De esta forma se han venido planteando como alternativas al debate la sustitución de la doctrina de la seguridad nacional por la de seguridad ciudadana, reconocer la memoria histórica de las victimas, la creación de una guardia “nacional rural”, replantear el tema de las relaciones cívico-militares, la desmilitarización de la policía y la re evaluación de los modelos de contención de la protesta social entre otros temas.   Sin embargo, no solo el legado de la guerra fría acosa la institución de la seguridad, también mucho más profunda su visión occidental, un análisis poco contemplado teniendo en cuenta que la constitución política de Colombia le reconoce un espíritu pluriétnico y multicultural. En este sentido la necesidad de exigir un verdadero dialogo entre culturas en los formas de concebir e implementar la seguridad también es necesario, sobre todo aprovechando el hecho de existir en nuestro país una clara evidencia empírica alternativa a la seguridad imperante, la experiencia de la guardia indígena y las formas comunitarias de seguridad, por tanto se pretende exponer algunas de las formas autóctonas de seguridad comunitaria, como alternativa no solo para las fuerzas militares, sino también a la sociedad en general. ¿Es posible iniciar un proceso des colonizador de nuestras nociones de seguridad? ¿Es posible iniciar un proceso intercultural en la manera en que se asume? Formas interculturales y comunitarias de asumir la seguridad puede mostrar también alternativas de protección a los procesos de transformación y emancipación que en Colombia vienen siendo perseguidos por el paramilitarismo. Reconocer la historia de la lucha indígena contra la violencia estructural, cultural, epistémica y política del colonialismo, tanto como en la recuperación de su cosmovisión, esbozar algunas de sus historias y dinámicas presentes, en lo doctrinal, lo institucional y lo operativo de la seguridad, en la producción de su sentido y las orientaciones de su acción, es el aporte que pretende este trabajo.  

Abstract:
La ponencia discute la emergencia y organización de los grupos de defensa comunitaria en Michoacán, México a partir del año 2013. El objetivo es presentar las características de la organización para la defensa en dos comunidades de estudio: en los municipios de Tepalcatepec y Los Reyes, Michoacán, donde se ha realizado trabajo etnográfico en los últimos 3 años (2013-2016). En la investigación se presenta la vinculación entre la transformación económica regional, a partir de la reconversión productiva de cultivos y la aparición de nuevas formas de operación del crimen organizado en dicha región, sustentado tanto en la extorsión a compañías de agro-exportación, como al comercio en general. La hipótesis que se plantea es que este desplazamiento alteró el equilibrio de poder en el orden local y la tolerancia comunitaria hacia las actividades ilegales. Bajo ese contexto las comunidades desplegaron respuestas defensivas frente al embate criminal, en formas que se apoyan en la historia regional de los grupos involucrados y sus nexos políticos y comerciales. La conformación de este entramado comunitario defensivo, es entendido como parte de un “proceso hegemónico” (Gramsci, 1975, Roseberry, 2014) en el que las comunidades o segmentos de ellas, despliegan estrategias contenciosas frente al Estado y frente a grupos que ejercen control territorial, intentando articular un nuevo imaginario de orden (Escalona, 2011). El surgimiento de grupos de defensa comunitaria en México, se registró en los primeros años de la década de los noventa, ante el aumento en los índices de delincuencia, la crisis económica y la liberalización en los precios de algunos productos agrícolas a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, que resultaron en la percepción de vulnerabilidad de varios segmentos de la población rural y urbana. En ese contexto, en varios lugares del país se conformaron grupos para la defensa comunitaria. De acuerdo con algunas estimaciones, el número de grupos defensivos en el país sobrepasa las ochenta formaciones en diversas manifestaciones: rondas comunitarias, policías comunitarias, grupos de autodefensa, organizaciones vigilantes. La organización para la defensa comunitaria señala hacia un proceso interesante de construcción política, en tanto algunos grupos han transitado de la creación de estructuras de vigilancia y de justicia alternativa, hacia la construcción de estructuras de gobierno auto-determinadas e independientes de los partidos políticos. De esta manera, un espectro de prácticas de apropiación legítima de la coacción se abren en un marco contencioso que se opone tanto al Estado como al crimen en interregnos excepcionales (Agamben, 2013).

Abstract:
Desde hace una década la política de “combate al crimen organizado” en México se ha sustentado en la violencia de Estado y ha desencadenado diferentes formas de violencia social. Ambas formas de violencia han dado lugar a una situación que los organismos internacionales defensores de derechos humanos caracterizan como “crisis humanitaria” y que analíticamente responde a lo que algunos autores han denominado “horrorismo” (Cavarero, 2009) y “catástrofe” (Gatti, 2011 y 2012). Además de poner en evidencia la corrupción y una crisis institucional profunda que hacen difícil discernir los límites de la actuación de los diferentes actores involucrados: funcionarios públicos, grupos criminales y grandes poderes económicos nacionales y trasnacionales, estos procesos han tenido un impacto en la disolución del lazo social que afecta de manera diferenciada a los diferentes sectores de la población, siendo más vulnerables los grupos históricamente más desfavorecidos socioeconómicamente. En este contexto, el sistema de representación política ha quedado involucrado en la corrupción, siendo los partidos políticos los principales beneficiarios de la situación actual. El objetivo de mi ponencia consiste en analizar la manera como se confrontan dos paradigmas: el paradigma seguritista, que sustenta la política gubernamental y el paradigma de los derechos humanos, con el que organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y algunas víctimas de la violencia confrontan dicha política, tratando de revertir la situación actual y de que las políticas públicas tengan un contenido de derechos humanos. Siendo este tipo de derechos proyecto práctico y discurso político (Arias, 2015: 33), las organizaciones están teniendo un papel protagónico. Y aunque su principal desafío consiste en lograr que el discurso de los derechos humanos tenga una capacidad performativa que contrarreste la performatividad de las narrativas en las que se sustenta la violencia de Estado y las diferentes formas de violencia social, parece ser por ahora, la única alternativa para revertir la crisis actual, interpelando e involucrando a la mayoría de la población. Analizaré la manera como las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos contestan las narrativas que sustentan la política gubernamental a partir de las claves de interpretación de dichas narrativas: las categorías de “seguridad”, “violencia” y “víctimas, asumiendo que el lenguaje hace práctico e inteligible el discurso de los derechos humanos porque permite la construcción de un estado de cosas alternativo viable, basado en un paradigma susceptible de ser apropiado por los diferentes sectores de la sociedad, en tanto que es inclusivo y se basa en normas que interpelan a todos.

Abstract:
El narcotráfico es un problema que afecta de diferentes maneras a cada pilar de una sociedad, empezado por la inseguridad que se genera en un país por una guerra con el crimen organizado, las miles de vidas que se lleva sin ser partícipes de la misma; así como el mercado informal que sostiene los movimientos criminales del narcotráfico afectando claramente la economía del país. De igual forma, directa e indirectamente, se ven afectados grupos vulnerables que al no tener formas de subsistir, se ven forzados a integrarse a las filas del narcotráfico. Por lo anterior es de suma importancia en un país como México, en el que durante los últimos años ha presenciado un incremento acelerado del poder de los carteles de drogas y por ende la violencia, hacer un análisis puntual de este fenómeno así como sus causas y orígenes.  Con esta investigación trataremos de mostrar los efectos que tiene el narcotráfico en México, específicamente en el ámbito económico y social. Nuestro país es un gran ejemplo de la lucha y de las consecuencias que puede tener la guerra contra este tipo de actividades. Debido al poco aporte de ideas para solucionar dicha problemática, es indiscutible que hoy en día la situación en la cual el narcotráfico y el aumento de la violencia social ligada al mismo, han alcanzado un nivel tal que es difícil seguir evitando o prolongando el debate, y más aún, es importante que utilicemos nuestras propias herramientas analíticas para explicarlo.  Otros aspectos que se tratarán son las fuentes que impulsan a seguir viva la plataforma que sostiene a la impresionante estructura del narco, como lo es la corrupción y las alianzas con los diferentes poderes y cabezas del gobierno, el bajo nivel de estudios de quienes se integran a dichas organizaciones, la falta de empleo, la autonomía que tienen los cárteles, he incluso, la ampliación de sus actividades criminales como por ejemplo: secuestros, extorsión, lavado de dinero, trata de blancas y prostitución, cruce de indocumentados hacia los Estados Unidos, etc.  La pregunta principal que nos planteamos y de la cual partimos para analizar esta problemática es ¿Cómo afecta el narcotráfico a la economía de México? Ya que al ser una actividad ilícita, no se regulariza ni se reportan los movimientos económicos que ésta efectúa, repercutiendo directamente en la contabilidad de un país. Tener problemas de esta índole involucra destinar mayor parte del gasto público a la seguridad y defensa, algo que no es correctamente dirigido por parte del gobierno.  Nos basaremos en las perspectivas de la teoría económica, la historia económica, así como de la economía política para calcular la magnitud que tiene el crimen organizado y el narcotráfico en la economía de México. De igual manera realizaremos una investigación de tipo transversal, basada en el análisis de un fenómeno social determinando por un tiempo especifico, investigación que aún está en curso.

Abstract:
  En ciudades como Culiacán, en Sinaloa, México, donde el narcotráfico tiene arraigo histórico, los habitantes han aprendido a convivir con el riesgo en las calles; escuchar detonaciones de armas, esquivar y tolerar el comportamiento transgresor y prepotente de automovilistas en carros lujosos, e incluso ser testigo de asesinatos en la vía pública. Estas son situaciones habituales que forman parte de una “lenta y constante naturalización de diversos tipos de violencia”  en la ciudad (Polit: 2013).   En Culiacán la violencia delictiva se ha incrementado durante la última década, incidiendo en la transformación social de los espacios y la forma como son experimentados. Se ha creado una geografía particular de la violencia urbana en la cual los actores económicos interactúan; construyen, aprovechan, se adaptan, y previenen.   Se requiere estudiar las formas en que la violencia delictiva esta transformando los espacios en la ciudad, por ejemplo los espacios económicos. El estudio de las geografías de la violencia delictiva en Culiacán – la historia de su urbanización y la relación con el crimen, las distribuciones espaciales que ha tomado la delincuencia, y la manera como los habitantes viven, se adaptan y crean la violencia – nos ayuda a entender los orígenes de la violencia urbana como construcción social.   El objetivo central de esta investigación está en identificar y analizar las transformaciones que han ocurrido en los espacios económicos en Culiacán debido a la violencia urbana. La propuesta es analizar la violencia en Culiacán desde un enfoque urbano, y para esto se recurre a los estudios de violencia en la Sociología que analizan el fenómeno como una construcción desde la acción de los actores, y orientaciones desde la Teoría Espacial en la Geografía Humana que analiza el espacio urbano como una construcción social, espacial y temporal.   Esta investigación consiste en tres bloques: Primero, un análisis teórico sobre la violencia urbana que nos permite comprender cómo se construye a través de la experiencia de sus actores. Segundo, una caracterización de la geografía de la violencia delictiva en Culiacán que involucra:  a) la revisión de los procesos de creación de la ciudad, y un estudio de asociación espacial de variables de violencia y de condiciones sociales; b) una exploración de la experiencia cotidiana a través de la cual los actores crean la violencia - en específico se estudiaron las experiencias de los empresarios en corredores de comercios y servicios en lugares con indicadores delictivos. En el cuarto se plantean las conclusiones.

Abstract:
La territorialización subjetiva en población que ha estado sujeta a la violencia. Ma Teresa Mc Kelligan. Centro de Estudios sobre la Ciudad. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En México, en las últimas décadas, se ha vuelto extraño por el exceso de ausencia, y al mismo tiempo de presencia, de cuerpos. Me explico: hoy en día podemos ver cómo se ha ido transformando el lugar en el que vivimos, por el incremento de la presencia de cuerpos asesinados que son arrojados a los espacios públicos y por la desaparición forzada de ciudadanos.  Estos escenarios se vinculan con la territorialización de la inseguridad ciudadana como proceso asociado a un sector urbano considerado crítico y/o vulnerable, la cual se encuentra directamente relacionada con la apropiación sostenida en el tiempo de fenómenos como la inseguridad y la criminalidad. Estos escenarios se configuran con la intención de producir miedo y posibilitar el control sobre los habitantes. Asimismo, estos mecanismos se relacionan con otras formas e intentos de apropiación de orden subjetivo, es decir, son modificaciones que se gestan en las representaciones e imaginarios de la población que experimenta la territorialización violenta. Este trabajo tiene como objetivo analizar un conjunto de entrevistas que posibilitan comprender este proceso de territorialización subjetiva; en otros términos, se pretende analizar las modificaciones en algunas de las representaciones de individuos que han estado sujetos a situaciones contantes de violencia en algunas ciudades en México como son Gómez Palacios, Durango y Chilapa, Guerrero.

Abstract:
En las décadas previas, la violencia relacionada con el tráfico de drogas se mantuvo en niveles controlados, mientras que los enfrentamientos entre traficantes, y de estos con las autoridades, no fueron frecuentes ni generalizados (Merino, 2011). Fue a partir de la declaración de la “guerra contra el narcotráfico” que la violencia se exacerbó. La violencia apareció ante la estrategia militar que el Estado utilizó para imponerse dentro del territorio (Flores y Rodríguez-Oreggia, 2014), y se  consolidó así una nueva cartografía. En esta investigación se reflexiona precisamente la dinámica en la reconfiguración de territorios a partir de la violencia, al responder la siguiente pregunta ¿qué factores influyen en las dinámicas territoriales de las organizaciones del crimen organizado en México? el trabajo surge de la reflexión sobre estudios recientes de este conflicto, los cuales, en general hacen referencia a la existencia de territorios la búsqueda de su control como un componente determinante de su dinámica (Osorio, 2015; Flores et al, 2014), sin ofrecer una caracterización clara y consistente de ellos, ni brindar evidencias cartográficas reales que reflejen la dinámica a este tipo de actividades ilegales y permitan comprender el fenómeno de la expansión territorial de la violencia generada por el crimen organizado. Como estrategia metodológica se desarrolla una caracterización y consistente de los eventos de ocupación territorial de los grupos del crimen organizado a través de una análisis de la base de datos publicada por el Programa de Política de Drogas (PPD) – Centro de Investigación en Docencia Económica  (CIDE), al permitir observar tres categorías de eventos violentos: enfrentamientos, agresiones y ejecuciones. Como una de las bondades que presenta la base, es permitir con exactitud la ocurrencia de los eventos siendo el municipio la unidad mínima de análisis; además, contiene  características de los hechos y la identidad de grupos del crimen organizado, el tipo de arma ocupada, el año de la realización del evento, los tipos de muerte (tortura, asesinato, masacres). Cabe destacar que la información cuenta con un periodo de diciembre de 2006 hasta noviembre del año 2011 (Atuesta, Sánchez y Madrazo, 2016). Asimismo, se utilizó como información adicional datos proporcionados de carreteras y puertos marítimos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de los años 2012, y rutas migratorias desarrollados por los estudios de Casillas (2007) y Martínez ros (2012) con el objetivo de caracterizar los municipios estratégicos de expansión de los grupos de crimen organizado.

Abstract:
A nivel internacional el informe Trafficking in Persons 2015 señala que si bien el gobier­no de México ha hecho esfuerzos significativos, no ha cumplido plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata. De acuerdo con la ONU, el tráfico de personas en México es un delito que está a la par del narcotráfico y el crimen organizado. Tlaxcala es uno de los estados en los que este ilícito es evidente y frecuente. México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. En México existe la Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (LPSTP). A pesar de que existen leyes para erradicar el problema, no han sido adoptadas y mucho menos aplicadas. Este problema tiene como raíz la impunidad y la corrupción; vinculado a los flujos migratorios, la pobreza y la delincuencia organizada. Este problema atenta contra los derechos humanos, provocando que Tenancingo sea reconocido a nivel internacional como la cuna de la trata. Ubicado en el sur de Tlaxcala, Tenancingo ha sido internacionalmente conocido por la actividad que aproximadamente el 9% de su población realiza. Este municipio presenta marcadas diferencias; desde residencias estilo california, hasta casas en obra negra, autos viejos y autos último modelo transitando en sus calles. La desigualdad que marca la trata de personas, hace una brecha entre sus pobladores, por su forma de vestir o vivir se sabe quién esta coludido. La convivencia es homogénea, las personas acuden a los padrotes para bautizos, 15 años, bodas o fiestas para apadrinar. El miedo ha hecho a toda la comunidad cómplice, ya que no se denuncia o se hacen acciones internas para disminuir o erradicar la actividad ilícita en Tenancingo. Según Naciones Unidas, la delincuencia organizada es una de las industrias más rentables del mundo, con un valor de más de 2 bdd anuales. La trata de personas se encuentra en 2° lugar. Probablemente a estas alturas, que exista este tipo de crimen es completamente vergonzoso para el mundo civilizado, y más teniendo en cuenta, que el tráfico de personas podría estar presente en más de 137 países, donde las víctimas viven bajo constantes amenazas. El tráfico humano lamentablemente no es prioridad del gobierno y autoridades correspondientes, ya que algunas autoridades se ven imposibilitadas para tomar medidas al respecto, puesto que salen de sus manos por la magnitud de la actividad, que incluye a dueños de hoteles, bares e incluso a servidores públicos, permitiendo vivir a tratantes de personas internacionalmente buscados a plena luz. Cabe preguntarse entonces: ¿Qué ha hecho el gobierno estatal? ¿Qué papel han jugado las organizaciones de la sociedad civil? ¿Y el  actuar de los legisladores?

Abstract:
Los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en los países con conflicto interno armado han sido herramientas esenciales en la creación de entornos políticos propicios para la transición del conflicto a la paz; su contribución a la seguridad, estabilidad, reintegración de ex combatientes a la vida civil y establecimiento de confianza entre las partes enfrentadas, ayuda a prevenir y mitigar futuras violencias, aporta a la reconciliación de la sociedad y libera recursos humanos y económicos para la reconstrucción y desarrollo de la misma. Con tales pretensiones y guiados por las experiencias de Haití, Costa de Marfil y República Democrática del Congo en Colombia, a partir del año 2003, bajo el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, se entablaron negociaciones con el grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que buscaban la desaparición de las estructuras y el aparato de guerra de los grupos paramilitares del país. Respaldado en la Ley de Justicia y Paz de 2005 el DDR permitiría a los militantes conseguir la reducción de sus penas a cambio de vincularse al proceso, entregar los bienes conseguidos ilegalmente y colaborar con la verdad. Sin embargo, apenas culminado el DDR el surgimiento, subsistencia o transformación de algunos grupos en el ejercicio de la violencia, puso de manifiesto las fallas en el diseño e implementación del mismo, pues a tan solo un año de la desmovilización de 26.000 hombres se señalaría ya la existencia de 22 estructuras con 10.200 miembros entre los que se encontraban mandos medios y excombatientes de las AUC. La reactivación de la violencia, la continuación del control poblacional, la aparición de nuevos frentes que se reconocían paramilitares y otros dedicados aparentemente al negocio del narcotráfico, encendieron las alarmas sobre la reacomodación del crimen organizado y la aparición del neo-paramilitarismo. Discusiones en torno a la forma indicada de nombrar y caracterizar este tipo de grupos ilegales, bandas emergentes, de crimen organizado, de coerción privada, y/o serviles al negocio del narcotráfico, conocidos comúnmente como Bacrim, ocuparían la prensa, los informes de Organizaciones No Gubernamentales, académicos y el Estado. Ante la divergencia en los criterios y las dificultades para caracterizarles, surge el presente trabajo como resultado de una revisión documental que persigue brindar elementos para la comprensión del surgimiento o reconfiguración de los actores armados que aparecieron en la escena pública tras la desmovilización de las AUC en el año 2006 y el debate en torno a las continuidades y rupturas del crimen organizado con el paramilitarismo en el país.

Abstract:
Esta ponencia se propone analizar algunas transformaciones en prácticas delictivas de un grupo de jóvenes de un barrio popular de la ciudad de Rosario, a partir de identificar y describir su participación tanto en robos, como en el mercado de comercialización al menudeo de drogas ilegales (principalmente marihuana y cocaína). Interesa, indagar cómo son valoradas por sus protagonistas tanto la participación en una y otra actividad. Partiendo del supuesto de que en la participación en estas actividades, la búsqueda de reconocimiento y obtención de prestigio social tiene particulares implicancias (Fonseca, 2000; Pitt-Rivers, 1977), a partir de las cuales se establecen formas de “ser” y “hacer”, valoradas positivamente –legitimadas- o negativamente por quienes pertenecen al grupo. Estas participaciones son entendidas además como formas de “resistencias”, “soluciones”, “aceptaciones” o “confrontaciones” a contextos de desigualdad y exclusión social en las que se producen (Zaluar, 1985; Fonseca, 2000; Young, 1999/2003). En este sentido la ponencia pretende indagar las siguientes cuestiones: para estos jóvenes, ¿Participar en el mercado de drogas es más redituable que el robo? ¿En qué sentido resulta una actividad más redituable para los jóvenes de sectores populares? ¿En términos económicos? Pero, ¿resulta redituable, también, en términos de prestigio social o son, en cambio, fuente de vergüenza y desprestigio? ¿Acaso el robo, tradicional actividad delictiva, ha perdido sus encantos? ¿Y qué pasó con otras formas socialmente legítimas de “ser jóvenes”, vinculadas a actividades más convencionales, como el trabajo o la escuela?

Abstract:
La tasa de homicidios en el Perú tiene una tendencia creciente en los últimos cinco años. las ciudades de la costa norte, como Barranca o Tumbes, son especialmente sensibles a este incremento, donde se observan niveles epídémicos de asesinatos. El análisis de la información disponible señala que es un fenómeno urbano donde las organizaciones criminales catalizan la integración de la violencia a las dinámicas de las economías informales e ilegales, produciendo patrones que describen las trayectorias de diversos aspectos asociados a los soportes contextuales como procesos asimétricos de urbanización, el incremento de la renta y el nivel de consumo, y la inversión pública en los niveles regionales y locales. Sin embargo, la lectura de las tasas de homicidios no describe el entramado de todos estos aspectos, sino que homogeniza e invisibiliza elementos centrales en la producción de la violencia. Proponemos revisar la eficacia y los límites interpretativos de las tasas de homicidios para lograr una caracterización coherente de las dinámicas de la violencia homicida que convergen en dos ciudades de la costa norte de Perú, así como describir la distribución de patrones de violencia que exceden la descripción de las circunscripciones administrativas de las tasas de homicidios.