Abstract:
Pretende-se realizar uma reflexão acerca de práticas adotadas pelas empresas mineradoras, organismos multilaterais e entidades consultoras no que tange ao estabelecimento de formas de relação com a questão “social”, isto é, com a sociedade civil, que vão se estabelecer entorno de dois conceitos utilizados por esses agentes, o de responsabilidade social empresarial (RSE) e de licença social para operar (LSO)^. As práticas que se inserem-se no escopo desses conceitos têm seu desenvolvimento a partir de 1980, com uma conjunção de alguns fatores sociais, políticos e econômicos específicos no cenário mundial que são expressões da forma contemporânea do capitalismo, que se define por meio da concorrência, formação de grandes grupos econômicos oligopolistas e predomínio do capital financeiro. Destacando uma das centralidades do processo de concorrência, a dinâmica da inovação, a necessidade de transformação constante para manutenção dos lucros, ou diminuição dos riscos ao processo de acumulação Nesse sentido, as formas de inovação tecnológica e organizacional buscam sempre resolver os riscos e incertezas frente aos processos de acumulação em um ambiente de concorrência no capitalismo contemporâneo. A partir de 1970, com a adentrada da questão ambiental na pauta global, e as ações do movimentos de justiça ambiental, conjunto as ações das comunidades atingidas, há a conformação de um novo risco ao processo de acumulação, denominado de “risco social”. Esse se deve aos conflitos desdobrados entre as empresas e as comunidades atingidas por seus empreendimentos, processo bastante ampliado na indústria da mineração, decorrente principalmente da fixidez locacional de seus empreendimentos. Frente a esse novo risco, a indústria, respaldada pelo campo científico e por um conjunto de consultores, passou a desenvolver formas e técnicas de antecipação e resolução dos conflitos, compreendidas enquanto “responsabilidade social empresarial”. Conjunto de técnicas ancoradas sob esse conceito e no de “desenvolvimento sustentável” que buscam garantir a licença social para o empreendimento minerário. Dessa forma, mais recentemente, com a agudização dos conflitos a partir do surgimento e ampliação dos movimentos sociais contrários à mineração, principalmente na América Latina, há uma mudança nas formas de obtenção da LSO por parte das empresas. Buscando situar essa não apenas em uma relação comunidade-empresa, mas sim entre indústria da mineração e conjunto da sociedade, tendo em vista o processo de acumulação em um longo prazo. Objetiva-se analisar, assim, as técnicas de resolução de conflito e os novos arranjos institucionais, como as discussões recentes no interior da CEPAL e uma articulação de empresas mineradoras, denominada KIN Catalyst Mining. Buscando observar quais as transformações que a ação dos movimentos sociais tem determinado no conjunto das práticas empresariais das mineradoras, e os novos desafios colocados para o campo da resistência.

Abstract:
En paralelo a la acelerada expansión de mega-emprendimientos mineros en Argentina, se ha producido la multiplicación de conflictos socio-ambientales que cuestionan abiertamente la actividad y sus consecuencias. En un escenario de alta conflictividad a nivel regional en torno al extractivismo y sus consecuencias socio-ambientales, estos cuestionamientos han contribuido a deslegitimar la imagen de la actividad y de las empresas que llevan adelante proyectos de este tipo. En este marco, las corporaciones mega-mineras se ven frente a la necesidad de construir nuevas tecnologías de control social, en pos de desarticular los conflictos y construir hegemonía en torno a sus emprendimientos. En el presente trabajo nos interesa indagar en torno a las nuevas tecnologías de control social impulsadas por las corporaciones mega-mineras en la Argentina. Para ello trabajaremos a partir de dos mega-emprendimientos mineros en Argentina que  se desarrollan desde hace más de diez años y en torno de los cuales se han producido múltiples conflictos socio-ambientales: “Veladero” a cargo de la empresa Barrick Gold y “Alumbrera” operada por Glencore. Particularmente el presente trabajo se pregunta en torno a cuáles son los nuevos mecanismos que desarrollan las empresas mega-mineras en pos de desarticular los conflictos emergentes. ¿Qué consecuencias producen a nivel territorial? ¿Y qué tipo de subjetividades se orientan a producir  en aquellas comunidades donde intervienen? Nuestro análisis se focalizará en las políticas de Responsabilidad Social Empresaria implementadas por ambas empresas, como parte de sus estrategias de legitimación a nivel territorial. El presente trabajó se lleva a cabo a partir de la complementación de distintas fuentes analizadas, que incluyen: entrevistas realizadas en las áreas de influencia de ambos emprendimientos; publicaciones y reportes corporativos; prensa gráfica y legislación del sector minero. Las conclusiones del presente trabajó reflejan que frente a un escenario de creciente conflictividad socio-ambiental en América Latina, las corporaciones mega-mineras optan cada vez más por incorporar políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que les permitan intervenir activamente en los territorios en pos de la desarticulación de los conflictos. Esta intervención territorial corporativa trastoca las relaciones sociales preexistentes, y reconfigura los modos de habitar el territorio.  

Abstract:
Reiterados episodios de derrame de residuos mineros de dramática magnitud acontecieron en los últimos años en América Latina (Río Sonora - México, agosto de 2014 y Bento Rodrigues - Brasil,  noviembre de 2015).  Los que se produjeron, tomaron estado público y trascendencia en los medios de comunicación, en el proyecto Veladero localizado en la provincia de San Juan, en septiembre de 2015 y en el mismo mes del año 2016, se inscriben en esta tendencia que acompaña el despliegue de la actividad minera. Desde nuestra perspectiva, estos episodios ponen de manifiesto la dificultad por sostener la noción de sustentabilidad con la que se procura adjetivar a esta actividad. En esta ponencia, nos interesa – a partir del análisis de los resultados del trabajo de campo - problematizar el modo en que « los derrames » se incorporan en la agenda de los problemas públicos, el tratamiento que recibe la cuestión por parte de los diferentes actores sociales ya sean actores locales, regionales, nacionales y/o transnacionales. Otro aspecto sobre el que procuraremos indagar refiere al modo en que se cumplimenta o no el derecho al acceso a la información verídica y de calidad cuando estos episodios se producen. Prestaremos especial atención al modo en que intervienen las desigualdades en la producción de dicha información, así como también  las asimetrías en la circulación y producción de conocimientos social y técnico-científico sobre las problemáticas. Por último, nos interesa analizar de un modo particular el rol que desempeña el Estado frente a las demandas específicas presentadas por las comunidades afectadas y las dinámicas de intervención con las que las instituciones públicas (fundamentalmente en los ámbitos ejecutivos y judiciales) configuran y se constituyen en los territorios.

Abstract:
La ponencia parte de la percepción de que los conflictos socio-ambientales resultantes de la implantación de grandes proyectos extractivistas se han tornado más complejos, entre otras razones, por el despliegue de dispositivos empresariales orientados a garantizar niveles aceptables de seguridad para la continuidad de las operaciones. En la minería a gran escala se aprecia la proliferación de prácticas empresariales orientadas a la intervención social y política de las poblaciones localizadas en los entornos de los proyectos. Su concreción conlleva, de forma muchas veces contradictoria, desde la implementación de modelos de compromiso y trabajo conjunto con las poblaciones hasta la aplicación de formas coercitivas de control. En la literatura empresarial, el tratamiento de los problemas de seguridad de las operaciones empresariales viene tomando sentido bajo la denominada "gestión del riesgo". Tal riesgo suele clasificarse, grosso modo, como riesgo técnico y riesgo no-técnico. En el primer caso se trata de los riesgos asociados a la operación técnica en materia de extracción, logística, procesamiento, etc. El riesgo no-técnico por su parte, aparece asociado a las condiciones sociales y políticas que pueden representar inconvenientes para la operación. A este grupo correspondería específicamente el “riesgo social”, resultante de la capacidad de afectación de las operaciones por parte de las poblaciones, en caso de que éstas llegasen a tomar medidas en este sentido. Los programas de "responsabilidad social" se presentan como una manera eficaz de gestionar los "riesgos sociales", bajo el entendido de que el compromiso empresarial con el desarrollo de los territorios le permitiría a las empresas obtener su "licencia social para operar". Sin embargo, como puede verificarse empíricamente, la gestión del "riesgo social" puede también comprender - eventual o sistemáticamente - la aplicación de formas coercitivas, como por ejemplo, usos privatizados de la fuerza pública o el ejercicio del espionaje sobre sujetos críticos. Acciones de chantaje, cooptación y corrupción también son evidenciadas como mecanismos para silenciar y desmovilizar formas organizadas de crítica a los proyectos mineros. En Brasil, la complejidad de la intervención social y política de grandes empresas mineras en el norte del país, difiere sin duda de la lógica establecida en otros momentos históricos como en el tiempo de los gobiernos militares, o incluso, de aquella que prevaleció durante el periodo de redemocratización del país, y sin embargo, todavía conserva ciertas continuidades con prácticas autoritarias que siguen en vigor, aunque ahora bajo apropiaciones empresariales. Con base en investigaciones realizadas por el autor en los últimos cinco años en los estados de Pará y Maranhão, se analizan los mecanismos y efectos de estos dispositivos empresariales de poder, con el propósito de contribuir a la comprensión y tratamiento de los conflictos socio-ambientales en la actual coyuntura de disminución de los precios internacionales de los commodities y las implicaciones del cambio de orientación política derivadas del nuevo gobierno.

Abstract:
Palabras clave: México, diálogo, minería, gobernanza. México cuenta con una innegable tradición de la actividad minera desde la colonia española, de la que se han heredado tanto beneficios económicos, como conflictos sociales. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 la industria minera representó el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y ocupó el puesto número uno como productor de plata a nivel mundial. Sin embargo, también ocupa la primera posición en conflictos mineros de la región latinoamericana, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).   El 4to Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, menciona que México es el quinto mejor destino para invertir en minería; una de las acciones que se han impulsado para promover la inversión y aumentar la competitividad del sector minero, es la producción y difusión de información de libre acceso. En 2015, la Cámara Minera de México (CAMIMEX), destacó que la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas es una obligación solicitada por el Estado. La sociedad civil es quien suele exteriorizar los conflictos, haciendo evidentes los procesos en los que no se toman en cuenta los derechos sociales y ambientales, que en ocasiones resultan afectados por la actividad minera. En el imaginario, todos los actores están presentes, no obstante, en el proceso de toma de decisiones no ocurre así. Ante la necesidad de un espacio neutral donde puedan converger los tres actores para lograr acuerdos, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentó en octubre de 2014, la iniciativa del Espacio de Diálogo Minero Mexicano (EDMM). La academia ha resultado ser el espacio idóneo donde representantes del gobierno, industria y sociedad civil, pueden externar inquietudes y problemas, teniendo como directrices los ideales de los cuatro acuerdos toltecas: 1) No supongas 2) Honra tus palabras 3) Haz siempre lo mejor 4) No te tomes nada como personal. La segunda y tercera edición del EDMM, realizadas en 2015, definieron su posición como espacio para divulgar información, compartir experiencias e incidir a largo plazo en la política pública. Septiembre de 2016 fue la fecha del cuarto diálogo, siendo la edición con mayor número de participantes y mesas de trabajo, donde se compartió la importancia para México de sumarse al Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). El siguiente trabajo, observará la manera en la que el EDMM se ha desarrollado como un ejemplo de gobernanza desde el diálogo multiactor que puede influir en las políticas públicas. Por ello, la revisión de las memorias conformadas por relatorías y evidencia gráfica de los eventos realizados, fue relevante para dar seguimiento a la participación del EDMM en el proceso de implementación del EITI.

Abstract:
En el mes de noviembre de 2013, los Guardianes de las Lagunas me presentaron a la laguna Mamacocha de la región del Conga en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, región Cajamarca. Subí junto con Ramón, el primero guardián de las lagunas que conocí y que junto con los otros ronderos permanecería por ocho días vigilando a Mamacocha. La laguna no está entre las lagunas que serían directamente punto de intervención por la empresa minera Yanacocha, pero los ronderos y ronderas del centro poblado El Tambo alegan que Mamacocha secaría caso las otras lagunas sufran alguna intervención, y como consecuencia todos morirían “a pausas” (de a poquitos). Así, este trabajo trata de las dinámicas de la minería a tajo abierto y sus efectos sobre las aguas y las personas en la región andina de Cajamarca, al norte del Perú. El objetivo consiste en analizar cómo se tornan visibles los “diseños locales” de campesinos y campesinas que entran en conflicto con los diseños propuestos – y algunos ya instalados – por la minería moderna que comenzó a expandirse en el Perú a partir de 1990 como un camino incuestionable de desarrollo. Por medio de un estudio de abordaje etnográfico realizado entre 2013 y 2014 se analiza la relacionalidad entre la laguna Mamacocha y las personas del centro poblado El Tambo que se nutren de ella y que hoy se autodenominan de Guardianes de las Lagunas. La noción de “alimentar” aparece en los diálogos con campesinos que enfatizan relaciones entre las cosechas, los canales de irrigación y los puquios (nacientes de agua) destacando que las lagunas no pueden ser substituidas por reservatorios artificiales que la empresa propone construir como compensación por la pérdida de lagunas en lo alto de la cabecera de cuencas. En enero de 2017, volví al centro poblado El Tambo para visitarlos. Mi familia anfitriona me relató que en el año anterior, 2016, subieron nuevamente a las lagunas para verificar si no había maquinarias de la empresa minera. Los puquios habían secado como en 2011 pero no encontraron maquinaria cerca de las lagunas. Desde 2011, los campesinos del Tambo cuidan sus lagunas de los emprendimientos mineros pero en este retorno a campo también relataban que los "tiempos eran otros". La helada que caía en setiembre cayó en noviembre comprometiendo las cosechas de muchas familias campesinas: "que hubiera pasado si no hubiésemos cuidado las lagunas", me decía María. Así, complementando el objetivo principal de este trabajo, la idea es también relacionar los cambios climáticos, minería y las reflexiones de los campesinos sobre las mudanzas de su lugar.          

Abstract:
El objetivo de este trabajo es contribuir a la conceptualización del conflicto social configurado en torno a la megaminería en la provincia de Mendoza, Argentina. El punto de vista asumido señala como especificidad histórica del antagonismo social en nuestra época, la conflictividad abierta por diferentes sujetos frente a las estrategias de despojo que moviliza el capital en la región latinoamericana.El año 2007 es un punto de inflexión en la oposición a la megaminería en Mendoza, puesto que el ciclo de resistencia social abierto en diferentes zonas de la provincia desde 2003 (San Carlos, San Rafael, Alvear, Uspallata, Ciudad), logró imponer en la legislatura provincial la sanción de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la explotación de minería metalífera. No obstante, un grupo de empresas vinculadas al sector minero opusieron una demanda de inconstitucionalidad que llegó a la Corte Suprema de Justicia provincial que, en diciembre de 2015, ratificó la constitucionalidad de la ley 7722. Es decir, el fallo judicial viene a concluir –siempre provisoriamente- un proceso de más de ocho años de judicialización de la disputa en torno a la explotación de bienes comunes naturales.En el desenlace judicial fue determinante el acumulado histórico del proceso de lucha de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, así como también resuenan otros hechos a nivel nacional e internacional. En efecto, el fallo de la Corte tiene como telón de fondo un debate que trasciende los límites geográficos provinciales y conjuga dimensiones de un antagonismo social que es síntesis de múltiples determinaciones. La ponencia se propone un análisis centrado en el fallo judicial como hito histórico, ventana a partir de la cual tener una mirada desde el presente hacia el pasado del conflicto minero y de las relaciones de tensión que se han ido jugando a lo largo de este proceso hasta el cierre provisorio que configura el dictamen del máximo tribunal. ¿Cómo se configura el conflicto a propósito del proceso judicial? ¿Cuál es la ecología política que subyace y sostiene dicho fallo? ¿En qué medida y en qué dirección redefine el fallo la lucha contra la megaminería en Mendoza?La estrategia metodológica apunta a lograr una explicación densa de las circunstancias que determinaron el proceso judicial anteriormente descripto. En tal sentido, parte de la labor será la reconstrucción del proceso judicial a través de la prensa escrita (revisión de diarios locales), las declaraciones públicas por parte de los sectores involucrados (documentos de las organizaciones, manifestaciones de los sectores mineros, documentos del proceso judicial), la realización de algunas entrevistas a informantes clave para la lectura del fallo como acontecimiento jurídico-político.

Abstract:
Esta ponencia se propone responder si es factible hablar de que los territorios nacionales concesionados -entre 2000 y 2015-, a los consorcios transnacionales y nacionales para la explotación de metales, se convirtieron en enclaves económicos similares a los existentes a finales del siglo XIX en las zonas mineras, petroleras y de generación de electricidad, controladas por las empresas norteamericanas e inglesas. Se trata de hablar de la extensión, similitudes, diferencias y especificidades del enclave extranjero en territorio mexicano en ambos periodos. Se indaga en el caso paradigmático de la mina de cobre a cielo abierto Buenavista del Cobre del grupo México, ubicada en Cananea, Sonora. América Latina es la principal región productora de oro en el mundo, aporta el 35 por ciento de la producción mundial de este metal, ocupa también lugares centrales en la producción de plata y cobre, el capital que extrae estos metales corresponde, en una amplia proporción, a empresas transnacionales. Canadá, por ejemplo, tiene el 52 por ciento de las empresas mineras –centralmente oro-, en el mundo. México es el segundo país de la región que concentra mayor inversión extranjera en la minería, sólo un poco atrás de Chile. A medida que el número de concesiones a las mineras multinacionales se multiplicó, los desastres ambientales en México también lo hicieron. El más grave ocurrió el 6 de agosto de 2014. Una presa de jales de Buenavista del Cobre, en Cananea, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfatos en afluentes del Río Sonora. Cerca de 20 mil personas fueron seriamente afectadas, se quedaron sin agua potable y colapsó su medio de subsitencia centrado pequeños ranchos de ganado y cultivos. El extractivismo minero no sólo implica el saqueo y la contaminación. La violencia contra los pueblos y comunidades es consustancial al despojo. Las mineras configuran verdaderos enclaves en los países receptores. El caso de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en el mismo territorio en el que en 1896 le fue concesionada la extracción de cobre a la Cananea Consolidated Copper Company, es un ejemplo de la condición de enclave. Cananea hoy como a finales del siglo XIX, es el pueblo de un consorcio minero. La soberanía territorial está en entredicho y todos los aspectos de la vida social están relacionados con el Grupo México, del magnate Germán Larrea y sus socios norteamericanos. Su comportamiento en la región tiene rasgos similares a los del pasado. Los diversos niveles de gobierno se alían en redes de corrupción con el consorcio minero; las policías locales y federales cumplen la función de contención de la inconformidad social derivada de las repercusiones del extractivismo y las ganancias de la extracción del metal no significan mejora alguna para la población de Cananea.

Abstract:
A lo largo de la historia el hombre ha explotado la naturaleza para satisfacer sus necesidades. El avance y progreso tecnológico ha permitido que esa explotación de los recursos naturales se realice de manera exponencial y a un ritmo acelerado. (Leff, 2014; Dussel, 2014). El caso específico que nos interesa abordar y que permite ilustrar esta situación es la minería y sus efectos transformadores en la naturaleza y en la vida humana; como consecuencia de una racionalidad que se instaura en la modernidad y en la forma de conocer apropiarse y aprehender el mundo. David Harvey (2006) expone las consecuencias que las prácticas de explotación capitalista tienen sobre el ambiente a tal transformación denominará segunda naturaleza, la cual es producto de la intervención del hombre en el ambiente y que no necesariamente dicha transformación es positiva; por el contrario es resultado de los mecanismos de acumulación por desposesión, en donde se despoja a uña sector de la población, en este caso de los recursos naturales y minerales para permitir que otro sector acumule e incremente su riqueza, valiéndose de los avances tecnológicos. A parir de la propuesta de ecología política de Enrique Leff y complementando con los argumentos respecto de la segunda naturaleza de David Harvey es que en este trabajo se estudia la minería del siglo XXI en América Latina y sus efectos en la población como consecuencia de prácticas de explotación "racional" según la lógica de la modernidad, donde El Progreso y el avance tecnológico ayudan a acelerar los procesos de explotación y procesamiento de la naturaleza.   

Abstract:
 Desde una perspectiva crítica de la ecología política, este trabajo se propone analizar las estrategias y tácticas gubernamentales neocoloniales de expropiación de la naturaleza que se presentan en la provincia de Mendoza a partir de la  articulación de  técnicas de ingeniería social que promuevan "espacios de diálogo"  minero durante el año 2016. Es importante resaltar que estas estrategias se enmarcan en un ciclo de luchas por la defensa de la vida y el agua- encabezadas por las asambleas de vecinos/ as autoconvocados de Mendoza desde el año 2005. Aunque estas luchas han implicado importantes conquistas ( en distintas arenas políticas, jurídicas y sociales) y  han significado  trabas a las ambiciones de la alianza Estado y capital para promover la actividad; esta dupla  reestructura constantemente sus estrategias para desarrollar  la minería a gran escala en la provincia. En este sentido, el conflicto en torno a minería a gran escala podría graficarse como un espiral donde el eje del conflicto se ha ido desplazando y se va articulando,  no sólo con los ciclos de acumulación y valorización del capital a nivel global, sino también con políticas económicas regionales. Así, el contexto político regional visulambra un  escenario de profundización de las políticas extractivistas de la naturaleza y en  el plano nacional, esto es evidente ante la decisión política del poder ejecutivo de quitar las retenciones a las exportaciones mineras, favoreciendo así a un modelo de enclave de capitales transnacionales. Sin duda, en este contexto se renueva la ambición del  gobierno provincial de Mendoza a re-activar sitios de “diálogo” sobre el tema minero, durante el segundo semestre del 2016.  El “espacio de diálogo minero” convocó a distintos actores sociales a participar de un ciclo de conferencias, reuniones y encuentros con el objetivo (así definido por el gobierno) “  escuchar a quienes puedan aportar en la discusión del tema minero, para definir las bases de una Política de Estado para la Minería en Mendoza”. Este “escenario” articulado por el Estado provincial, es de importante valor heurístico ya que permite desentrañar compleja articulación entre ciencia- Estado y capital presentes en los modelos de “gobernanza” de la economía verde. Estos modelos funcionan a través de dispositivos epistémicos y políticos para difundir determinado “régimen de verdad”; un régimen de subjetividades, territorios y naturalezas  basado en el pilar la  la eficiencia tecnológica como garante del "desarrollo sustentable".             En este marco, nos proponemos realizar un análisis cualitativo de los documentos producidos en los “escenarios” del diálogo que articula el Estado provincial para: analizar las relaciones saber/poder que se articulan en las jornadas, en particular, desentrañar los pilares que estructuran al discurso científico-técnico “pro-minero”; identificar los distintos lenguajes de valoración en disputa; describir las sentidos y significaciones de la técnica de participación social que articula el Estado, desentrañando los mecanismos subyacentes de construcción de consenso que reglamentan el diálogo.

Abstract:
El extractivismo es una categoría emergente en las reflexiones académicas, políticas y ecológicas en Abya Yala; no porque constituya una nueva manera de nombrar una actividad económico-productiva, practicada durante cinco siglos en Abya Yala, sino porque dicha actividad expresa el resurgimiento de un colonialismo depredador que amenaza el tejido de Vida de los territorios y sus comunidades. De acuerdo con esto, las nuevas formas del extractivismo han suscitado la aparición de conflictos, violación de derechos y daños culturales que amenazan la subsistencia y la integridad étnica, cultural y social de los pueblos originarios.  El extractivismo deja de ser una simple actividad económica para convertirse en un modelo de negocio que adquiere diversas expresiones de acuerdo a los lugares donde se sitúa, los actores y las relaciones que se entretejen, las estrategias que se ejecutan, los impactos y los daños generados, así como las respuestas sociales de resistencia ejercidas por las comunidades amenazadas y/o afectadas.  Para dar cuenta de las maneras en cómo se expresan los modelos extractivistas, se describen las distintas formas cómo operan los modelos, los impactos generados y las respuestas de resistencia agenciadas por las comunidades afectadas. Dicho análisis consta de tres momentos: i) la descripción analítica de los modelos extractivistas mineros a partir de aportes teóricos y documentales procedentes de distintas fuentes, tanto académicas como gubernamentales y sociales; ii) el análisis de dos casos de amenaza minera a gran escala en comunidades Embera situadas en los municipios de Marmato (Caldas), Murindó (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó); y iii) la reflexión concluyente del equipo de investigación frente a las posibles salidas a los modelos extractivistas mineros en el contexto territorial del pueblo Embera. En los territorios donde habitan estas comunidades, el Estado colombiano otorgó concesiones mineras a empresas privadas extranjeras suscitando una serie de contradicciones entre la identidad cultural del pueblo Embera y los modelos extractivos mineros agenciados por el Estado y las empresas privadas. En el proceso de comprensión de las contracciones, se identificaron dos formas de operación del extractivismo en cada uno de los casos. En el caso de Marmato, se identificó un ‘modelo excluyente’ que privilegia la minería a gran escala sobre la minería tradicional y a pequeña escala, lo cual ha generado una pugna entre la existencia de un ‘modelo depredador’ frente a un ‘modelo de pequeña minería tradicional’ propuesto por la misma comunidad asentada. Por su parte, en el caso Mandé Norte operó la amenaza de un ‘modelo depredador’ expresado en la violación de derechos fundamentales y colectivos, acontecimiento que suscitó acciones de resistencia comunitarias frente al proyecto minero hasta evitar la ejecución del proyecto minero extractivo.

Abstract:
América Latina ha vivido una compleja contienda gracias a la depredación y el despojo de sus principales recursos naturales, generando disputas en contra del capital mediante diversos procesos de resistencia que defienden los bienes comunes y su extracción, permitiéndonos comprender de una mejor manera las actividades económicas relacionadas con la mercantilización de la naturaleza y su afectación socio ambiental. Los megaproyectos extractivistas son el mejor ejemplo para demostrar el modo en que han surgido los grupos económicos de poder (ya sean extranjeros, nacionales y/o locales) en la región, y cómo éstos han logrado regresar a la acumulación originaria del capital sobre la tierra, afectando las condiciones sociales de la población, sin olvidar que la gran mayoría de las comunidades donde se han instalado han sufrido porque son testigos de la acumulación de los bienes naturales mediante el despojo. El capital que se implica en los megaproyectos extractivistas mineros se traslada cuando es conveniente a nuevos mercados, en este caso, la periferia, tanto de Ecuador como de México, han sufrido las consecuencias de estos hechos, haciendo que surjan movilizaciones en las zonas donde se quieren instalar o ya se instalaron, las cuales son causadas por la implementación de minería a cielo abierto; causando más que un ecocidio un genocidio porque con estas consecuencias es imposible seguir con la vida. En este trabajo, se analizará el caso de México debido a que sigue con el modelo extractivista neoliberal y el caso ecuatoriano del neoextractivismo progresista, donde el gobierno tiene un papel fundamentalmente activo. La resistencia territorial a la que se ha enfrentado América Latina a partir de la entrada cada vez más fuerte de megaproyectos extractivistas será analizada mediante cuatro grandes ejes: el territorio, la acumulación (originaria, del capital y por desposesión), los movimientos socio ambientales y los actores sociales. Esto para dar cuenta de las fuertes consecuencias sociales que generan las empresas mineras, mediante el despojo de derechos territoriales, así como la futura destrucción total de las comunidades. Se realizará un estudio de carácter descriptivo y analítico basado en estudios teóricos que hablen sobre movimientos sociales, resistencia, teorías del desarrollo y conflictos socioambientales, la realización del contexto histórico (como aproximación) del origen del conflicto, revisión de hemerografía, relevando siempre la importancia de los actores sociales, los cuales han estado dejando atrás la pasividad y convirtiéndose en sujetos participativos y opinantes de lo que sucede a su alrededor.

Abstract:
Desde la década de los noventa la actividad minera se ha incrementado a nivel mundial, esto ha sido consecuencia principalmente de dos particularidades: 1) por las reformas económicas en varios países en vías de desarrollo -especialmente latinoamericanos-, por medio de las cuales se han implementado programas de apertura a la captación de inversión extranjera, lo que ha facilitado la explotación de los bienes naturales; 2) debido a que China e India incrementaron su demanda de materias primas -mayoritariamente de bienes minerales- y para cubrir la creciente necesidad de dichos bienes ante su acelerado desarrollo interno están realizando proyectos extractivos en América Latina. Para los habitantes de los países que mantienen un importante nivel de explotación minera las particularidades señaladas han derivado en consecuencias que afectan a pequeñas poblaciones que ahora se ven en la necesidad de lidiar con grandes corporaciones internacionales que implementan megaproyectos extractivos; conflictos sociales entre empresas y pobladores debido a los efectos negativos de dichas actividades; efectos dañinos ambientales irreversibles en algunas comunidades y violaciones a los derechos humanos de la población, entre otras. El objetivo del trabajo es revisar comparativamente los procesos de regulación de la actividad minera en México y de la Unión Europea (UE), resaltando los elementos concordantes entre ambos marcos normativos y aquellos en los que México ha fallado como Estado regulador, con la finalidad de mostrar las distintas configuraciones del extractivismo minero y sus afectaciones socioecológicas.  En la primera sección de la investigación se aborda el proceso de formación de un marco regulatorio minero en la UE; en la segunda se mencionan las ayudas estatales a la industria minera y las decisiones de los gobiernos en la Comunidad Europea para enfrentar los problemas medioambientales derivados de la actividad minera mediante la regulación; en la tercera parte se discute la importancia económica, social y cultural de la actividad minera en México; en la cuarta sección se analizan los elementos que dieron pie al marco normativo minero mexicano y se señalan las particularidades de dicho marco en el tema ambiental; en la quinta sección se analiza el papel que desempeñaron los conflictos y los movimientos socioambientales en las decisiones gubernamentales regulatorias en ambas regiones; por último, se presentarán las conclusiones.